El Pentágono pide el mayor aumento presupuestal en décadas mientras el gobierno federal cierra por falta de fondos. Alguien debería hacer esa pregunta en voz alta.

El gobierno federal de Estados Unidos entró en parálisis parcial esta semana. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) opera con personal reducido. Los aeropuertos reportan caos operativo. Los empleados federales trabajan sin paga o directamente no se presentan. Y en ese mismo contexto —con el Congreso incapaz de aprobar un presupuesto ordinario— el Pentágono presentó una solicitud de 200 mil millones de dólares adicionales en gasto de defensa.

No es un error de redacción. Doscientos mil millones. En un solo ciclo presupuestal.

La pregunta que los titulares no formulan con suficiente claridad es esta: ¿cómo justifica una administración que no puede mantener encendidas las luces del gobierno la petición de un aumento de gasto militar sin precedentes recientes? La respuesta corta es que no lo justifica. La respuesta larga es más preocupante.

El número que pone todo en perspectiva

El presupuesto de defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2024 fue de aproximadamente 886 mil millones de dólares —ya el más alto del mundo por un margen amplio, equivalente al gasto combinado de los siguientes diez países. La solicitud adicional del Pentágono representaría un incremento de más del 22% en un solo ejercicio.

Para calibrar la magnitud: el presupuesto anual completo de México ronda los 80 mil millones de dólares. Lo que el Pentágono pide como suplemento equivale a más de dos veces y media el presupuesto soberano completo de la decimocuarta economía del mundo.

Esto no es un argumento pacifista ni un cuestionamiento a la necesidad de inversión en seguridad nacional. Es una pregunta de política fiscal elemental: ¿con qué se paga, qué se deja de financiar y quién rinde cuentas de los resultados?

El cierre que nadie quería nombrar

Mientras se filtraban los números del Pentágono, los aeropuertos estadounidenses vivían una escena que ilustra la contradicción fiscal con perfecta claridad. La TSA —agencia que revisa a más de dos millones de pasajeros diarios— operó con filas extendidas, personal en incertidumbre laboral y retrasos documentados en múltiples terminales. Los agentes de control fronterizo y el personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvieron operaciones, en parte porque la administración Trump ha priorizado políticamente esa función sobre otras.

El resultado es revelador: el Estado puede elegir qué paraliza y qué no durante un cierre de gobierno. Las funciones que políticamente convienen —control migratorio, operaciones de ICE en infraestructura civil— continúan. Las que resultan costosas o difíciles de defender públicamente enfrentan recortes operativos. No es ideología; es cálculo presupuestal con consecuencias reales para millones de ciudadanos que simplemente quieren tomar un vuelo.

Esto debería incomodar a cualquier defensor serio del gobierno limitado. Un Estado que paraliza servicios básicos mientras solicita aumentos extraordinarios en otras partidas no está siendo fiscalmente responsable: está siendo selectivamente generoso con el dinero de los contribuyentes.

El dilema que el Senado no puede evadir —pero lo intenta

El Senado de Estados Unidos tiene ahora sobre la mesa una ecuación sin solución cómoda. Aprobar los 200 mil millones del Pentágono sin un marco de financiamiento creíble significa déficit adicional, más deuda y mayor presión sobre los mercados de bonos en un momento en que la Reserva Federal ya ha señalado que no tiene prisa por bajar tasas. Rechazarlos o recortarlos significa un enfrentamiento político con la Casa Blanca que los senadores republicanos no tienen apetito de protagonizar.

La tercera opción —posponer, diluir y redactar una resolución continuada que patee el problema seis meses adelante— es históricamente la favorita del Congreso de ambos partidos. Y es precisamente la que ha llevado a Estados Unidos a acumular una deuda federal que supera los 34 billones de dólares, con un costo de servicio anual que ya supera el billón de dólares: más que el presupuesto de Medicaid, más que todos los programas de educación federal combinados.

Opinión: la clase política en Washington lleva dos décadas confundiendo capacidad de endeudamiento con solvencia fiscal. Son cosas distintas. Una empresa puede emitir deuda hasta el día en que los mercados deciden que ya no puede. El momento en que eso ocurre con un soberano no se anuncia con cortesía.

¿Qué compra exactamente ese gasto?

La justificación estándar para aumentos en gasto de defensa apela a China, Rusia, el Indo-Pacífico y la obsolescencia de equipos. Son argumentos legítimos que merecen análisis serio. Pero el análisis serio incluye también esta pregunta: ¿el Pentágono es una institución que gestiona eficientemente los recursos que ya tiene?

La respuesta documentada es que no. El Departamento de Defensa ha reprobado seis auditorías consecutivas —las únicas seis que se le han practicado en su historia moderna, iniciadas apenas en 2018. No puede rastrear con precisión sus propios activos, contratos ni inventarios. En 2021, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) identificó al Departamento de Defensa como una "área de alto riesgo" de desperdicio y fraude, categoría en la que lleva décadas.

Pedir 200 mil millones adicionales a una institución que no puede aprobar una auditoría básica no es inversión en seguridad nacional. Es inyectar capital a una estructura que, por su propio historial documentado, no garantiza que ese dinero llegue a donde debe llegar.

Eso también es un argumento de libre mercado: la rendición de cuentas no es opcional cuando se trata de dinero público. Ningún inversionista privado capitalizaría una empresa que reprueba sus auditorías seis veces seguidas. El Congreso lo hace sistemáticamente.

Lo que queda cuando se va el ruido

Robert Mueller murió esta semana a los 81 años. Fue director del FBI durante doce años, sobrevivió a dos presidentes de distinto partido y dejó una institución que, independientemente de los debates políticos que generó su investigación posterior, mantuvo cierto estándar de continuidad institucional. Su muerte es un recordatorio de que las instituciones no se sostienen solas: requieren personas dispuestas a defender procedimientos incluso cuando es incómodo.

Esa tensión —entre la conveniencia política del momento y la integridad institucional de largo plazo— es exactamente lo que está en juego en el debate presupuestal de esta semana. No es un debate abstracto. Es la diferencia entre un Estado que funciona con reglas claras y uno que funciona según quién tiene más presión política en cada ciclo de noticias.

Los contribuyentes estadounidenses merecen una respuesta concreta: ¿de dónde salen los 200 mil millones?, ¿qué se audita antes de gastarlos?, ¿y quién responde si en seis años el Pentágono reprueba su séptima auditoría con ese dinero ya gastado?

Hasta ahora, nadie en el Congreso ha hecho esa pregunta con suficiente fuerza como para que importe.

Alguien debería.

Por Claudia Vargas