Mientras Trump y los estados pelean por quién regula la inteligencia artificial, la tecnología ya decidió su propio camino. El problema es que la política siempre llega tarde y cobra caro.

California tiene 40 leyes estatales activas sobre inteligencia artificial. Texas avanza con su propio marco regulatorio. Illinois ya exige auditorías de algoritmos en decisiones laborales. Y la administración Trump, desde Washington, clama por una política federal unificada que todavía no existe, mientras simultáneamente enfrenta una guerra con Irán, un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional y una aprobación presidencial que se desmorona con cada galón de gasolina.

Ese es el escenario real de la política tecnológica en Estados Unidos hoy: un vacío federal llenado apresuradamente por 50 legislaturas estatales, cada una con su propia definición de qué es un algoritmo peligroso, quién tiene responsabilidad legal y cuánto le cuesta a una empresa cumplir con normas que se contradicen entre sí dependiendo del estado donde opera.

Para cualquier empresa que desarrolle o implemente inteligencia artificial en el mercado norteamericano, esto no es un debate académico. Es un problema de costos, de certidumbre jurídica y de competitividad.

El federalismo regulatorio como pesadilla operativa

Cuando el gobierno federal no actúa, los estados llenan el vacío. Eso tiene una lógica democrática defendible, especialmente en un sistema federal como el estadounidense. El problema es que la inteligencia artificial no respeta fronteras estatales. Un modelo de lenguaje entrenado en servidores en Virginia, desplegado por una empresa en California, usado por un cliente en Florida y auditado por un regulador en Nueva York genera una pregunta simple: ¿cuál ley aplica?

La respuesta hoy es: potencialmente todas. Y eso tiene un costo directo.

Según estimaciones del Information Technology and Innovation Foundation, la fragmentación regulatoria estatal en tecnología puede incrementar los costos de cumplimiento entre 15% y 40% para empresas medianas, comparado con un marco federal unificado. No es una cifra ideológica: es el costo de tener equipos legales monitoreando docenas de legislaturas, adaptando productos a definiciones inconsistentes y navegando criterios de responsabilidad que cambian cada ciclo legislativo.

El resultado previsible es el de siempre: las grandes corporaciones absorben ese costo y lo trasladan al precio final. Las empresas pequeñas y medianas simplemente no escalan, no contratan o no operan en ciertos estados. La regulación fragmentada no protege al consumidor. Protege a quien ya llegó primero.

Trump quiere unificar. El problema es cómo.

La administración Trump ha señalado la necesidad de una política federal de inteligencia artificial que desplace el caos estatal. En principio, el argumento tiene mérito: la preemption federal —la figura legal por la que una ley federal anula legislación estatal en la misma materia— existe precisamente para evitar que el comercio interestatal quede paralizado por regulaciones incompatibles.

Pero aquí está el problema político que nadie en Washington quiere nombrar con claridad: los republicanos, históricamente el partido del federalismo y los derechos de los estados, tendrían que argumentar que Washington sabe mejor que Sacramento o Austin cómo regular la tecnología. Y los demócratas, que normalmente abrazan la regulación federal, están usando los gobiernos estatales como trinchera de resistencia contra una administración que no les gusta.

El debate sobre la IA, entonces, ya no es estrictamente tecnológico ni económico. Es un campo de batalla de la guerra política más amplia. Y cuando la política captura un debate técnico, los que pierden son los que tienen que invertir, construir y contratar.

Mientras tanto, China no está esperando a que el Congreso resuelva sus contradicciones internas. El gobierno de Pekín publicó en 2023 sus Medidas Provisionales para la Gestión de Servicios de Inteligencia Artificial Generativa: imperfectas, controladoras en muchos aspectos criticables, pero claras y aplicables de manera uniforme en todo el territorio. Las empresas chinas saben exactamente a qué atenerse. Las estadounidenses, no.

El costo de la distracción presidencial

Hay un factor adicional que complica todo esto y que sería ingenuo ignorar: la administración Trump está operando bajo una carga política extraordinaria. La escalada militar con Irán, el impacto inflacionario en los precios del combustible, el bloqueo republicano a soluciones para el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, la controversia sobre el uso de datos electorales para verificación de ciudadanía. Cada uno de esos frentes consume capital político, atención ejecutiva y tiempo legislativo.

Una política federal coherente de inteligencia artificial requiere exactamente lo que más escasea en Washington en este momento: consenso, paciencia y capacidad de negociación con los estados. Ninguna de las tres abunda cuando la prioridad del día es una posible respuesta militar en el Golfo Pérsico.

El riesgo concreto es que el vacío se prolongue. Que los estados sigan legislando. Que el mapa regulatorio se vuelva más complejo cada trimestre. Y que cuando finalmente llegue una ley federal, tenga que negociar con 30 marcos estatales ya establecidos, con lobbies regulatorios ya instalados y con burocracia local que no va a desmantelarse voluntariamente.

Lo que debería pasar, aunque no pasará

Un marco federal de inteligencia artificial bien diseñado tendría tres características básicas. Primero, principios de responsabilidad claros: quién responde cuando un sistema automatizado causa daño, bajo qué condiciones y con qué estándares de prueba. Segundo, requisitos de transparencia diferenciados por nivel de riesgo —no es lo mismo un algoritmo de recomendación de contenido que uno que decide acceso a crédito o libertad provisional—. Tercero, preemption explícita que impida la multiplicación de marcos estatales incompatibles, con espacio para que los estados innoven en áreas no cubiertas federalmente.

Eso no es socialismo tecnológico. Es certidumbre jurídica, que es exactamente lo que permite que la inversión privada fluya.

Lo que no debería ocurrir, pero es el escenario más probable, es que el debate se politice hasta el punto en que cualquier propuesta federal razonable muera porque un bando la interpreta como victoria del otro. La IA es demasiado importante para la economía, para la productividad y para la competitividad internacional como para convertirla en otro frente de la guerra cultural estadounidense.

Mientras Washington se distrae con sus propias crisis, las empresas tecnológicas seguirán tomando decisiones de inversión, de localización y de arquitectura de productos con base en la incertidumbre regulatoria disponible. Algunas irán a Europa, donde el marco es más claro, aunque más restrictivo. Otras simplemente construirán para el mercado menos complicado.

El mercado no espera a que los políticos resuelvan sus peleas internas. Esa es la única certeza que, hoy por hoy, nadie en Washington parece querer asumir.

Por Claudia Vargas