Cuando un ciudadano mexicano muere bajo custodia del ICE, no es un incidente administrativo. Es una obligación consular, un caso de derecho internacional y una prueba de si México negocia o suplica.

La noticia llegó sin suficiente ruido: un migrante mexicano murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. México exigió respuestas. Hasta ahí, todo suena a protocolo diplomático de rutina. Pero si se lee con atención jurídica, lo que está en juego no es un caso aislado — es la arquitectura completa de la protección consular mexicana en territorio estadounidense y la voluntad real de este gobierno de ejercerla.

Empecemos por el marco legal, porque aquí es donde la mayoría de los medios se quedan cortos.

Lo que dice la Convención de Viena — y lo que México tiene derecho a exigir

El artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 es uno de los instrumentos más robustos que tiene México para defender a sus nacionales en el exterior. Ese artículo establece tres obligaciones concretas para el Estado que detiene a un extranjero: notificar sin demora al detenido de su derecho a comunicarse con el consulado de su país, notificar al consulado si el detenido así lo solicita, y permitir que los funcionarios consulares visiten al nacional detenido.

No es una cortesía diplomática. Es un tratado vinculante, ratificado por Estados Unidos y México. Y tiene precedente judicial de primer nivel: en el caso Avena y otros nacionales mexicanos (México vs. Estados Unidos, Corte Internacional de Justicia, 2004), la CIJ determinó que Estados Unidos había violado sistemáticamente el artículo 36 al no notificar a cincuenta y un mexicanos sentenciados a muerte sobre su derecho de asistencia consular. La corte ordenó a Estados Unidos revisar esas condenas.

Estados Unidos nunca cumplió cabalmente con ese fallo. La Corte Suprema estadounidense, en Medellín vs. Texas (2008), determinó que el fallo de la CIJ no era directamente ejecutable en el sistema judicial interno sin una ley del Congreso. Es decir: ganamos en La Haya, perdimos en la aplicación práctica.

Ese antecedente es crucial para entender por qué la "exigencia" de México al ICE no puede quedarse en un comunicado de prensa.

El problema no es solo este caso — es el patrón

Las muertes bajo custodia migratoria no son nuevas. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre 2004 y 2023 murieron más de doscientas personas bajo custodia del ICE. México figura de manera recurrente entre las nacionalidades afectadas. Cada vez que ocurre, el gobierno mexicano de turno emite una nota diplomática, exige información y espera. Pocas veces trasciende.

Lo que cambia en el contexto actual es el ambiente político en Washington. La administración Trump ha intensificado las operaciones del ICE, ha ampliado los criterios de detención y ha dado señales claras de que la presión sobre la inmigración irregular seguirá aumentando. En ese escenario, la probabilidad de incidentes similares no disminuye — aumenta.

La pregunta de fondo, entonces, no es qué pasó en este caso específico. La pregunta es qué mecanismo tiene México para que esto no se repita, y si el gobierno actual tiene voluntad de activarlo.

La herramienta que México no usa: el litigio internacional como palanca negociadora

México tiene la capacidad de llevar casos ante la CIJ. Lo hizo con Avena. Ganó el argumento jurídico. Lo que falló fue la etapa posterior: convertir ese triunfo legal en presión política real. En lugar de usar el fallo como palanca en cada negociación bilateral — comercial, migratoria, de seguridad — México lo trató como un logro académico en derecho internacional y siguió adelante.

Esa es la ingenuidad que no podemos seguir pagando.

Hay un mecanismo adicional que merece atención: el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena establece la competencia obligatoria de la CIJ para disputas derivadas del incumplimiento de la Convención. Estados Unidos se retiró de ese protocolo en 2005, precisamente después del caso Avena. Ese retiro dice todo lo que necesitamos saber sobre el peso que Washington le da a sus obligaciones consulares cuando le resultan inconvenientes.

Sin acceso a la CIJ por esa vía, México tiene otras rutas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presión en el marco del T-MEC mediante los mecanismos de diálogo sobre derechos laborales y humanos — que, aunque diseñados para el ámbito laboral, abren canales formales de comunicación —, y la negociación directa bilateral con consecuencias reales si no hay respuesta.

La clave está en esa última palabra: consecuencias.

El T-MEC como contexto que no se puede ignorar

Estamos en medio de la revisión del T-MEC, prevista formalmente para 2026 pero que en la práctica ya está en marcha en las mesas informales de Washington y la Ciudad de México. En ese contexto, cada interacción bilateral tiene peso específico.

México exportó a Estados Unidos bienes por más de quinientos mil millones de dólares en 2023. Esa interdependencia económica es la palanca más real que tiene México — no el discurso diplomático, no las notas de protesta. Si México es capaz de articular una posición coherente que vincule el trato a sus nacionales con el clima de inversión y cooperación bilateral, tiene argumentos concretos.

Lo que no puede permitirse es lo de siempre: reclamar en público, ceder en privado.

Lo que México debe hacer — sin ambigüedades

Primero: exigir información completa sobre las circunstancias de la muerte bajo custodia del ICE, incluyendo acceso consular durante la detención, atención médica recibida y protocolo seguido. Esta información debe solicitarse formalmente, con plazo definido y consecuencias explícitas si no se entrega.

Segundo: activar una revisión interna sobre el estado actual del cumplimiento del artículo 36 en los centros de detención del ICE donde hay ciudadanos mexicanos. No como ejercicio burocrático — como diagnóstico para una estrategia legal.

Tercero: si los hechos lo justifican, presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No porque vaya a resolver el problema esta semana, sino porque construye un expediente internacional que tiene valor negociador.

Cuarto — y esto es lo más importante: dejar de tratar la protección consular como un servicio reactivo de asistencia social y empezar a tratarla como lo que es: una función estratégica del Estado mexicano en territorio extranjero.

Los tratados existen. Los precedentes existen. Lo que ha faltado, con demasiada frecuencia, es la voluntad de usarlos con consecuencia y con inteligencia.

Cada ciudadano mexicano que muere bajo custodia sin que el consulado haya sido notificado es, en términos jurídicos, una violación documentable del derecho internacional. El Estado mexicano tiene la obligación de documentarla, de reclamarla y de hacerla costar.

De lo contrario, no es diplomacia. Es resignación con membrete oficial.

Por Andres Castillo