Cuando la política exterior se convierte en espectáculo y la economía paga la entrada

La confianza es el activo más caro que tiene un gobierno. Y también el más frágil. Una encuesta publicada esta semana en Estados Unidos reveló que el apoyo ciudadano a una posible acción militar contra Irán cayó más de doce puntos porcentuales en menos de un mes. No por un cambio en la amenaza nuclear iraní. No porque Irán haya firmado un acuerdo. Sino porque la narrativa oficial cambió tres veces en tres semanas, y los ciudadanos —que no son tontos— notaron la improvisación.

Eso tiene un precio económico. Concreto, medible, inmediato.

Cuando una administración comunica de forma errática en política exterior, los mercados financieros responden antes que los analistas políticos. El índice de volatilidad implícita del mercado de opciones —el llamado VIX, conocido coloquialmente como el "índice del miedo"— registró picos cada vez que la Casa Blanca lanzó señales contradictorias sobre Irán. El petróleo fluctuó entre cuatro y siete dólares por barril en cuestión de días, no por cambios en la oferta o la demanda, sino por incertidumbre geopolítica manufacturada desde Washington.

Eso no es un dato abstracto. Es el costo de llenar el tanque de gasolina. Es el margen de una empresa de transporte. Es la cadena de suministro de cualquier fabricante que importa componentes.

La improvisación en política exterior no es gratis. La pagan los ciudadanos que jamás seguirán una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

Pero hay algo más perturbador que la volatilidad del petróleo. Esta semana, el Senado estadounidense —con mayoría republicana— avanzó en la aprobación de la llamada SAVE Act, una reforma electoral que exigiría comprobación de ciudadanía para votar en elecciones federales. Simultáneamente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenazó con revisar las licencias de emisoras que, según la administración, difunden información "sesgada".

Dos movimientos en apariencia distintos. Un mismo patrón.

El primero restringe el acceso al proceso democrático bajo el argumento de la integridad electoral —un argumento legítimo en teoría, pero que en la práctica históricamente ha servido para reducir la participación en comunidades específicas. El segundo usa el poder regulatorio del Estado para disciplinar medios de comunicación que incomodan al poder. Ambos, ejecutados por una administración que se define a sí misma como defensora de la libertad.

La incoherencia no es accidental. Es estructural.

Aquí es donde el análisis económico importa más que el político. Cuando un Estado —cualquier Estado, de cualquier signo— comienza a usar el aparato regulatorio para controlar la narrativa pública, el daño no se limita a la libertad de prensa. Se extiende al clima de inversión, a la percepción de riesgo institucional y, en última instancia, a la capacidad de un país para atraer capital.

Los inversores internacionales no solamente miran tasas de interés y déficit fiscal. Miran certeza jurídica. Miran predictibilidad regulatoria. Miran si las reglas del juego cambian según quien esté incómodo con el resultado.

Hungría es un caso documentado: desde que el gobierno de Orbán comenzó a presionar medios y concentrar poder regulatorio, la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB cayó consistentemente por debajo del promedio de la Unión Europea. No hubo una causa única. Pero el deterioro del estado de derecho —incluyendo la presión sobre medios— formó parte del diagnóstico de firmas como Moody's y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Estados Unidos no es Hungría. Pero los principios institucionales no tienen pasaporte.

Volvamos a Irán, porque el conflicto tiene una dimensión económica que se menciona poco. Israel intensificó sus ataques esta semana. Irán rechazó cualquier alto al fuego. Y Washington, que debería estar construyendo una posición negociadora coherente, estaba ocupado reencuadrando su narrativa doméstica.

El estrecho de Ormuz es el cuello de botella por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cualquier escalada que amenace ese corredor —incluso la percepción de una escalada— tiene efectos inmediatos sobre los precios de la energía globales. México, que importa gasolinas refinadas a pesar de ser productor de crudo, es particularmente vulnerable a esa volatilidad. Las empresas mexicanas que operan con márgenes ajustados en logística y manufactura lo saben bien.

Que la principal potencia occidental esté gestionando una crisis de esa magnitud con la coherencia de una cuenta de redes sociales es, en términos económicos, un riesgo sistémico que nadie eligió asumir.

Hay una pregunta que vale la pena formular sin eufemismos: ¿cuándo la concentración de poder deja de ser una agenda política y se convierte en un problema económico estructural?

La respuesta corta es: cuando afecta las expectativas de largo plazo. Y las expectativas de largo plazo son exactamente lo que determina si una empresa construye una planta, si un empresario contrata más trabajadores, si un fondo de pensiones asigna capital a deuda soberana.

La independencia de los medios, la integridad del proceso electoral y la coherencia en política exterior no son temas de cultura política abstracta. Son variables en la ecuación de riesgo-país. Los economistas las llaman "instituciones". Los inversores las llaman "certeza". Los ciudadanos que las pierden las llaman, mucho después, "el momento en que todo empezó a cambiar".

Lo que esta semana dejó en el registro es un patrón que debería preocupar independientemente de la afinidad ideológica con la administración Trump: una política exterior que improvisa en uno de los conflictos más volátiles del planeta, un aparato regulatorio que se orienta hacia el control de medios, y una reforma electoral que avanza con velocidad legislativa inusual.

Cada uno de esos elementos, por separado, puede tener una justificación política defendible. Juntos, y simultáneos, configuran algo distinto: un gobierno que está rediseñando las reglas del juego mientras el juego está en curso.

Los mercados toleran muchas cosas. La incertidumbre sostenida no es una de ellas.

Y la cuenta, como siempre, no la paga el gobierno. La pagan quienes trabajan, producen e invierten. Que son, precisamente, los que menos voz tienen en este espectáculo.

Por Claudia Vargas