Trump escala con Irán, destituye a su fiscal general y amenaza a estados con sus datos electorales. Los mercados ya no le creen. ¿Debería alguien más hacerlo?

El petróleo Brent subió 4.2% en una sola sesión esta semana. No porque hubiera un cambio en los fundamentos de oferta y demanda. Subió porque Irán atacó instalaciones de refinación en la región del Golfo Pérsico y Donald Trump respondió anunciando que sus objetivos militares en Teherán están «próximos a completarse». Los mercados procesaron la noticia, se agitaron... y luego se encogieron de hombros. El índice de volatilidad repuntó brevemente y volvió a caer. Wall Street cerró mixto. El oro subió, pero con moderación.

Esa reacción —o más bien, esa no-reacción— dice más sobre el momento político de Estados Unidos que cualquier análisis geopolítico.

Cuando la amenaza pierde su precio

Hay un principio básico en economía de la disuasión: una amenaza solo funciona si es creíble. Y la credibilidad se construye con consistencia, no con ruido.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, los mercados han sido sometidos a una cadencia de anuncios alarmantes que luego se modulan, se posponen o simplemente no ocurren en los términos prometidos. Aranceles que se anuncian y se pausan. Líneas rojas que se trazan y se rediseñan. Ultimatos que expiran sin consecuencias. El resultado es una curva de descuento implícita que los operadores ya tienen incorporada: espera 72 horas antes de reposicionar.

Eso no es estabilidad. Es anestesia temporal. Y la anestesia tiene un costo: cuando la escalada sea real, el mercado tardará en reaccionar, y para entonces el daño ya será difícil de contener.

Irán atacó refinerías. Eso no es retórica. Es infraestructura destruida, flujos de suministro alterados y una señal inequívoca de que Teherán no está dispuesto a ceder sin costo. Si la respuesta estadounidense llega —y todo indica que está siendo preparada—, el escenario no es de volatilidad transitoria. Es de reconfiguración de precios energéticos con efectos que México, gran exportador de petróleo pero también gran importador de gasolinas refinadas, sentiría directamente en sus finanzas públicas y en el bolsillo de sus ciudadanos.

El fiscal general y los expedientes que nadie quiere ver

Mientras el Golfo Pérsico arde, en Washington ocurre algo igualmente revelador pero con menos cobertura económica de la que merece.

Trump destituyó a Pam Bondi como fiscal general. La razón oficial: el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La razón real, según múltiples fuentes dentro del partido republicano, es que Bondi no fue suficientemente agresiva en enterrar documentos que involucran a figuras poderosas, ni suficientemente eficiente en perseguir a los adversarios del presidente.

Esto importa económicamente por una razón que rara vez se articula con claridad: la seguridad jurídica no es un concepto abstracto para los libros de texto. Es la variable que determina si un inversor extranjero decide abrir una planta en Detroit o en Monterrey. Es el factor que separa a un Estado de derecho funcional de uno donde las reglas cambian según quién está en el poder.

Cuando el cargo de fiscal general de la primera economía del mundo se convierte en una pieza de ajedrez político —designado y destituido según su utilidad para el presidente en turno—, el mensaje que se envía a los mercados internacionales no es de fortaleza institucional. Es de fragilidad sistémica. Y esa fragilidad tiene un precio, aunque no aparezca todavía en ningún índice bursátil.

El Departamento de Justicia y los datos electorales: el Estado que sabe demasiado

Paralelamente, el Departamento de Justicia está exigiendo a los estados datos electorales sensibles —registros de votantes con información personal detallada— bajo el argumento de garantizar la integridad del proceso. El oficial de privacidad de la dependencia renunció en protesta.

Esta historia merece más atención de la que está recibiendo.

La centralización de datos electorales en manos del ejecutivo federal —bajo cualquier gobierno, de cualquier partido— es una amenaza directa a la estructura descentralizada que hace al sistema político estadounidense relativamente robusto frente a la captura de poder. Si el gobierno federal tiene acceso a quién votó, cómo votó y dónde vive, la arquitectura del poder cambia.

Para quienes defendemos el gobierno limitado y la separación de poderes, esto no es una discusión partidista. Es una línea que no debería cruzarse independientemente del color político de quien lo intenta. Un Estado que concentra poder electoral es un Estado que puede perpetuarse.

La renuncia del oficial de privacidad es, en ese sentido, la única respuesta institucional coherente. Y el hecho de que haya ocurrido sin mayor escándalo es una señal preocupante de normalización.

El costo para México

Todo esto ocurre mientras México observa desde una posición incómoda.

Una escalada militar en el Golfo Pérsico impacta los precios del petróleo. Pemex, que opera con márgenes ajustados y una deuda que supera los 100,000 millones de dólares, es extremadamente sensible a la volatilidad del crudo. Un precio alto del petróleo mejora temporalmente los ingresos fiscales, pero encarece las importaciones de productos refinados —gasolinas, diésel, petroquímicos— que México no produce en cantidad suficiente. El efecto neto es ambiguo en el corto plazo y negativo para el ciudadano que llena el tanque.

Más importante: la inestabilidad geopolítica impulsada desde Washington no es neutral para la inversión privada en México. Las empresas que evalúan cadenas de suministro en Norteamérica necesitan predictibilidad. Un socio comercial que alterna entre amenazas de aranceles, escaladas militares y purgas institucionales no es un ancla de estabilidad. Es una fuente de prima de riesgo adicional para quien invierte en la región.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya hereda un entorno de desaceleración económica, márgenes fiscales estrechos y un aparato de inversión pública sobredimensionado, no tiene margen para absorber choques externos adicionales. Pero tampoco tiene —ni ha demostrado tener— una estrategia articulada para posicionar a México como la alternativa ordenada y predecible que los mercados están buscando.

Lo que vale la pena defender

Hay una diferencia fundamental entre una estrategia de confrontación que sirve a intereses nacionales concretos y el caos como modo de gobierno.

La confrontación con Irán puede tener justificaciones estratégicas legítimas. La revisión de estructuras de inteligencia puede ser necesaria. La exigencia de integridad electoral es un principio válido. Pero cuando todos estos movimientos ocurren simultáneamente, sin arquitectura institucional que los contenga, con funcionarios destituidos en serie y con mercados que ya no saben qué señal creer, el resultado no es fortaleza. Es ruido costoso.

Los mercados ya descuentan el ruido. El problema es que el próximo evento real —una escalada que no se module, un choque que no se posponga— llegará sin que nadie esté correctamente posicionado para absorberlo.

Esa es la factura del caos como estrategia. Y la pagan, como siempre, quienes trabajan, producen y tienen algo que perder.

Por Claudia Vargas