Mientras Washington se paraliza, California y Texas ya escriben las reglas del futuro tecnológico. México debería prestar atención.

La semana pasada, Donald Trump firmó una orden ejecutiva pidiendo una estrategia federal de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, más de treinta estados de la Unión Americana ya tienen legislación propia sobre la materia, en distintas etapas de implementación. El resultado: un mapa regulatorio fragmentado, contradictorio y, para cualquier empresa que opere en múltiples estados, una pesadilla de cumplimiento.

Esto no es un detalle técnico de política interna estadounidense. Es una señal de alerta para México que nadie está leyendo con la seriedad que merece.

El caos regulatorio tiene nombre y apellido

Cuando el gobierno federal renuncia a establecer reglas claras, el vacío no permanece vacío. Lo ocupan los estados, los litigantes y los grupos de presión. En materia de inteligencia artificial, Estados Unidos está viviendo exactamente ese escenario.

California intentó aprobar el SB 1047, una ley que imponía obligaciones severas a los desarrolladores de modelos de IA de gran escala. El gobernador Gavin Newsom la vetó, pero la discusión no terminó ahí: el estado tiene docenas de iniciativas adicionales en proceso. Texas avanza por su propio carril, con un enfoque más permisivo hacia la industria pero más estricto en materia de sesgo algorítmico. Illinois regula el uso de IA en contratación laboral. Colorado exige auditorías de impacto en sistemas automatizados de decisión.

El resultado práctico: una empresa de tecnología que opera en varios estados enfrenta marcos legales incompatibles entre sí. Lo que es permitido en un estado puede ser ilegal en otro. Lo que es obligatorio en uno puede estar prohibido en el siguiente.

Esto no es federalismo sano. Es fragmentación regulatoria con consecuencias económicas reales.

Por qué le importa esto a México

Aquí es donde la columna deja de ser un análisis de política estadounidense y se convierte en una advertencia directa.

El T-MEC —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— incluye un capítulo digital, el Capítulo 19, que establece principios sobre comercio electrónico, protección de datos y flujos transfronterizos de información. Cuando ese capítulo se negoció, la inteligencia artificial generativa no existía en su forma actual. Los modelos de lenguaje de gran escala, los sistemas de decisión automatizada, los algoritmos que hoy determinan qué crédito obtienes o qué trabajo te ofrecen: nada de eso estaba en la mesa.

El Capítulo 19 del T-MEC prohíbe, en términos generales, que las partes impongan requisitos de localización de datos que restrinjan los flujos de información a través de las fronteras. También establece que los marcos regulatorios deben ser no discriminatorios. Pero no dice nada específico sobre cómo regular la IA, porque en 2020 nadie sabía con precisión qué regular.

Ese vacío hoy es un problema activo.

Si Estados Unidos termina con un régimen federal de IA que entra en conflicto con las regulaciones estatales, ¿cuál es el marco que aplica para efectos del T-MEC? ¿La ley federal? ¿La estatal? ¿Cuál de los treinta y tantos estados? Cuando una empresa mexicana de tecnología quiere operar en el mercado estadounidense, ¿contra qué reglas se mide su cumplimiento?

La respuesta honesta hoy es: nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre tiene costo.

El riesgo de la asimetría regulatoria

México tiene su propia historia reciente con la regulación digital. La reforma al INAI —el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales— está atorada en un limbo institucional. El organismo que debería estar definiendo cómo México regula el uso de datos personales, incluidos los que alimentan sistemas de inteligencia artificial, ha sido debilitado sistemáticamente por la actual administración.

Eso deja a México en una posición estructuralmente vulnerable: sin un regulador robusto en materia de datos, sin una ley de IA propia y dependiendo de lo que finalmente decida Washington —si es que decide algo coherente.

La asimetría regulatoria no es inocua. En el derecho comercial internacional existe un principio conocido como regulatory chill: cuando las reglas de un socio comercial son tan complejas o inciertas que desincentivan la inversión y el comercio. México, en este contexto, podría encontrarse en el lado perdedor de esa ecuación: siendo receptor de las reglas que otros diseñan, sin capacidad de influir en el estándar y sin la infraestructura institucional para defenderse cuando surjan disputas.

Lo que un socio comercial serio debería estar haciendo

México tiene, en teoría, instrumentos para actuar. El mecanismo de revisión del T-MEC está programado para 2026. Es una ventana de oportunidad que se abre cada seis años. La negociación comercial no es solo para resolver disputas del pasado —es para actualizar el tratado a la realidad presente.

Una posición mexicana seria en esa revisión debería incluir, como mínimo, tres cosas.

Primero, claridad sobre cuál marco regulatorio estadounidense aplica para efectos del tratado cuando existe conflicto entre el nivel federal y el estatal en materias digitales. No puede ser que México firme obligaciones con «Estados Unidos» y luego descubra que el interlocutor real son cincuenta reguladores distintos.

Segundo, una definición de estándares mínimos para el uso de inteligencia artificial en decisiones que afectan el comercio bilateral: contratación, crédito, aduanas, cumplimiento. Si un algoritmo estadounidense clasifica a una empresa mexicana como riesgo alto sin transparencia metodológica, ¿cuál es el recurso disponible bajo el T-MEC? Hoy, ninguno específico.

Tercero, y esto es urgente, México necesita fortalecer su propio marco institucional antes de llegar a esa mesa. Llegar a una negociación sin regulador de datos creíble, sin ley de IA y sin posición técnica consolidada es llegar a negociar desde la debilidad. Los socios comerciales no tienen obligación de proteger a quien no se protege a sí mismo.

El tiempo no está del lado de la improvisación

La inteligencia artificial no es el futuro. Es el presente de la economía global. Los modelos que hoy deciden qué empresas reciben financiamiento, qué trabajadores son contratados y qué productos cruzan las aduanas ya están operando. Las reglas que los gobiernen —o la ausencia de reglas— determinan quién gana y quién pierde en el comercio internacional de las próximas décadas.

Estados Unidos está en medio de un desorden regulatorio que, paradójicamente, crea una oportunidad para México: la de proponer estándares razonables, basados en evidencia, que beneficien tanto a los consumidores como a la inversión productiva. Pero aprovechar esa oportunidad requiere capacidad institucional, posición técnica y voluntad política.

Los tres ingredientes escasean hoy en la política pública mexicana.

La pregunta no es si las reglas de la inteligencia artificial afectarán a México. Ya lo están haciendo. La pregunta es si México llegará a la mesa donde esas reglas se escriben, o si llegará tarde, como siempre, a firmar lo que otros decidieron.

Hay cosas que vale la pena defender. La soberanía regulatoria en la economía digital es una de ellas.

Por Andres Castillo