Cuando el poder legislativo abdica, el ejecutivo llena el vacío. El caso del presupuesto de seguridad en Estados Unidos tiene una lección directa para México.

Hay una paradoja que los libros de derecho constitucional describen con frialdad académica pero que, cuando ocurre en tiempo real, resulta mucho más inquietante: un Congreso que financia una agencia de seguridad nacional pero deliberadamente deja sin presupuesto a su brazo operativo. Eso es exactamente lo que el Senado estadounidense acaba de hacer con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE.

El Senado aprobó financiamiento para el DHS. Hasta ahí, rutina presupuestaria. El detalle —y el diablo siempre está en los detalles— es que el texto excluye a ICE, la agencia de control de inmigración y aplicación de leyes migratorias, precisamente cuando la política de deportaciones del gobierno de Trump se encuentra en su punto de mayor intensidad operativa. No es un descuido. Es una decisión política disfrazada de tecnicismo presupuestario.

La maniobra tiene un nombre preciso en teoría constitucional: poder de la bolsa (power of the purse). El Congreso no necesita derogar una ley para neutralizarla. Basta con no financiarla. Es una táctica tan antigua como la República estadounidense y, en abstracto, es legítima. El problema es cuando se usa no para ejercer supervisión legislativa responsable, sino para sabotear una política del ejecutivo que el legislativo no puede detener por otras vías.

La respuesta de Trump fue predecible y, desde el punto de vista del derecho ejecutivo, técnicamente sostenible: una orden ejecutiva para redirigir fondos federales y financiar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Si el Congreso no asigna los recursos, el ejecutivo busca dónde encontrarlos. Es el mismo mecanismo que administraciones anteriores —demócratas y republicanas— han utilizado cuando el impasse legislativo amenaza operaciones consideradas esenciales para la seguridad nacional.

¿Es esto saludable para la democracia? La respuesta honesta es: no del todo. Las órdenes ejecutivas que sustituyen legislación presupuestaria son síntomas de un sistema en disfunción. Pero la responsabilidad no recae exclusivamente en quien actúa. Recae también, y de manera central, en quien abdica.

El Congreso como actor de veto, no de gobierno

Lo que estamos viendo en Washington no es supervisión legislativa. Es parálisis estratégica. Un Congreso que se niega a legislar sobre inmigración desde hace más de dos décadas —cuando el sistema migratorio estadounidense claramente requiere una reforma estructural— pero que tampoco permite que el ejecutivo actúe con los recursos necesarios, no está ejerciendo sus funciones constitucionales. Está jugando un juego de obstrucción que ninguna de las partes quiere resolver, porque el conflicto mismo tiene valor electoral.

El resultado es una arquitectura institucional invertida: el ejecutivo desborda sus atribuciones ordinarias porque el legislativo ha vaciado las suyas. Y en ese vacío, los ciudadanos —tanto estadounidenses como los afectados por las políticas migratorias en toda la región— quedan atrapados entre dos poderes que se niegan a asumir el costo político de gobernar.

Esto no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. Es una patología institucional que México conoce bien, aunque en versión distinta.

El espejo mexicano

En México, la disfunción no viene de un Congreso que bloquea al ejecutivo. Viene de un Congreso que le entrega cheques en blanco. La actual mayoría legislativa ha aprobado reformas constitucionales de enorme calado —incluyendo la que afecta directamente al Poder Judicial— con una velocidad y una ausencia de debate técnico que debería alarmar a cualquier abogado con conocimientos básicos de derecho comparado.

Los dos extremos producen el mismo resultado: la ausencia de contrapesos reales. En un caso, el legislativo bloquea sin proponer. En el otro, el legislativo aprueba sin cuestionar. En ambos casos, las instituciones pierden la función para la que fueron diseñadas: deliberar, limitar el poder y proteger el interés de largo plazo frente a los incentivos de corto plazo.

La diferencia relevante, desde el punto de vista geopolítico, es que la disfunción del Congreso estadounidense ocurre dentro de un sistema que aún tiene múltiples mecanismos de corrección: jueces federales que cuestionan las órdenes ejecutivas —como el caso del juez que esta semana interrogó si Venezuela puede financiar la defensa legal del régimen de Maduro en tribunales estadounidenses—, una prensa que investiga, organismos de ética que abren audiencias públicas contra legisladores con presunta responsabilidad en irregularidades financieras. El sistema cruje, pero tiene amortiguadores.

En México, esos amortiguadores se han debilitado de manera sistemática y documentada. El organismo que regulaba las telecomunicaciones fue eliminado. El organismo que supervisaba la competencia económica fue disuelto. El Poder Judicial está en proceso de una reestructuración que, según la mayoría de los analistas independientes de derecho constitucional, reduce su independencia respecto al poder político. No es opinión de medios de derecha: es la posición documentada de la Barra Mexicana de Abogados, de múltiples académicos de la UNAM y del Colegio de México, y de organismos internacionales como la Comisión de Venecia.

Lo que está en juego en la relación bilateral

Esta semana, un juez federal estadounidense cuestionó una orden del gobierno de Trump que restringía la capacidad del régimen de Maduro para contratar representación legal en Estados Unidos. La pregunta del juez fue técnica: ¿puede el ejecutivo prohibir transacciones legales amparadas en el derecho a la defensa? Es un debate genuinamente complejo en el que confluyen el derecho constitucional, las sanciones económicas y los derechos procesales.

Lo que el episodio ilustra, sin embargo, es algo más amplio: las instituciones independientes del poder ejecutivo, cuando funcionan, actúan como límite real. No como obstáculo al gobierno legítimo, sino como garantía de que ningún gobierno —ni el que uno apoya ni el que uno rechaza— puede actuar sin rendir cuentas.

Cuando México negoció el T-MEC, el Capítulo 14 sobre política financiera y el Capítulo 28 sobre buenas prácticas regulatorias incorporaron compromisos concretos de transparencia institucional precisamente porque los socios comerciales de México —Estados Unidos y Canadá— exigieron garantías de que las reglas del juego serían estables y predecibles. Esas garantías tienen valor solo si las instituciones que las respaldan mantienen su autonomía.

Cada vez que México debilita un organismo regulador independiente, no solo afecta su mercado interno. Afecta la credibilidad de sus compromisos internacionales. Y eso tiene un costo que no aparece en el presupuesto de este año, pero que los inversionistas —nacionales y extranjeros— ya están incorporando en sus decisiones.

La conclusión que incomoda

El espectáculo del Congreso estadounidense financiando al DHS pero no a ICE, mientras Trump firma órdenes ejecutivas para sustituir la función legislativa, no es solo una nota política de Washington. Es un recordatorio de para qué existen los pesos y contrapesos: no para hacer eficiente al gobierno, sino para hacer costoso el abuso del poder.

México necesita esa lección, no como espectador de la política estadounidense, sino como actor que está tomando decisiones institucionales de largo plazo con consecuencias que van mucho más allá de un sexenio.

Las instituciones autónomas no son el capricho de tecnócratas neoliberales, como las caracteriza el discurso oficial. Son la infraestructura jurídica sobre la que se construye la confianza. Y la confianza, en economía y en geopolítica, es el activo más difícil de recuperar una vez que se pierde.

Eso no es ideología. Es la lección que cualquier abogado que haya leído un tratado de inversión con seriedad debería conocer de memoria.

Por Andres Castillo