Trump pide el mayor presupuesto militar de la historia. La pregunta que su gabinete no responde: ¿con qué?

El Pentágono cuesta, en promedio, 850 millones de dólares al día. No es una metáfora: es el ritmo al que Estados Unidos financia su supremacía militar desde hace décadas. Ahora Donald Trump quiere acelerar ese ritmo de manera sustancial. Su solicitud presupuestaria asciende a 1.5 billones de dólares en gasto de defensa —combinando el presupuesto base del Pentágono con partidas adicionales incluidas en el paquete fiscal que negocia el Congreso— y la cifra no tiene precedente en términos nominales en la historia del país.

El argumento estratégico tiene coherencia interna: Irán amenaza el estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial; China moderniza su marina a un ritmo que preocupa a los analistas serios; Rusia lleva tres años reescribiendo las reglas militares en Europa. Nadie con criterio niega que el entorno geopolítico justifica una defensa robusta. El problema no es el qué. El problema es el cómo, y ahí el gobierno de Trump guarda un silencio que debería incomodar a cualquier conservador fiscal digno de ese nombre.

El déficit que no aparece en los discursos

Estados Unidos cerrará el año fiscal 2025 con un déficit proyectado que supera 1.8 billones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La deuda pública total ya superó los 36 billones. Los intereses sobre esa deuda —solo los intereses— consumirán este año más dinero que el presupuesto completo de defensa de cualquier país europeo. Y en ese contexto, la administración propone un incremento histórico en gasto militar sin señalar, con precisión, qué se recorta para compensarlo.

Los republicanos del ala fiscal —los que quedan— han comenzado a expresar su malestar. El senador Rand Paul ha sido el más explícito: aprobar este presupuesto sin reformas estructurales al gasto discrecional y a los programas de transferencias es, en sus palabras, «hipocresía fiscal disfrazada de patriotismo». No es una posición marginal. Es la tensión real dentro del Partido Republicano entre el nacionalismo de defensa y el conservadurismo presupuestario que, históricamente, definió al partido.

La pregunta concreta que nadie en la Casa Blanca ha respondido con números es esta: si el gasto en defensa sube 1.5 billones en la ventana de diez años que contempla el paquete presupuestario, ¿qué programas se eliminan, qué deducciones desaparecen, qué agencias cierran? Los documentos publicados hasta ahora ofrecen recortes en agencias regulatorias, en ayuda exterior y en algunos programas sociales. Los analistas independientes, incluyendo el Committee for a Responsible Federal Budget, han calculado que esos recortes cubren una fracción menor del incremento propuesto. El resto, por ahora, es deuda.

El dilema que define la década

Hay una discusión legítima y urgente sobre cuánto debe gastar una potencia global en su defensa. La respuesta correcta no es cero, ni es ilimitada. Lo que distingue a una política de defensa seria de una política de defensa populista es precisamente la disposición a hacer esa aritmética en público.

Eisenhower —que sabía de ejércitos— advirtió en 1961 sobre el «complejo militar-industrial» no porque fuera pacifista, sino porque era fiscal. Entendía que una economía que dirige proporciones crecientes de su capital hacia el gasto improductivo —incluso el gasto necesario en defensa— sacrifica inversión privada, innovación y crecimiento de largo plazo. Esa advertencia no ha envejecido mal.

Lo que resulta difícil de conciliar con un conservadurismo coherente es la combinación de tres elementos simultáneos: incremento histórico en gasto militar, extensión de los recortes fiscales de 2017 que reducen ingresos, y ausencia de reformas estructurales al gasto en seguridad social y Medicare —los verdaderos motores del déficit estructural—. Esa combinación no es una política fiscal conservadora. Es una apuesta a que los mercados de deuda soberana seguirán financiando indefinidamente el modelo.

Los mercados, por ahora, lo hacen. Pero la trayectoria importa. Cuando la deuda sobre el PIB supera ciertos umbrales —y Estados Unidos ya está en territorio históricamente incómodo—, el costo del financiamiento sube, la inflación se vuelve más difícil de controlar y el margen para responder a crisis futuras se estrecha. No es ideología: es aritmética.

Ormuz, la presión y el costo de la señal

El contexto inmediato es la escalada con Irán. Trump ha fijado un plazo público: abrir el estrecho de Ormuz o enfrentar consecuencias militares. Es una señal de fuerza deliberada, del tipo que Trump ha utilizado antes con resultados mixtos. La lógica de disuasión tiene mérito: los regímenes que perciben debilidad en su interlocutor tienden a escalar. Mostrar determinación puede evitar un conflicto, no provocarlo.

Pero la señal tiene un costo que va más allá de lo diplomático. Cada vez que una administración vincula su credibilidad a un ultimátum público, eleva el precio político de no actuar. Si Irán no cede y Estados Unidos no ejecuta, la disuasión se erosiona. Si ejecuta, el costo fiscal, humano y geopolítico de una operación militar en el Golfo Pérsico es, en el mejor de los escenarios, sustancial. El petróleo a 120 dólares el barril —escenario conservador ante cualquier interrupción en Ormuz— no es un dato menor para una economía que todavía procesa la inflación de los últimos años.

Nada de esto significa que la presencia militar en el Golfo sea innecesaria o que Irán deba quedar sin consecuencias por sus acciones. Significa que la política exterior seria distingue entre señales tácticas y compromisos estratégicos, y que mezclarlos sin una doctrina clara produce exactamente el tipo de inestabilidad que pretende evitar.

Lo que un conservador fiscal debería exigir

El gasto en defensa puede y debe justificarse. Pero justificarlo requiere algo más que cifras brutas y retórica sobre amenazas reales. Requiere mostrar qué capacidades específicas se adquieren, qué ineficiencias del Pentágono —una institución que ha reprobado todas sus auditorías internas desde que las auditorías son obligatorias, en 2018— se corrigen, y cómo se financia sin destruir la disciplina fiscal que hace sostenible cualquier proyecto de largo plazo.

Un gobierno que pide 1.5 billones para defensa mientras acumula deuda sin plan de consolidación no está siendo fuerte. Está siendo irresponsable con el dinero de los contribuyentes y con la estabilidad de la economía que pretende proteger.

Eso vale la pena decirlo. Aunque no sea lo que nadie quiere escuchar.

Por Claudia Vargas