Los ataques estadounidenses contra Irán no son solo una historia del Medio Oriente. Son una historia sobre el precio de la energía, la vulnerabilidad industrial de México y lo que ningún funcionario quiere decirte en voz alta.

Hay una costumbre cómoda en México cuando estallan conflictos en el Medio Oriente: verlos como noticias lejanas, dramas ajenos que pertenecen a la sección internacional y no a la de economía. Esa costumbre es un lujo que ya no nos podemos dar.

Los ataques de Estados Unidos contra instalaciones iraníes —y la profunda división que han generado dentro del propio Washington— no son únicamente un capítulo de la política exterior de Trump. Son un evento con consecuencias directas, medibles y urgentes para la industria mexicana. Y si nadie en la Secretaría de Economía está corriendo escenarios ahora mismo, tenemos un problema más grave que el precio del crudo.

El mecanismo es simple. Las consecuencias, no.

Irán controla el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cuando hay tensión militar en esa zona —y hoy hay más que tensión, hay ataques activos— los mercados de futuros reaccionan antes de que caiga una sola bomba adicional. El precio del crudo sube. Y cuando sube el crudo, sube todo lo que depende de la energía para existir: manufactura, transporte, químicos, plásticos, acero.

México no es productor marginal ni consumidor aislado. Somos la economía número 15 del mundo, con un sector manufacturero que representa alrededor del 18% del PIB y que está profundamente integrado a cadenas de valor norteamericanas bajo el T-MEC. Esa integración, que tanto presumimos como fortaleza en tiempos de bonanza, se convierte en vector de contagio en tiempos de choque externo.

Las plantas automotrices en Coahuila, Nuevo León y Guanajuato no operan en vacío energético. Los parques industriales del Bajío tampoco. Un incremento sostenido de 15 o 20 dólares por barril en el precio del crudo —perfectamente posible si el conflicto escala— se traduce en presión sobre costos operativos, márgenes comprimidos y, eventualmente, decisiones de inversión postergadas.

Esto no es catastrofismo. Es aritmética.

La división en Washington complica el cálculo

Hay algo más preocupante que el conflicto mismo: la fractura interna en Estados Unidos sobre si este conflicto es legítimo, legal o estratégicamente sensato.

Cuando Washington está unido detrás de una acción militar, los mercados pueden hacer proyecciones relativamente claras sobre duración y alcance. Cuando está dividido —y hoy lo está de manera visible, con voces del Congreso cuestionando la autorización constitucional de los ataques, con generales retirados contradiciéndose en televisión nacional— la incertidumbre se multiplica. Y los mercados odian la incertidumbre más de lo que odian las malas noticias.

En términos de política comercial, esto también importa. Un gobierno de Trump en modo guerra tiende a presionar a sus socios del T-MEC para alineación política, no solo económica. Lo vimos durante el primer mandato con el tema migratorio: México terminó firmando el Memorándum de Entendimiento de julio de 2019 bajo amenaza arancelaria. La presión no siempre viene por canales formales. A veces viene por Twitter, hoy por Truth Social, mañana por una llamada de madrugada.

La pregunta que México debería estar respondiendo ahora, en privado aunque sea, es: ¿qué posición tomamos si Washington nos pide explícita o implícitamente que nos sumemos a un bloque de presión contra Irán? No tenemos relaciones comerciales significativas con Irán. Pero tenemos una política exterior con principios —el de no intervención, el de solución pacífica de controversias— que están codificados no solo en discursos sino en compromisos internacionales.

El artículo 89, fracción X de la Constitución Mexicana no es decorativo. Mandata que la política exterior se rija por esos principios. Ceder a presiones para adoptar posiciones alineadas con una potencia en un conflicto bélico que no nos atañe directamente no es solo un problema moral. Es un problema constitucional.

Lo que Pemex y la CFE deberían estar haciendo

Aquí viene la parte que más me incomoda como analista.

Pemex, con toda su deuda y sus problemas estructurales, es paradójicamente uno de los actores que más podría beneficiarse a corto plazo de un alza sostenida en el precio del crudo. Los ingresos por exportación suben. Pero —y este es el pero que siempre se omite— México también importa gasolinas y petroquímicos. El beneficio en producción se come parcialmente por el costo en importaciones de refinados.

La CFE, por su parte, tiene una exposición real al precio del gas natural, que también reacciona a la volatilidad energética global. Las plantas de ciclo combinado que generan buena parte de la electricidad industrial del país son sensibles a ese precio. Si la CFE no tiene coberturas adecuadas —y hay razones para dudar que las tenga en la escala necesaria— los costos se van a trasladar, de una forma u otra.

En mi opinión, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda deberían publicar, o al menos elaborar internamente, un análisis de sensibilidad: ¿qué pasa con las finanzas de Pemex y la CFE si el WTI se va a 90, a 100, a 110 dólares? ¿Cuáles sectores industriales tienen mayor exposición? ¿Existen mecanismos de cobertura que el gobierno esté utilizando?

Esa transparencia no existe hoy. Y su ausencia es, en sí misma, una señal de alerta.

Lo que México debería hacer

Seré directo, porque para eso me pagan en Baluarte News.

Primero: La Cancillería debe articular una posición clara y pública sobre el conflicto, alineada con el derecho internacional y el principio de solución pacífica de controversias. No por idealismo. Por cálculo: México necesita credibilidad como actor neutral en foros multilaterales, y esa credibilidad vale más a largo plazo que cualquier deferencia táctica hacia Washington.

Segundo: La Secretaría de Economía debe activar mesas de diálogo con los sectores industriales más expuestos —automotriz, manufactura pesada, químico— para monitorear el impacto en costos y anticipar posibles distorsiones en cadenas de suministro.

Tercero: En el marco del T-MEC, México tiene el derecho —y la obligación política— de plantear en el Comité de Comercio cualquier distorsión que el conflicto genere en las condiciones de competencia entre los tres países. Si los costos energéticos se disparan asimétricamente, eso afecta la ecuación de competitividad que sustenta el tratado.

Cuarto: Ni una sola declaración de solidaridad militar con Estados Unidos que no sea estrictamente consistente con el derecho internacional. La historia de México en política exterior vale demasiado para dilapidarse en una coyuntura electoral norteamericana.

El Medio Oriente está en llamas. El petróleo no entiende de geografía. Y México lleva demasiado tiempo convenciéndose de que los problemas lejanos no llegan a casa.

Llegan. Ya llegaron.

Fernando Garza es columnista de Baluarte News y exfuncionario de la Secretaría de Economía en el área de negociaciones comerciales internacionales.

Por Fernando Garza