La solicitud presupuestaria del Departamento de Defensa revela una contradicción que Washington no quiere nombrar: Estados Unidos quiere ser la potencia dominante del siglo XXI sin disciplina fiscal para financiarlo

La semana en Washington ha sido ruidosa por las razones equivocadas. El cierre parcial del gobierno paralizó aeropuertos, la TSA operó con personal esquelético y el despliegue de agentes del ICE en terminales aéreas generó titulares de indignación en los medios de izquierda. Todo eso es real y tiene consecuencias. Pero hay una noticia que merece análisis más frío y más profundo: el Pentágono está solicitando 200 mil millones de dólares adicionales en su presupuesto.

Doscientos mil millones. No es un ajuste de inflación. No es mantenimiento de rutina. Es una expansión estructural del gasto en defensa en un momento en que el gobierno federal estadounidense ya acumula un déficit anual que supera el billón de dólares y una deuda que roza los 35 billones. El Senado tendrá que decidir si aprueba esa cifra, la recorta o la convierte en moneda de negociación política. Cualquiera de las tres opciones tiene consecuencias directas para México y para el sistema de comercio que sostiene nuestra economía.

El argumento de fuerza y sus costos reales

La lógica detrás de la petición es comprensible en términos geopolíticos: China expande su presencia naval en el Indo-Pacífico, Rusia sigue en guerra en Europa del Este y los actores no estatales proliferan en regiones de interés estadounidense. El Departamento de Defensa argumenta que necesita modernizar su arsenal, reforzar la disuasión nuclear y financiar la competencia tecnológica con Beijing en inteligencia artificial y sistemas autónomos.

Esos argumentos tienen peso. El problema no es la lógica estratégica —es la aritmética fiscal.

Estados Unidos gasta ya alrededor de 886 mil millones de dólares anuales en defensa, según el presupuesto aprobado para el año fiscal 2024. Eso representa aproximadamente el 13% del gasto federal total y más del 3% del PIB. Agregar 200 mil millones adicionales —incluso si se distribuyen en varios años— implica una decisión de prioridades que el Congreso no ha tenido la honestidad de articular con claridad: ¿de dónde sale el dinero?

Las opciones son tres y ninguna es cómoda. Primera: más deuda, que ya tiene a las agencias calificadoras mirando con lupa la solidez fiscal estadounidense. Segunda: recortes en gasto discrecional no militar, que políticamente es tierra minada. Tercera: nuevos impuestos, que la mayoría republicana en el Congreso rechaza por principio.

La respuesta más probable, si la historia sirve de guía, es la primera: más deuda. Y eso tiene un nombre técnico preciso en economía internacional: riesgo soberano acumulado.

Por qué esto importa en la Ciudad de México y en Monterrey

México no es observador neutral en este debate. El T-MEC —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— es el eje sobre el que gira aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones. Cuando la economía estadounidense se tensiona por presiones fiscales, las consecuencias llegan a nuestra industria manufacturera con una velocidad que muchos funcionarios de la Secretaría de Hacienda prefieren no calcular en público.

Un aumento sostenido en el déficit federal estadounidense presiona al alza las tasas de interés de largo plazo. Tasas más altas en Estados Unidos fortalecen al dólar y encarecen el financiamiento para empresas mexicanas que operan con deuda en dólares. En el sector automotriz —el corazón industrial del norte de México— los márgenes ya son ajustados. Una escalada en el costo del capital no es un dato abstracto: es la diferencia entre que una armadora expanda su planta en Coahuila o posponga la inversión.

Hay un segundo canal de transmisión que vale la pena nombrar. Cuando Washington entra en modo de crisis fiscal —cierre de gobierno, debates presupuestarios extendidos, parálisis legislativa— el apetito político por usar aranceles como palanca de negociación aumenta. Lo vimos en 2019, cuando la amenaza arancelaria de la administración Trump se usó para presionar a México en materia migratoria. Lo vimos de nuevo en 2025 con los aranceles sobre acero y aluminio. La inestabilidad fiscal interna de Estados Unidos no los hace menos agresivos en política comercial; frecuentemente los hace más.

El argumento que el Senado evita

El dilema fiscal del Pentágono revela una contradicción estructural en la política exterior estadounidense que ningún bando político tiene incentivos para resolver antes de las próximas elecciones. Los republicanos quieren más gasto en defensa y menos impuestos. Los demócratas quieren mantener el gasto social y aumentar impuestos a las corporaciones. Nadie quiere recortar nada que tenga un electorado detrás.

El resultado es un Senado que debatirá 200 mil millones adicionales en defensa mientras el gobierno acaba de reabrir después de un cierre que demostró, de la manera más visible posible, que no hay dinero suficiente para pagar a los inspectores de la TSA en los aeropuertos. Esa imagen —agentes del ICE desplazándose hacia infraestructura civil mientras los funcionarios de seguridad aérea trabajaban sin cobrar— no es solo un problema operativo. Es una fotografía de un Estado que ha perdido la capacidad de priorizar.

Desde una perspectiva de derecho internacional y política comercial, la pregunta relevante no es si Estados Unidos debe gastar más en defensa. La pregunta es si un socio comercial con disciplina fiscal deteriorada es un socio confiable para construir cadenas de valor de largo plazo.

Lo que México debe hacer con esta información

Primero: diversificar con seriedad, no con retórica. México lleva años hablando de diversificación comercial hacia la Unión Europea, hacia Asia, hacia América del Sur. El T-14 con la Unión Europea lleva años en proceso de modernización. Si la inestabilidad fiscal estadounidense es estructural —y hay razones para creer que lo es— el costo de no diversificar aumenta cada año.

Segundo: blindar la posición negociadora. La revisión del T-MEC está programada para 2026. México debe llegar a esa revisión con una postura técnicamente sólida y políticamente unificada. Un Estados Unidos con presiones fiscales internas buscará concesiones adicionales en reglas de origen, en capítulos energéticos, en mecanismos de solución de controversias. Cada punto que México ceda en esa negociación tiene un costo medible en empleos e inversión.

Tercero: entender que la fortaleza fiscal propia es soberanía. México no puede negociar desde la fortaleza si llega a la mesa con sus propias fragilidades expuestas: déficit primario, deuda pública en niveles que el mercado ya descuenta con sobretasas, y una calificación crediticia bajo vigilancia. La disciplina fiscal no es ideología —es la base sobre la que se construye cualquier postura negociadora seria.

Estados Unidos puede permitirse, por ahora, financiar su hegemonía militar con deuda. Esa ventana no es eterna y el debate del Senado sobre los 200 mil millones es, en el fondo, el primer signo visible de que el reloj corre. México tiene interés directo en entender ese debate mejor que cualquier otro actor en la región.

Los tratados no se negocian en el vacío. Se negocian en el contexto de quién tiene más que perder si la mesa se rompe. Hoy, ese contexto está cambiando. La pregunta es si los negociadores mexicanos lo están leyendo con la precisión que el momento exige.

Por Andres Castillo