403 municipios con brotes activos, 21 millones de vacunas aplicadas y una pregunta que nadie en la Secretaría de Salud quiere responder: ¿a dónde fue el dinero?

En 2000, la Organización Panamericana de la Salud declaró que México había eliminado el sarampión. Fue un logro real, documentado, producto de décadas de campañas de vacunación masiva y coordinación institucional. Veinticinco años después, tenemos 403 municipios con transmisión activa. Eso no es un retroceso epidemiológico. Es una decisión de política pública que alguien tomó —o dejó de tomar— y que hoy se paga con niños enfermos.

El gobierno federal anunció esta semana la aplicación de 21 millones de vacunas como respuesta a la crisis. El número suena impresionante hasta que preguntas lo básico: ¿por qué se necesita una campaña de emergencia si el programa regular de vacunación existe, tiene presupuesto asignado y lleva décadas funcionando? La respuesta incómoda es que el programa regular dejó de funcionar —o funcionó mal— durante varios años, y nadie lo dijo en voz alta hasta que los brotes se volvieron imposibles de ignorar.

El costo de la cobertura rota

El sarampión es, desde el punto de vista económico, uno de los casos más estudiados en salud pública: tiene una de las vacunas más costo-efectivas de la historia. Cada dólar invertido en vacunación contra sarampión genera retornos estimados de entre 13 y 44 dólares en costos evitados —hospitalizaciones, secuelas neurológicas, muertes, productividad perdida. Esto no lo digo yo: lo documenta la literatura económica de la OMS, la Lancet y el Banco Mundial desde hace décadas.

Entonces, ¿qué pasó? La cobertura nacional de la vacuna triple viral (SRP) cayó de niveles superiores al 95% —el umbral mínimo para mantener inmunidad de rebaño— a cifras que en varios estados se estiman entre 70% y 80% durante el período 2019-2023. Esa caída no ocurre sola. Ocurre cuando los centros de salud no tienen vacunas en existencia, cuando el personal de salud en zonas rurales no recibe insumos a tiempo, cuando la cadena de frío se rompe por falta de mantenimiento o cuando las brigadas comunitarias que llegaban a comunidades sin acceso a clínicas simplemente desaparecen del presupuesto.

En mi opinión —y lo señalo como opinión— parte de ese deterioro tiene un nombre: la consolidación del gasto en salud bajo el modelo Imss-Bienestar eliminó estructuras operativas que, con todos sus defectos burocráticos, garantizaban cierta cobertura capilar. Cuando desmantilas un sistema sin tener el sustituto listo, el costo lo pagan los municipios más alejados. Y los 403 municipios con brotes activos no son los municipios del centro de la Ciudad de México.

21 millones de vacunas: ¿campaña o maquillaje?

No voy a decir que vacunar a 21 millones de personas es malo. Es necesario y urgente. Pero hay una diferencia entre resolver una crisis y resolver la causa de la crisis, y hasta ahora el gobierno ha hecho lo primero sin tocar lo segundo.

Una campaña de emergencia cuesta entre tres y cinco veces más por dosis protegida que un programa regular bien operado: logística extraordinaria, movilización de brigadas, comunicación masiva, horas extra, almacenamiento de contingencia. Es el equivalente a tapar una gotera con cubetas mientras el techo sigue sin reparación. Funciona esta semana. No funciona el año que viene.

Lo que no he visto —y llevo días buscándolo— es un diagnóstico público de por qué cayó la cobertura. No un comunicado de prensa. Un diagnóstico: municipio por municipio, estado por estado, qué porcentaje de la caída se explica por desabasto, qué porcentaje por fallas en la cadena de frío, qué porcentaje por pérdida de confianza en las vacunas y qué porcentaje por simple colapso operativo. Sin ese diagnóstico, los 21 millones de vacunas son un número para el boletín, no una política de salud.

La comparación que incomoda

Brasil enfrentó una situación similar en 2018: brotes de sarampión en varios estados después de años de caída en cobertura. La respuesta incluyó no solo una campaña de vacunación masiva, sino una auditoría pública del programa regular que identificó los puntos de quiebre operativo, sanciones administrativas para funcionarios estatales que habían reportado coberturas falsas —sí, coberturas infladas en los reportes oficiales— y una reestructuración del sistema de monitoreo. Fue costoso políticamente. Fue efectivo epidemiológicamente. La diferencia con lo que estamos viendo en México esta semana es que Brasil nombró el problema.

Nombrar el problema es el primer acto de política pública seria. Todo lo demás es administración de imagen.

El costo que no aparece en el presupuesto

Hay un cálculo que la Secretaría de Salud no ha presentado y que, en mi experiencia cubriendo gasto público, nunca presentan voluntariamente: el costo total de los brotes actuales versus el costo de haber mantenido la cobertura regular. Hospitalización por sarampión en un niño menor de cinco años cuesta entre 15,000 y 40,000 pesos en el sistema público, sin contar complicaciones. Las complicaciones neurológicas —encefalitis, panencefalitis esclerosante subaguda— generan costos de atención crónica que se extienden décadas. La productividad perdida de los padres que dejan de trabajar para cuidar a sus hijos enfermos no aparece en ninguna cuenta oficial.

Ese cálculo importa no porque el dinero valga más que la salud de un niño —no vale más— sino porque hace visible lo que cuesta exactamente el abandono de los programas preventivos. Cuando un gobierno decide, implícita o explícitamente, que no vale la pena invertir en el mantenimiento cotidiano de la cobertura de vacunación, ese costo no desaparece. Se transfiere. Se transfiere a las familias, a los hospitales, a los niños.

Y luego viene la campaña de emergencia con el número grande —21 millones— y todos aplaudimos.

El sarampión no regresó porque el virus mutó, porque la vacuna dejó de funcionar o porque hubo un desastre natural que interrumpió la cadena de suministro. Regresó porque durante varios años alguien decidió —o permitió— que la cobertura cayera por debajo del umbral de seguridad en cientos de municipios, y nadie pagó ningún costo político por esa decisión.

Mientras eso no cambie, la próxima campaña de emergencia ya está en el calendario. Solo falta saber de qué enfermedad.

Por Carmen Ibarra