Cuando Estados Unidos fija plazos con amenaza de bombardeo, el derecho internacional no desaparece — pero sí revela quién tiene poder real para invocarlo

La semana pasada, Donald Trump lanzó un ultimátum que en cualquier otro contexto habría provocado una crisis diplomática de proporciones históricas: o Irán abre el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, o enfrenta bombardeos. Al mismo tiempo, la administración republicana presentó una solicitud de gasto militar de 1.5 billones de dólares — la cifra más alta en la historia del presupuesto estadounidense. No son dos noticias separadas. Son los dos lados de la misma moneda, y México tiene mucho que aprender de lo que está ocurriendo.

La geografía como argumento jurídico

Primero, el marco legal, porque importa. El Estrecho de Ormuz es, técnicamente, una vía de tránsito internacional regulada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), específicamente bajo el régimen de paso en tránsito establecido en su Parte III. Ese régimen garantiza el libre tránsito de buques y aeronaves a través de estrechos utilizados para la navegación internacional, incluso cuando dichos estrechos están bordeados por las aguas territoriales de un Estado soberano.

Irán no firmó CONVEMAR. Ese es el argumento que Teherán utiliza para no sentirse vinculado por el marco multilateral. Estados Unidos tampoco la ratificó — hecho que convenientemente se omite en la mayoría de las coberturas mediáticas — pero invoca el derecho consuetudinario internacional que, en su criterio, refleja las mismas normas. El resultado es una paradoja clásica del derecho internacional: dos potencias que rechazan el tratado multilateral, pero que cada una usa su interpretación del derecho consuetudinario para justificar posiciones diametralmente opuestas.

En ese vacío jurídico, quien manda es quien tiene más portaaviones en el Golfo Pérsico. Hoy, eso es Estados Unidos.

El presupuesto como doctrina

No es casualidad que la solicitud de 1.5 billones en gasto de defensa llegue simultáneamente con el ultimátum a Irán. Esto no es política exterior improvisada — es una doctrina coherente, aunque brutalmente pragmática: la capacidad militar como argumento jurídico de facto.

La administración Trump ha reencuadrado el debate sobre gasto militar con una lógica que merece analizarse sin hipocresía. La tesis es simple: si Estados Unidos proyecta superioridad militar indiscutible, los adversarios calculan el costo de la confrontación y, racionalmente, ceden. Es la doctrina de la disuasión aplicada al siglo XXI con retórica de reality show, pero con consecuencias reales.

El dilema fiscal es innegable. Un presupuesto de defensa de esa magnitud, combinado con los recortes de ingresos derivados de la política arancelaria y las extensiones tributarias, produce un déficit estructural que los propios economistas republicanos reconocen como insostenible a largo plazo. Pero aquí está la apuesta de fondo: si la hegemonía militar garantiza el control de rutas comerciales críticas, el retorno geopolítico puede justificar, al menos temporalmente, el costo fiscal. Es una apuesta arriesgada. Y México está en la mesa, aunque no haya pedido estar.

El respaldo a Orbán y el mapa que se redibuja

El vicepresidente J.D. Vance visitó a Viktor Orbán en Budapest y ofreció un respaldo político que hace dos años habría sido impensable desde Washington. La señal es clara: la administración republicana está dispuesta a redefinir las alianzas occidentales con base en afinidad ideológica, no en membresía institucional. La OTAN no desaparece, pero su centralidad como marco de decisión se debilita cuando Washington prefiere negociar bilateralmente con líderes afines.

Esto tiene implicaciones directas para México, aunque parezca lejano. Si la administración Trump está dispuesta a romper con el multilateralismo europeo cuando le conviene, ¿por qué asumiría que respetará irrestrictamente los marcos multilaterales que nos protegen a nosotros? El T-MEC no es intocable por su arquitectura jurídica — es relativamente sólido mientras a Estados Unidos le convenga mantenerlo. El día que no le convenga, la presión para renegociarlo llegará con la misma lógica transaccional que hoy se aplica al Estrecho de Ormuz.

La lección que México debe extraer

Hay una diferencia fundamental entre lo que ocurre en el Golfo Pérsico y lo que ocurre en América del Norte, y México debe entenderla con precisión quirúrgica: Irán es un adversario declarado de Estados Unidos; México es un socio comercial con 600 mil millones de dólares en intercambio bilateral anual. Esa diferencia es nuestro mayor activo negociador. Pero solo si sabemos usarlo.

Lo que el ultimátum a Irán revela es que Trump opera con una lógica de costos y beneficios, no de principios abstractos. Cuando el costo de confrontar a un actor es bajo y el beneficio es alto — control de una ruta energética crítica —, confronta. Cuando el costo es alto —interrumpir la cadena de suministro industrial con México, dañar al sector automotriz, encarecer los bienes de consumo para el votante estadounidense— la racionalidad económica impone límites reales a la agresividad.

Eso no significa que México deba ser complaciente. Significa que México debe ser estratégico. Cada vez que el gobierno mexicano cede en una disputa de paneles del T-MEC sin agotar los mecanismos legales disponibles, cada vez que acepta una interpretación desfavorable del Capítulo 14 sobre inversión o del Capítulo 32 sobre prácticas desleales, está debilitando el precedente para la siguiente negociación. El derecho internacional no protege a los ingenuos — protege a quienes lo invocan con consistencia y con respaldo técnico sólido.

Lo que México no debería hacer

Hay una tentación peligrosa que debe nombrarse: usar la tensión entre Estados Unidos e Irán como pretexto para una retórica tercermundista de solidaridad con el Sur Global. Esa postura no solo es ineficaz — es contraproducente. México no tiene intereses estratégicos en el Golfo Pérsico que justifiquen tomar partido en ese conflicto. Nuestra zona de influencia, nuestros intereses económicos y nuestro marco de negociación está en América del Norte.

Cualquier declaración de la Cancillería que se perciba como crítica al posicionamiento militar de Estados Unidos en el Golfo será leída en Washington como una señal de alineación con actores hostiles — y esa percepción tiene costos reales en la mesa del T-MEC, en las visas, en la cooperación en seguridad. La soberanía de México no se defiende aplaudiendo a los adversarios de nuestro principal socio comercial. Se defiende construyendo instituciones sólidas, diversificando alianzas económicas con Europa y Asia, y negociando desde la fortaleza técnica y jurídica en cada foro bilateral.

El alegato final

El mundo que emerge de esta semana — con un ultimátum militar sobre el Estrecho de Ormuz, un presupuesto de defensa récord y Washington redibujando alianzas en Europa del Este — es un mundo donde el poder duro vuelve a definir las reglas. El multilateralismo no murió, pero está en cuidados intensivos.

En ese contexto, México tiene una sola opción racional: ser el socio más valioso, más confiable y más técnicamente preparado que Estados Unidos tiene en el continente. No por sumisión — por conveniencia estratégica mutua. Que esa conveniencia sea tan obvia para Washington que el costo de presionarnos sea siempre mayor que el beneficio.

Eso requiere negociadores que conozcan cada coma del T-MEC. Requiere una política exterior que no confunda retórica con estrategia. Y requiere entender que, en la geopolítica de 2025, los tratados valen lo que valen los actores que los defienden.

El Estrecho de Ormuz está a miles de kilómetros. La lección que contiene está aquí mismo.

Por Andres Castillo