TSA sin pago, retrasos nacionales y despliegue de agentes fronterizos exponen la disfuncionalidad presupuestaria de Washington

El gobierno de Estados Unidos está en crisis operativa nuevamente. Un cierre parcial ha dejado sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional durante cinco semanas, paralizando las operaciones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en aeropuertos de todo el país.

Los números son simples: agentes de la TSA trabajando sin salario. Viajeros enfrentando retrasos de horas. El sistema que se supone protege la seguridad aérea nacional funcionando con personal que no recibe pago. Esta es la realidad del cierre del gobierno estadounidense.

Y aquí está lo paradójico: mientras el Congreso discute cómo resolver esta situación, la administración Trump está tomando medidas pragmáticas. Tom Homan, designado como czar de la frontera, confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán desplegados en aeropuertos para asistir a la TSA en el manejo de filas de seguridad.

No es un acto de benevolencia. Es reconocer que el gobierno no puede permitirse que sus operaciones críticas colapsen completamente. Los agentes de ICE aplicarán leyes de inmigración mientras ayudan a agilizar los checkpoints de seguridad. Es multitarea por necesidad, no por elección.

Pero aquí surge la pregunta que nadie en Washington parece hacerse: ¿por qué llegamos a esto?

El Congreso regresó a sesiones enfrentando un dilema básico: decidir si financia o no un departamento federal entero. Esto debería resolverse en semanas, no en cinco semanas de parálisis. El Departamento de Seguridad Nacional no es una agencia marginal; administra la TSA, ICE, la Patrulla Fronteriza y docenas de otras operaciones críticas para la seguridad nacional y la fluidez económica del país.

Que esté sin fondos refleja una disfuncionalidad legislativa que se ha vuelto endémica. Los cierres del gobierno no suceden porque no haya dinero en el tesoro. Suceden porque el Congreso usa el presupuesto como arma política. Un lado quiere condiciones A, el otro quiere condiciones B, y mientras negocian, millones de personas que dependen de servicios federales sufren las consecuencias.

Los datos hablan por sí solos: retrasos nacionales en operaciones de seguridad aeroportuaria, personal sin salario trabajando de todas formas (porque así funciona en cierres), y disrupciones económicas que afectan al turismo y los negocios. Esto tiene un costo real.

La solución de desplegar ICE en aeropuertos es operacionalmente sensata, pero también es un síntoma del fracaso presupuestario más amplio. No debería ser necesario reasignar recursos de una agencia a otra porque el Congreso no puede aprobar un presupuesto a tiempo.

Mientras tanto, en Illinois, la política electoral continúa sin ser afectada por la disfuncionalidad federal. Juliana Stratton, vicegobernadora del estado, ganó la primaria demócrata del Senado con el apoyo del gobernador JB Pritzker. Su victoria la posiciona como probable próxima senadora negra de Illinois si gana las elecciones generales. Es un reflejo del poder de la maquinaria política estatal: cuando hay dinero para gastar en campañas políticas, hay dinero. Cuando se trata de financiar operaciones básicas del gobierno federal, de repente no hay.

En otro frente, un juez falló que el Pentágono violó la Primera Enmienda al imponer restricciones a reporteros que requerían acuerdos sobre información. Esta decisión es importante: establece que incluso en materia de defensa nacional, las restricciones de prensa requieren justificación constitucional clara. No es suficiente que el gobierno diga "por seguridad." Un tribunal exigió evidencia.

También está el debate sobre la Ley SAVE, que busca reformar elecciones federales, que el senador demócrata de California Alex Padilla criticó en contexto del despliegue de ICE. Los demócratas ven una conexión entre control migratorio y votación. Los republicanos ven una conexión entre seguridad electoral y control de fronteras.

Pero mientras ambos lados debate política electoral, los aeropuertos siguen en caos y la TSA sigue sin pago.

Este es el estado de Washington: incapaz de financiar operaciones básicas, pero completamente funcional cuando se trata de política partidaria. La prioridades están invertidas. Y son los viajeros y los trabajadores federales sin salario quienes pagan el costo.

Por Carlos Mendoza