Déficit presupuestario defensivo, comisiones millonarias cuestionables y desastres naturales: Estados Unidos enfrenta múltiples crisis simultáneas
Washington enfrenta una convergencia de crisis que expone las fracturas internas de la administración Trump y la vulnerabilidad fiscal del país. Mientras el Pentágono solicita 200 mil millones de dólares adicionales en financiamiento —una cifra que debería encender alarmas en cualquier gobierno comprometido con la disciplina fiscal— la Casa Blanca se debate en un escándalo donde operadores políticos vinculados al presidente ganaron millones en comisiones de una campaña publicitaria del Departamento de Seguridad Nacional.
Esta es la realidad: en plena discusión sobre la defensa nacional, hay dinero público siendo distribuido a operadores con conexiones políticas. No estamos hablando de licitaciones competitivas ni de procesos transparentes. Hablamos de comisiones millonarias que se convirtieron en punto de fricción dentro de la Casa Blanca, especialmente entre la Secretaria de DHS Kristi Noem y otros funcionarios que cuestionaban la propensión de estos anuncios.
Los números son brutales. Doscientos mil millones de dólares en financiamiento defensivo adicional no es dinero que caiga del cielo. Es dinero que Estados Unidos no tiene. En un país donde la deuda supera los 33 billones de dólares, donde cada generación hereda déficits más profundos, la pregunta obvia es: ¿en qué se gasta realmente este dinero? ¿En capacidad operativa real o en justificar estructuras burocráticas obsoletas?
El Senado debatía simultáneamente sobre la Ley SAVE mientras discutía la financiación de defensa. Esto no es coincidencia. La clase política estadounidense intenta malabarear dos imperativos irreconciliables: más gasto en defensa y aparente austeridad fiscal. Ambos no pueden coexistir sin sacrificar algo. Y lo que se sacrifica siempre es la verdad presupuestaria.
Peró lo que explota en la cara de cualquier administración que presume de eficiencia es precisamente esto: que mientras pide más dinero para defensa, se filtran historias sobre comisiones millonarias a operadores políticos en campañas de DHS. No es corrupción en el sentido penal clásico —probablemente técnicamente legal bajo alguna estructura contractual—, pero es algo peor: es síntoma de una Casa Blanca donde los incentivos están torcidos y donde quiénes tienen acceso al poder extraen ganancias privadas de programas públicos.
Kristi Noem, la Secretaria de DHS, se encontró en el centro de esta controversia. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de una administración que se supone cohesionada, hay fricción sobre cómo se gasta el dinero público. Significa que no todos en la Casa Blanca están de acuerdo en permitir que los operadores políticos se enriquezcan con campañas publicitarias que, presumiblemente, deberían servir al interés público.
Esto ocurre mientras Estados Unidos enfrenta desastres domésticos que cuesta dinero real reparar. Hawái experimentó sus peores inundaciones en 20 años, con daños estimados en 1,000 millones de dólares. Miles fueron evacuados en Oahu y Maui. El gobernador Josh Green advirtió sobre continuación de lluvia, lo que significa que la evaluación total aún está en proceso y los números podrían crecer. ¿De dónde sale ese dinero? De presupuestos ya limitados para catástrofes naturales.
La ironía es casi teatral: el Pentágono reclama 200 mil millones adicionales mientras operadores políticos extraen millones en comisiones de campañas públicitarias, y meanwhile estados como Hawái necesitan fondos de emergencia para reconstruir infraestructura devastada.
Este es el patrón que debe preocupar a cualquier conservador fiscal serio. No es que la defensa no sea importante —lo es. Pero es que el gasto debe someterse a escrutinio real, a contabilidad verificable y a procesos competitivos que garanticen que cada dólar se gasta en capacidad real, no en comisiones a operadores conectados.
El Congreso tiene la responsabilidad de detener esto. No mediante retórica populista, sino mediante presupuestos que exijan: primero, déficit real para defensa basado en necesidades operativas verificadas; segundo, eliminación de mecanismos contractuales que permiten que operadores políticos extraigan ganancias millonarias; tercero, auditorías de gastos que sean públicas y trasparentes.
Robert Mueller, quien murió a los 81 años el 21 de marzo, pasó años investigando interferencia extranjera en procesos políticos estadounidenses. No vivió para ver esto: una Casa Blanca donde los incentivos corruptos operan en plena luz, donde operadores conectados ganan millones mientras se pide más dinero para defensa. Eso es lo que sucede cuando la disciplina institucional se erosiona.
Estados Unidos puede permitirse una administración incompetente en lo fiscal o corrupta en lo contractual —pero no ambas simultáneamente.
Por Patricia Nunez