Cuando la potencia hegemónica improvisa su política exterior, las economías medianas pagan el precio. México necesita leer el tablero antes de que el tablero cambie.

La semana geopolítica no tiene un solo centro de gravedad: tiene varios, y todos apuntan hacia la misma pregunta de fondo. ¿Cuánto control real ejerce Washington sobre su propia política exterior en este momento? La respuesta importa más de lo que parece desde Saltillo, desde Monterrey, desde cualquier sala de juntas donde se negocie con contrapartes estadounidenses.

Empecemos con Irán, porque ahí está el dato más revelador de la semana.

Cuando la narrativa militar pierde el hilo

Las últimas encuestas publicadas en medios estadounidenses muestran una caída significativa en el apoyo público a una posible escalada militar contra Irán. El gobierno de Trump, que en semanas anteriores construía una narrativa de presión máxima y posible intervención, enfrenta ahora lo que en términos estratégicos se llama credibility gap: la distancia entre lo que un actor amenaza y lo que su propio electorado está dispuesto a sostener.

Israel, por su parte, no espera consensos internos en Washington. Intensifica sus ataques. Irán rechaza cualquier alto al fuego. La región se mueve en una dirección mientras la potencia que supuestamente la conduce busca reencuadrar su narrativa para una audiencia doméstica que ya no sigue el guión.

Esto no es solo un problema de comunicación política. Es un problema estructural de política exterior, y México debe entenderlo como tal.

Cuando Estados Unidos improvisa en Medio Oriente, los mercados energéticos se tensan. Cuando los mercados energéticos se tensan, la inflación de insumos industriales presiona a las manufacturas del norte de México. Cuando esa presión llega a las plantas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las decisiones de inversión se posponen. La cadena es directa. No es teoría: es la mecánica que hemos visto operar en cada ciclo de inestabilidad regional desde la primera Guerra del Golfo.

México no tiene voto en lo que pase con Irán. Pero sí tiene la obligación de leer ese riesgo con precisión y posicionarse en consecuencia. No vemos señales de que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté haciendo ese ejercicio con la seriedad que requiere.

El frente interno: elecciones, prensa y el Estado que se expande

Dentro de Estados Unidos, la semana entrega otro dato que debe analizarse sin ingenuidad.

El Senado republicano avanzó el SAVE Act, una reforma electoral que el gobierno de Trump impulsó con fuerza. La propuesta endurece los requisitos de verificación de ciudadanía para votar en elecciones federales. Sus defensores argumentan integridad electoral. Sus críticos señalan efectos restrictivos sobre comunidades migrantes y minorías. El debate es legítimo y vale la pena seguirlo.

Pero lo que no puede ignorarse es el patrón más amplio: en la misma semana, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) amenazó con revisar y potencialmente revocar licencias de medios que, según la administración, no cumplen con el estándar de "interés público". La señal es inequívoca para cualquiera que haya estudiado derecho constitucional comparado: cuando el Estado comienza a usar el poder regulatorio como instrumento de presión sobre la prensa, el daño a la libertad de expresión no requiere una ley explícita de censura. Basta con la amenaza.

Esto importa a México por razones que van más allá de la solidaridad democrática abstracta.

El T-MEC —Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— contiene en su Capítulo 19 disposiciones sobre transparencia y, en su Capítulo 28, mecanismos de revisión institucional. Más relevante aún: el acuerdo fue diseñado bajo el supuesto implícito de que las tres economías operan bajo marcos de derecho relativamente estables y predecibles. Cuando uno de los socios empieza a usar agencias regulatorias con fines políticos —ya sea la FCC contra medios, ya sea el Departamento de Comercio contra empresas de países considerados "no confiables"— la previsibilidad jurídica que sustenta el tratado se erosiona.

No es una amenaza teórica. Es el entorno operativo real en el que las empresas mexicanas deben tomar decisiones de inversión, exportación y cumplimiento normativo hoy.

La trampa del socio impredecible

Aquí está el nudo del argumento.

México tiene con Estados Unidos una relación de interdependencia asimétrica. Eso es un hecho estructural, no un insulto. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. El T-MEC es el marco jurídico que regula esa relación. Y ese marco fue construido sobre la premisa de que ambas partes respetarían sus compromisos con consistencia institucional.

Lo que estamos viendo en Washington esta semana no es consistencia institucional. Es una administración que improvisa su postura ante Irán según las encuestas, que usa agencias federales para presionar a medios de comunicación, y que avanza reformas electorales en un contexto donde la legitimidad del proceso es ella misma objeto de disputa.

Eso no lo convierte automáticamente en una amenaza directa para México. Pero sí genera un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar de manera impredecible. Y en derecho comercial internacional, la impredecibilidad tiene un costo que se mide en primas de riesgo, en contratos que no se firman, en inversiones que se desvían.

La pregunta que México debe hacerse no es "¿cómo nos afecta lo que pase en Irán?" La pregunta correcta es: "¿cómo nos posicionamos frente a un socio comercial cuya política exterior e interna atraviesa un ciclo de inestabilidad interna?"

Lo que México debería hacer

Primero: activar los mecanismos de consulta del T-MEC de manera proactiva, no reactiva. El Capítulo 31 del tratado establece procedimientos de solución de controversias. México no debe esperar a que surja una disputa formal para usar esos canales. Puede —y debe— usarlos para clarificar el alcance de compromisos en sectores sensibles antes de que la ambigüedad se convierta en litigio.

Segundo: diversificar con urgencia real, no retórica. La dependencia del 80% en un solo mercado es una vulnerabilidad estratégica. Los acuerdos con la Unión Europea, con el bloque del Indo-Pacífico, con América del Sur, no son proyectos de largo plazo que puedan posponerse. Son seguros de riesgo que México debería haber activado hace una década y que hoy son más urgentes que nunca.

Tercero: defender la institucionalidad mexicana con la misma energía que se exige a los socios. Sería hipócrita exigir a Washington respeto por el estado de derecho mientras en México el Poder Judicial ha sido objeto de una reforma que concentra poder en el Ejecutivo y debilita la independencia de los tribunales. La credibilidad de México como interlocutor en tratados internacionales depende también de su propia solidez institucional.

El mundo no espera. Irán no espera. Washington tampoco.

México puede elegir entre leer el tablero con lucidez o seguir improvisando. Una de esas opciones tiene costos que alguien pagará. Y ese alguien, como siempre, será el sector productivo que trabaja, exporta y sostiene la economía real de este país.

Por Andres Castillo