Cierre de gobierno, 200 mil millones para el Pentágono y aeropuertos paralizados: Estados Unidos muestra lo que cuesta la disfunción institucional

Hay días en que los titulares se alinean de una manera que no necesita editorial: se explican solos. Hoy es uno de esos días. El gobierno de Estados Unidos entra en cierre parcial, la TSA trabaja sin paga, los aeropuertos operan al límite y, al mismo tiempo, el Pentágono llega al Congreso con una factura de 200 mil millones de dólares en la mano. Todo esto mientras la Casa Blanca navega sus propias turbulencias internas. No es un accidente. Es el retrato de un sistema que lleva años acumulando decisiones diferidas.

Empecemos por lo que afecta a ciudadanos y empresas hoy mismo.

Un cierre de gobierno en Estados Unidos no es un trámite burocrático menor. Es una señal de que el poder legislativo y el ejecutivo no han podido acordar ni siquiera el presupuesto básico de operación del Estado. Cuando la TSA trabaja sin certeza de cobro, cuando los controladores aéreos operan bajo presión y cuando el tráfico en los principales aeropuertos del país se ralentiza, las consecuencias no se quedan en Washington. Se sienten en cada empresa que depende de la cadena logística binacional, en cada embarque que cruza el corredor T-MEC, en cada ejecutivo que perdió una conexión en Dallas o Miami.

El sector productivo mexicano —el que exporta, el que importa, el que mueve carga bajo las reglas del T-MEC— no puede darse el lujo de absorber ineficiencias ajenas con indiferencia. Cuando el socio comercial más importante del país entra en parálisis institucional, el costo lo pagan primero los eslabones más delgados de la cadena: los transportistas, los agentes aduanales, las pymes exportadoras que no tienen colchón financiero para aguantar retrasos.

Eso es lo inmediato. Ahora el problema de fondo.

Doscientos mil millones que nadie sabe cómo pagar

Que el Pentágono llegue al Congreso pidiendo 200 mil millones de dólares adicionales no debería sorprender a nadie que haya seguido la trayectoria fiscal de Estados Unidos en la última década. La deuda federal supera los 36 billones de dólares. El déficit anual ronda el 6 o 7 por ciento del PIB en tiempos de paz y crecimiento económico. Y sin embargo, cada ciclo presupuestal trae una nueva solicitud de gasto que se presenta como urgente, estratégica e irrenunciable.

Quienes defendemos el libre mercado y la disciplina fiscal no lo hacemos por ideología abstracta. Lo hacemos porque los números tienen consecuencias reales. Cada dólar que el gobierno federal estadounidense toma prestado es un dólar que compite con la inversión privada. Cada punto porcentual de déficit sostenido es presión sobre las tasas de interés, y esas tasas son las mismas que determinan el costo del crédito para empresas en México, en Canadá y en el resto del mundo.

El dilema no es si Estados Unidos necesita un ejército competitivo —lo necesita, y eso tiene un costo— sino si existe en Washington la voluntad política de hacer las preguntas incómodas: ¿Qué se deja de gastar? ¿Qué programas se reestructuran? ¿Cuál es el plan para que la factura no recaiga sobre las generaciones que hoy tienen menos de treinta años?

Hasta ahora, la respuesta del Congreso —de ambos partidos, para ser precisos— ha sido la misma: diferir, negociar en el último minuto, aprobar resoluciones continuadas y repetir el ciclo. El cierre de gobierno que vemos esta semana no es una anomalía. Es el síntoma recurrente de un sistema que ha normalizado la irresponsabilidad fiscal.

Lo que esto significa para México

México no es un espectador neutral de este desorden. Es el primer socio comercial de Estados Unidos. Más de 600 mil millones de dólares en intercambio bilateral al año. Una frontera compartida de tres mil kilómetros. Un tratado de libre comercio que —con todos sus defectos— sigue siendo el ancla más sólida de la economía mexicana.

Cuando Washington disfunciona, México paga una parte de la factura. Y cuando México llega a esa conversación sin instituciones sólidas, sin autonomía en sus organismos reguladores, con una economía cuyas señales de inversión son cada vez más ambiguas, la capacidad de negociación se reduce. No se negocia bien desde la fragilidad.

Eso es lo que el sector productivo mexicano debería estar analizando esta semana, no solo como observadores del caos en los aeropuertos del norte, sino como actores con intereses concretos que defender.

El costo de no tener adultos en el cuarto

Hay una constante en todo lo que reportamos hoy: la ausencia de consecuencias para quienes toman decisiones fiscales irresponsables. Los legisladores que no aprueban presupuestos a tiempo no pierden su sueldo durante el cierre. Los generales que piden 200 mil millones sin un plan de financiamiento creíble no enfrentan escrutinio real. Los funcionarios cuyas disputas internas paralizan agencias enteras siguen en sus puestos.

Los que sí pagan son los controladores aéreos que trabajan sin certeza de cobro, los empleados de la TSA que no saben cuándo llegará su próximo cheque, los exportadores que ven sus embarques detenidos y los contribuyentes —de ambos lados de la frontera— que absorben la ineficiencia acumulada.

Eso no es capitalismo fallando. Es el Estado demostrando, una vez más, que cuando crece sin disciplina y sin rendición de cuentas, el costo siempre termina en el mismo lugar: sobre quienes trabajan, generan y producen.

La pregunta que vale la pena hacerse hoy no es qué pasará con el cierre de gobierno esta semana. Eso se resolverá, como siempre, en el último minuto con un acuerdo parcial que no resuelve nada estructural. La pregunta real es cuántos ciclos más de este mismo patrón puede absorber la economía más grande del mundo antes de que las consecuencias sean irreversibles.

Nosotros seguiremos reportando los hechos como son. Porque hay cosas que vale la pena defender.

Por Eduardo Rios