Entre una potencia que redefine su rol global y una región que busca alinearse, el sector productivo mexicano necesita claridad estratégica, no discursos.

Lo que ocurrió esta semana en Washington no es ruido político de temporada. Es la señal más clara en años de que el orden global está siendo reescrito, y México tiene un lugar en esa historia —para bien o para mal— dependiendo de las decisiones que tome en los próximos meses.

La administración Trump solicitó 1.5 billones de dólares en gasto militar. Fijó un ultimátum a Irán sobre el Estrecho de Ormuz. Respaldó, a través del vicepresidente Vance, el modelo político de Viktor Orbán en Europa del Este. Cada uno de esos movimientos, visto de manera aislada, parece una nota más en el ciclo de noticias. Vistos juntos, son la arquitectura de una política exterior que privilegia la fuerza, la negociación bilateral y el repliegue del multilateralismo liberal. Estados Unidos no está roto ni perdido: está eligiendo un rumbo. La pregunta para nosotros es si México está eligiendo el suyo.

El precio de la indiferencia estratégica

El Estrecho de Ormuz controla aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Una escalada militar en esa zona no es un problema del Golfo Pérsico: es un problema de costos logísticos, de precios de energía y de cadenas de suministro que llegan directo al corredor industrial del norte de México. El sector manufacturero, el automotriz, el electrónico —todos los que sostienen las exportaciones del T-MEC— operan con márgenes que no absorben choques energéticos sin consecuencias. Esto no es teoría geopolítica: es la ecuación que miles de empresarios en México tendrán que resolver si la tensión en Ormuz escala a conflicto.

Y sin embargo, la respuesta institucional del gobierno mexicano ante este panorama ha sido el silencio o, peor, la retórica de soberanía que suena bien en los discursos pero no protege una sola planta de manufactura ni un solo contrato de exportación.

El gasto militar que nadie sabe cómo pagar

Hay una paradoja incómoda en la agenda republicana que vale la pena nombrar con claridad: el mismo partido que critica el gasto público desordenado está impulsando el presupuesto de defensa más alto de la historia reciente de Estados Unidos. 1.5 billones de dólares es una cifra que tensará el déficit federal, que presionará las tasas de interés y que, inevitablemente, tendrá efectos sobre el financiamiento disponible para la región. Los mercados emergentes, incluido México, sienten esa presión antes que nadie.

Quienes defendemos la disciplina fiscal no podemos aplicarla de manera selectiva. El gasto es gasto, lleve uniforme o no. Y los contribuyentes —en cualquier país— merecen que se justifique cada dólar con resultados medibles. Eso no es antipatriotismo; es la exigencia mínima de un estado que rinde cuentas.

Vance, Orbán y la nueva geometría occidental

El respaldo de Washington al modelo Orbán no es un accidente diplomático. Es una declaración de valores: que la soberanía nacional, el control migratorio y el escepticismo ante las instituciones supranacionales son principios legítimos de gobierno. Desde nuestra perspectiva editorial, algunos de esos principios tienen mérito real. Pero también hay una diferencia fundamental entre defender la soberanía y desmantelar los contrapesos institucionales que protegen al ciudadano del poder arbitrario.

México debería observar esa distinción con atención, porque el gobierno de la 4T lleva años repitiendo la misma operación: invocar la soberanía para justificar la concentración de poder, el debilitamiento de organismos autónomos y la militarización de funciones civiles. No es soberanía lo que se defiende cuando se elimina la competencia regulatoria o se subordinan los órganos electorales al ejecutivo. Es control. Y eso tiene un costo económico directo: menos inversión privada, menos certeza jurídica, menos empleos formales.

Lo que el sector productivo necesita escuchar

Cualquier empresario con operaciones transfronterizas sabe la regla básica: no tomes decisiones de largo plazo en medio de la incertidumbre sin antes definir tu exposición al riesgo. Hoy, esa exposición incluye un socio comercial que redefine sus prioridades geopolíticas, un entorno energético global volátil, y un gobierno doméstico que no ha dado señales claras de querer fortalecer el ambiente de inversión.

Lo que el sector productivo necesita no son declaraciones de que México es una potencia emergente. Necesita reglas que se cumplan, contratos que se respeten, infraestructura que funcione y una política exterior que defienda activamente los intereses comerciales del país en cada mesa de negociación. Necesita un Estado que entienda que la prosperidad no se decreta: se construye con instituciones confiables y competencia leal.

El momento de elegir

El mundo que está emergiendo esta semana —con Washington proyectando fuerza militar, con Europa del Este reformateando sus alianzas, con el Estrecho de Ormuz como tablero de ajedrez energético— es un mundo que premia a quienes llegan preparados y castiga a quienes esperan que otros definan las reglas.

México tiene una posición geográfica, una base industrial y un tratado comercial que son activos reales en este nuevo mapa. El T-MEC no es un favor que nos hicieron: es el resultado de décadas de integración productiva que miles de empresas, trabajadores y emprendedores construyeron con sus decisiones cotidianas.

La pregunta no es si el mundo cambia. Cambia. La pregunta es si quienes toman decisiones en este país —en el gobierno, en el sector privado, en la sociedad civil— están a la altura del momento.

Nosotros creemos que el sector productivo mexicano lo está. Que tiene la capacidad, la experiencia y la voluntad de competir en cualquier entorno. Lo que exigimos es que el Estado deje de ser el principal obstáculo en ese camino.

Eso es lo que vale la pena defender.

Por Eduardo Rios