Trump cuestiona la Decimocuarta Enmienda. Una sentencia adversa podría afectar educación, Medicaid y derechos de millones de menores nacidos en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos revisará uno de los pilares constitucionales más antiguos del país: la garantía automática de ciudadanía para todo aquel nacido en territorio estadounidense. El presidente Trump ha cuestionado públicamente esta garantía, argumentando que no existe una obligación constitucional clara de otorgar ciudadanía automática al nacer. Una decisión de la Corte que respalde esta posición tendría consecuencias económicas, sociales y administrativas masivas.

Para entender la magnitud de esto, hay que partir de un hecho: la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que "todas las personas nacidas en los Estados Unidos" son ciudadanas. Durante 156 años, esto ha sido prácticamente incuestionable. Pero Trump ha argumentado que esta redacción es ambigua y que la palabra "personas" podría no incluir a hijos de inmigrantes indocumentados. Es una interpretación que ha permanecido marginal en el debate constitucional, hasta ahora.

¿Por qué importa esto en términos económicos y prácticos? Porque millones de menores dependen del estatus de ciudadanía para acceder a derechos básicos.

Primero está la educación K-12. La Suprema Corte ha fallado históricamente que todo menor, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho a educación pública gratuita. Pero si la ciudadanía por nacimiento desaparece, los estados tendrían argumentos legales para negar acceso o generar categorías administrativas que segreguen a estudiantes sin ciudadanía clara. El costo fiscal para implementar esto sería enorme: verificación de estatus en cada inscripción, nuevos procesos administrativos, litigios. Y el costo social sería inmeasurable.

Segundo, Medicaid. Aproximadamente 4.2 millones de menores en Estados Unidos dependen de Medicaid. Muchos de ellos son ciudadanos por nacimiento, pero de padres inmigrantes. Una decisión que elimine la ciudadanía automática generaría incertidumbre sobre quiénes califican, quiénes pierden cobertura, y cómo los estados administrarían un sistema de elegibilidad radicalmente distinto. Hospitales enfrentarían caos administrativo. Los costos de litigio serían astronómicos.

Tercero, el Seguro Social. Aunque es menos visible, muchos menores ciudadanos por nacimiento tienen acceso a beneficios del Seguro Social como dependientes de padres fallecidos, incapacitados o jubilados. Una redefinición de ciudadanía crearía un limbo administrativo para determinar quiénes conservan ese acceso.

La realidad política es clara: esto no es un debate académico sobre la Constitución. Es una jugada legislativa disfrazada de análisis constitucional. Trump ha dejado claro que ve la ciudadanía por nacimiento como una "loophole" (resquicio legal) que debe cerrarse. Su argumento es que la Decimocuarta Enmienda fue diseñada para garantizar ciudadanía a los hijos de esclavos liberados, no para crear una política de migración de facto que otorgue ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados.

Pero aquí está el problema: la Constitución dice "nacidas en los Estados Unidos", no "cuyos padres son ciudadanos" o "cuyos padres están aquí legalmente". Cambiar esa interpretación requeriría una reescritura constitucional, no un debate sobre ambigüedad.

Desde una perspectiva de mercado, una decisión adversa generaría incertidumbre masiva. Las empresas no sabrían cómo verificar estatus de empleados menores de edad. El sistema tributario se volvería caótico si millones de menores pierden el derecho a números de Seguro Social. Los bancos no sabrían cómo procesar cuentas de ahorro para menores sin ciudadanía clara.

La Corte Suprema enfrenta una decisión que va más allá de interpretación constitucional. Decidirá si redefine ciudadanía de manera radical o mantiene un principio que ha estructurado la vida civil estadounidense por más de un siglo y medio.

Lo que está en juego no es un debate sobre inmigración. Es si 4 millones de menores perderán acceso a educación, salud y derechos económicos básicos. Eso no es política. Es arquitectura constitucional con consecuencias reales, medibles y potencialmente irreversibles.

Por Laura Herrera