Cuando la política exterior se convierte en instrumento de cohesión interna, los mercados pagan la factura antes que los políticos

El petróleo de la isla Kharg representa aproximadamente el 90% de las exportaciones petroleras de Irán. Un ataque militar sobre esa infraestructura no sería un mensaje diplomático: sería un evento de mercado con consecuencias inmediatas sobre los precios globales de energía, las cadenas de suministro y el apetito de inversión en activos de riesgo. Que esta posibilidad esté sobre la mesa —reportada con nombres y detalles, no como filtración anónima— dice más sobre el estado de la toma de decisiones en Washington que sobre la situación nuclear iraní.

No se trata de si Irán representa o no una amenaza. Probablemente sí la representa. Se trata de algo más elemental: ¿cuál es el costo económico de una doctrina de política exterior construida sobre la imprevisibilidad como herramienta de negociación? Y más urgente aún: ¿quién está calculando ese costo?

La coalición rota y lo que revela

Lo que está ocurriendo dentro del bloque trumpista es, desde una perspectiva de política pública, más revelador que cualquier cifra presupuestaria. Robert F. Kennedy Jr., que cruzó al bando republicano en parte porque prometía una postura menos intervencionista en asuntos militares, se ha distanciado públicamente de la posibilidad de acción armada contra Irán. No es un detalle menor. Kennedy representa a un segmento del electorado que apostó por Trump precisamente como alternativa al establishment bélico de ambos partidos.

La grieta no es ideológica en el sentido tradicional. Es una fractura sobre el uso del poder del Estado: ¿se usa para proyectar fuerza militar o para reorientar recursos hacia el interior? Esa tensión, que muchos analistas descartaron como cosmética durante la campaña, está resultando ser la fisura estructural de esta coalición.

Y las fisuras en las coaliciones gobernantes tienen un precio económico documentado. La incertidumbre política —medida por índices como el Economic Policy Uncertainty Index de Baker, Bloom y Davis— correlaciona negativamente con la inversión privada. Cuando los empresarios no saben si el país estará en guerra o en negociación comercial seis meses después, posponen decisiones de capital. Eso no aparece en los titulares, pero sí en los datos de inversión fija bruta del trimestre siguiente.

Ciudadanía por nacimiento: el litigio que nadie está costeando

Paralelo a la discusión sobre Irán, la Corte Suprema de Estados Unidos está deliberando sobre la ciudadanía por nacimiento. La disputa legal es genuina y compleja —implica la interpretación de la Decimocuarta Enmienda—, pero el análisis económico casi siempre queda fuera de la cobertura.

La mano de obra inmigrante, documentada o no, sostiene sectores enteros de la economía estadounidense: agricultura, construcción, procesamiento de alimentos, hospitalidad. Una reconfiguración del estatus jurídico de cientos de miles de personas no es solo un debate constitucional. Es una intervención masiva en el mercado laboral, con efectos sobre costos de producción, precios al consumidor y competitividad sectorial.

Nadie en el debate público está cuantificando eso con seriedad. Se debate la enmienda; no se debate el impacto en el índice de precios de la construcción en Texas o en los márgenes de la industria avícola en el sureste del país. Esa omisión es conveniente para todos los lados, porque los números complican las narrativas simples.

México: exigir respuestas no es política exterior

En ese contexto llega la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del ICE en California. El gobierno mexicano ha exigido explicaciones. Es la respuesta correcta desde el punto de vista consular y de derechos humanos. Pero una exigencia sin consecuencias ni instrumentos de presión no es política exterior: es comunicado de prensa.

México tiene, en teoría, palancas reales: es el socio comercial más importante de Estados Unidos —superó a China y Canada en 2023—, es el destino de inversión manufacturera que las empresas estadounidenses necesitan para competir con Asia, y es el corredor logístico sin el cual varias cadenas de suministro del sector automotriz y electrónico simplemente no funcionan.

Ninguna de esas palancas está siendo utilizada con coherencia estratégica. La política exterior de la 4T oscila entre la sumisión retórica y la indignación simbólica, sin una doctrina que conecte los instrumentos económicos con los objetivos diplomáticos. Exigir respuestas al ICE es lo mínimo que puede hacer un gobierno soberano. Pero lo mínimo, en este contexto, no alcanza.

El costo real de esa debilidad negociadora no se mide en declaraciones: se mide en los términos bajo los cuales México negocia aranceles, en la presión sobre empresas mexicanas que operan en Estados Unidos, y en la incapacidad de proteger a sus ciudadanos cuando el sistema migratorio estadounidense falla —y falla con regularidad documentada.

El patrón que conecta todo

Hay un hilo conductor entre la posible acción militar contra Irán, el litigio sobre ciudadanía y la muerte de un migrante en custodia: todos son síntomas de gobiernos que gobiernan por señalización política, no por diseño institucional.

Trump señala dureza con Irán porque necesita recomponer su coalición interna. La discusión sobre ciudadanía señala una postura cultural, independientemente de si el cambio es constitucional o ejecutable. México señala indignación porque el costo político de no hacerlo es alto, aunque la señal no vaya acompañada de estrategia.

El problema con gobernar por señalización es que los mercados, las empresas y los ciudadanos tienen que tomar decisiones reales en entornos diseñados para generar ruido, no claridad. La inversión necesita reglas estables. El comercio necesita predictibilidad. La protección consular necesita instrumentos reales, no conferencias de prensa.

La prima de riesgo que genera esta forma de gobernar no aparece en un solo indicador. Aparece distribuida: en tasas de interés marginalmente más altas, en decisiones de inversión que se posponen, en empresas que relocalizan producción hacia jurisdicciones más predecibles, en migrantes que mueren sin que nadie rinda cuentas de manera vinculante.

Esos costos son reales. Son medibles. Y son, en última instancia, pagados por contribuyentes y empresas, no por los funcionarios que generaron la incertidumbre.

Vale la pena decirlo con claridad, porque hay cosas que vale la pena defender: la predictibilidad institucional no es un lujo tecnocrático. Es la condición mínima para que una economía funcione. Cuando los gobiernos la sacrifican en el altar de la política doméstica, el costo lo paga alguien más. Siempre.

Por Claudia Vargas