Mientras Washington improvisa y el Medio Oriente arde, el sector productivo mexicano paga la factura del desorden ajeno
El mundo que conocíamos hace tres años —predecible, negociable, con reglas claras— ya no existe. Lo que tenemos hoy es otra cosa: un presidente estadounidense que gobierna por impulso, un conflicto en el Medio Oriente que nadie controla del todo, y una arquitectura institucional en Washington que cruje bajo el peso de la concentración de poder. Para los que miramos esto desde México —desde el sector productivo, desde las empresas que dependen del comercio con Estados Unidos, desde los contribuyentes que financian un Estado que ya no les garantiza certeza— la pregunta no es académica. La pregunta es concreta: ¿cuánto nos cuesta este desorden y qué hacemos con él?
Empecemos por los hechos.
La guerra contra Irán —o lo que sea que estemos llamando así— ha perdido apoyo público en Estados Unidos con una velocidad que debería preocupar a cualquier analista serio. La narrativa cambia semana a semana. Un día es una operación quirúrgica, al siguiente es una amenaza existencial, después es una oportunidad diplomática. Mientras tanto, Irán rechaza el alto al fuego e Israel intensifica sus ataques. No hay arquitectura diplomática visible. No hay doctrina coherente. Hay un micrófono encendido y un presidente que lo usa antes de que sus asesores terminen de formular la política.
Eso no es liderazgo. Es improvisación con consecuencias reales para los mercados de energía, para la estabilidad regional y para la percepción de riesgo global.
Al mismo tiempo, en Washington se mueven fichas que van mucho más allá del conflicto en el Medio Oriente. El Senado republicano avanza la SAVE Act —una reforma electoral legítima en sus objetivos de integridad del voto, pero parte de un paquete más amplio de consolidación de poder que incluye presión sobre medios de comunicación a través de la FCC y un endurecimiento migratorio que redefine los límites del Ejecutivo. Cuando un gobierno avanza simultáneamente sobre las elecciones, la prensa y la migración, no estamos ante una agenda legislativa ordinaria. Estamos ante una reconfiguración del equilibrio de poder. Podemos coincidir con algunas de esas medidas en sus méritos individuales —la integridad electoral importa, el control migratorio importa— y aun así reconocer que la velocidad y la concentración con que se ejecutan generan una incertidumbre institucional que el mercado no premia.
Y aquí está el punto que nos corresponde a nosotros.
México no puede darse el lujo de ser espectador pasivo de este desorden. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. El T-MEC no es solo un tratado comercial: es la columna vertebral del modelo productivo del norte y el centro del país. Cuando Washington improvisa, cuando los aranceles aparecen y desaparecen como instrumento de presión política, cuando la estabilidad institucional del socio principal está en cuestión, el sector exportador mexicano absorbe el golpe. Las decisiones de inversión se posponen. Las cadenas de suministro se reconfiguran. Los contratos se renegocian con cláusulas de escape.
El sector logístico lo resiente en tiempo real. Las empresas que operan en el corredor industrial del norte llevan meses tomando decisiones con información incompleta, porque la señal que viene del norte cambia cada semana. Eso tiene un costo medible: en inventarios, en financiamiento, en planeación de capacidad. No es catastrofismo —es la aritmética básica de operar en un entorno de alta incertidumbre.
Lo que México necesita en este contexto no es alineamiento automático ni distancia reactiva. Necesita una postura de Estado: clara, predecible y anclada en sus intereses económicos reales. Eso significa defender la certeza jurídica para la inversión —nacional y extranjera— como condición no negociable. Significa que las instituciones autónomas que dan confianza a los mercados —el Banco de México, los órganos reguladores, el sistema judicial— no son obstáculos a reformar sino activos estratégicos a preservar. Y significa que la política exterior no puede ser un reflejo del humor del gobierno en turno, sino una línea consistente que proteja el acceso al mercado estadounidense sin sacrificar soberanía en el altar del aplauso doméstico.
Hay una lección que cualquier empresario con operaciones internacionales conoce bien: cuando el entorno externo se vuelve volátil, la única ventaja competitiva que puedes controlar es tu propia solidez institucional. Las empresas que sobreviven los ciclos de turbulencia no son las más grandes ni las más conectadas políticamente —son las que tienen reglas internas claras, contratos que se cumplen y equipos que saben qué hacer cuando el mercado se mueve.
Lo mismo aplica a los países.
México puede salir de este ciclo de desorden global en una posición más fuerte, si —y solo si— elige construir certeza hacia adentro mientras el mundo se sacude hacia afuera. Eso requiere decisiones que el gobierno actual no ha demostrado querer tomar: revertir el debilitamiento de organismos autónomos, reabrir el diálogo con el sector privado en lugar de tratarlo como adversario, y abandonar la retórica de confrontación con instituciones que el propio Estado necesita para funcionar.
La edición de hoy documenta un mundo que se mueve rápido y mal. Guerras sin doctrina, reformas sin contrapeso, gobiernos que confunden el ruido con la acción. Nosotros —los que producimos, los que generamos empleo, los que pagamos impuestos y queremos reglas que se cumplan— no podemos permitirnos el mismo error.
El ruido no es estrategia. Nunca lo fue.
Por Eduardo Rios