Trump pone sobre la mesa el gasto militar más ambicioso en décadas. La oposición responde con indignación selectiva. Los números, sin embargo, no mienten.

El presupuesto de defensa de Estados Unidos ya era el más grande del mundo antes de que Donald Trump llegara por segunda vez a la Casa Blanca. En 2024, el Pentágono operó con aproximadamente 886 mil millones de dólares. Ahora, la administración Trump solicita 1.5 billones —con b, billones americanos— para el ejercicio fiscal 2026. Un incremento de más del 60% en un solo ciclo presupuestario.

La cifra es extraordinaria. También lo es la reacción del Partido Demócrata, que lleva años defendiendo presupuestos federales de magnitud récord, pero de repente ha descubierto la virtud de la austeridad fiscal. Conviene examinar esa contradicción con cuidado, porque revela algo más profundo que la política coyuntural: revela la lógica selectiva con la que la izquierda estadounidense administra su indignación.

El argumento de Trump: reconstruir disuasión

La solicitud presupuestaria no surge del vacío. La administración la ancla en un diagnóstico concreto: décadas de desinversión relativa han erosionado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El inventario de municiones es insuficiente para un conflicto de alta intensidad prolongado —lección visible tras el apoyo militar a Ucrania, que dejó al descubierto reservas estratégicas más delgadas de lo que convenía admitir—. La Marina necesita expandir su flota. La inversión en tecnología hipersónica y defensa espacial va con retraso respecto a China y Rusia.

Esto no es retórica republicana. El propio informe de la Comisión de Estrategia Nacional de Defensa de 2022 —bipartidista, encargada durante la administración Biden— concluyó que Estados Unidos enfrenta "la situación de seguridad más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial" y que el ritmo de modernización militar es insuficiente. Trump tomó ese diagnóstico compartido y lo llevó a su conclusión lógica: si el problema es real, el financiamiento tiene que ser proporcional.

Se puede debatir si 1.5 billones es el número correcto. Es un debate legítimo y necesario. Lo que no es legítimo es fingir que el problema no existe.

La aritmética que incomoda a los demócratas

Aquí está la contradicción que vale la pena nombrar con precisión.

Durante los primeros dos años de la administración Biden, el gasto federal aumentó a niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Reducción de la Inflación —nombre orwelliano si los hay— comprometió 369 mil millones de dólares en subsidios a energías verdes. El Plan de Rescate Americano inyectó 1.9 billones en la economía en 2021, parte significativa de los cuales, según la propia Reserva Federal, contribuyó al repunte inflacionario más severo en cuarenta años. El déficit federal en 2023 fue de 1.7 billones de dólares, mayor que en cualquier año fuera de la pandemia o de una crisis financiera.

Eso no generó en los demócratas ningún ataque de austeridad. El gasto en programas sociales, transferencias y burocracia federal se expandió sin que nadie exigiera "pagar por ello" —la frase que ahora repiten incansablemente frente al presupuesto militar—.

Es decir: hay gasto que merece escrutinio fiscal y gasto que no, dependiendo de a quién beneficia. Esa es la postura real, aunque pocos la enuncian tan directamente.

Lo que el debate oculta: el estado real del gasto total

La discusión sobre defensa tiende a aislarse del contexto presupuestario general, lo que conviene a todos los actores políticos pero sirve poco al análisis serio.

Estados Unidos gasta hoy aproximadamente 6.75 billones de dólares federales al año. El gasto en defensa, incluso con el incremento propuesto, representaría alrededor del 22% del presupuesto total. En 1962, en plena Guerra Fría, representaba más del 48%. El crecimiento explosivo del gasto federal no ha ocurrido en el Pentágono —ha ocurrido en el Estado de Bienestar: Seguro Social, Medicare, Medicaid y el servicio de la deuda nacional, que este año superará el gasto de defensa por primera vez en la historia moderna del país.

Dicho de otra manera: el problema fiscal de largo plazo de Estados Unidos no tiene nombre militar. Tiene nombre de programa social y deuda acumulada. Quien llega a la discusión del presupuesto de defensa fingiendo descubrir ahí la raíz del desastre fiscal, está haciendo política, no análisis.

El dilema real: ¿puede permitírselo?

Eso no significa que 1.5 billones sean automáticamente justificables. La pregunta fiscal legítima no es "¿por qué gastar en defensa?" sino "¿cómo se financia esto sin deteriorar aún más la posición fiscal del país?"

Estados Unidos acumula una deuda pública de 36 billones de dólares. El déficit estructural —el que existiría incluso sin recesiones ni emergencias— es de aproximadamente 1.5 a 2 billones anuales. Añadir gasto sin identificar recortes compensatorios en otro lado o sin crecimiento económico que amplíe la base fiscal es un problema real. No republicano ni demócrata: aritmético.

La administración Trump argumenta que el crecimiento económico, la desregulación y la repatriación de inversiones generarán los ingresos necesarios. Es una apuesta de política económica con antecedentes mixtos —los recortes fiscales de 2017 aumentaron el crecimiento pero también ampliaron el déficit—. La apuesta puede funcionar parcialmente; difícilmente financiará por sí sola un incremento de esta magnitud.

Lo honesto es decir que el debate sobre el presupuesto de defensa es, en realidad, el debate sobre qué tipo de potencia quiere ser Estados Unidos en las próximas décadas, y quién paga por eso. ¿Una potencia que mantiene disuasión creíble frente a China e Irán, con el costo fiscal que implica? ¿O una potencia que gradualmente cede terreno estratégico mientras preserva programas de transferencia interna?

Esa es la pregunta que ningún político de Washington quiere plantear en esos términos, porque obliga a elegir. Es mucho más cómodo indignarse por los 1.5 billones militares mientras se evita hablar de los 3 billones que se transfieren anualmente en prestaciones de vejez y salud, o de los 900 mil millones que cuesta el servicio de la deuda.

El ángulo que nadie cubre

Hay un elemento que casi no aparece en la cobertura mediática de esta solicitud presupuestaria: el efecto sobre los aliados.

Desde 2017, la presión estadounidense para que los miembros de la OTAN lleguen al objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa ha tenido resultados concretos. Alemania, que durante décadas ignoró ese compromiso, aprobó en 2024 un fondo especial de 100 mil millones de euros para modernizar su ejército. Polonia gasta ya más del 4% de su PIB en defensa. La señal americana importa.

Si Washington aumenta su propio gasto de forma tan visible, la presión sobre aliados que todavía no cumplen se intensifica. Eso tiene una lógica geopolítica que va más allá del debate interno sobre dónde poner el dinero.

El presupuesto de defensa de Trump es, en muchos sentidos, un espejo incómodo. Refleja las contradicciones de una clase política que lleva años gastando sin límites cuando conviene a sus coaliciones electorales y descubre la prudencia fiscal exactamente cuando no es su prioridad la que está en juego.

Los números son extraordinarios. Las preguntas que generan son legítimas. Pero hacerlas con honestidad implica hacerlas para todo el presupuesto, no solo para la partida que políticamente conviene cuestionar.

Eso, aparentemente, es pedir demasiado.

Por Claudia Vargas