Cuando el poder legislativo abdica, el ejecutivo llena el vacío. Y eso debería preocuparnos a todos, sin importar quién esté en la Casa Blanca.

La semana pasada, el Senado de Estados Unidos aprobó financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional —DHS, por sus siglas en inglés— pero dejó deliberadamente sin presupuesto a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida como ICE. Al mismo tiempo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para garantizar el pago de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte —TSA—, una agencia que, en teoría, también depende del presupuesto que el Congreso se niega a aprobar de manera coherente.

Estamos ante una disfunción institucional de manual. Y el problema no es Trump. El problema es un poder legislativo que ha perfeccionado el arte de no decidir.

El presupuesto como arma política, no como herramienta de gobierno

Financiar una dependencia mientras se deja sin recursos a una de sus unidades operativas centrales no es política pública: es sabotaje legislativo con careta de responsabilidad fiscal. Los demócratas en el Senado —que han encabezado esta maniobra— saben perfectamente que ICE no puede desaparecer por decreto presupuestal. La agencia seguirá operando, con o sin fondos aprobados formalmente, porque el gobierno federal tiene mecanismos de gasto continuo. Lo que logran con esta jugada no es desfinanciar a ICE: es crear un caos administrativo, obligar al ejecutivo a improvisar y luego culparlo de actuar fuera de los canales institucionales.

Es una trampa. Y funciona.

La orden ejecutiva de Trump para pagar a los empleados de TSA es la respuesta previsible a esa trampa. ¿Es ideal que el presidente financie agencias mediante decreto? No. ¿Es preferible que miles de trabajadores esenciales de seguridad aeroportuaria no cobren mientras el Congreso juega al ajedrez político? Tampoco. Cuando la legislatura falla, el ejecutivo actúa. Así ha funcionado en prácticamente todas las democracias del mundo cuando el parlamento entra en parálisis. El problema no es nuevo ni exclusivamente americano.

Lo que sí es notable —y perturbador— es la normalización de esta dinámica.

La ceguera selectiva del debate sobre poderes

En México llevamos años discutiendo la concentración de poder en el ejecutivo. Con razón: la 4T ha utilizado decretos, reformas constitucionales exprés y la lealtad de una mayoría legislativa para desmantelar contrapesos institucionales. El Congreso mexicano, en lugar de ser un freno, se convirtió en una palanca más del proyecto presidencial.

Pero el caso estadounidense muestra la otra cara de la moneda: un Congreso que no legisla, que no aprueba presupuestos coherentes, que usa el poder del gasto como instrumento de guerra partidista, genera exactamente el mismo resultado final: más poder ejecutivo, menos certeza institucional, más decisiones tomadas por un solo hombre con una pluma.

La ironía es mayúscula. Los mismos legisladores demócratas que llevan dos años alertando sobre el "autoritarismo" de Trump son los que, con maniobras presupuestales irresponsables, le están cediendo el argumento y la justificación para actuar por decreto.

Si quieres que el presidente no gobierne con órdenes ejecutivas, aprueba el presupuesto. Es tan simple —y tan políticamente imposible en Washington— como eso.

El costo real de la parálisis legislativa

Detrás de estos titulares hay consecuencias concretas para personas concretas. Los empleados de TSA —decenas de miles de trabajadores que revisan maletas, coordinan seguridad en aeropuertos, garantizan que los vuelos operen con algún estándar de control— no son fichas en un tablero político. Son personas con hipotecas, familias y contratos de trabajo que el Estado firmó.

La incertidumbre presupuestal tiene un costo económico medible. Cuando una agencia no sabe si tendrá fondos la próxima semana, no contrata, no invierte en equipamiento, no planifica. La ineficiencia que tanto critican los conservadores fiscales —con razón— no siempre nace de la burocracia: a veces la genera deliberadamente la parálisis política.

En el sector privado, una empresa que no aprueba su presupuesto operativo a tiempo enfrenta consecuencias inmediatas: proveedores que cortan crédito, empleados que buscan otras opciones, inversores que pierden confianza. El gobierno federal estadounidense lleva años operando con resoluciones continuas de emergencia, parches presupuestales y maniobras de último minuto. Si cualquier empresa del Fortune 500 operara así, sus directivos estarían en audiencias ante los accionistas explicando el desastre.

En cambio, los legisladores se van a dar declaraciones a CNN y Fox News sobre los principios que los llevaron a votar de tal o cual manera.

La audiencia de Ética y el ecosistema de impunidad

Mientras el Senado debate a quién le corta el presupuesto, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes abrió audiencia pública contra un congresista demócrata acusado de crímenes financieros. Los detalles son, como suele ser en estos casos, abundantes en acusaciones y escasos en consecuencias inmediatas.

Esto importa porque ilustra algo que trasciende la anécdota individual: el Congreso estadounidense tiene un problema sistémico de rendición de cuentas. Los mecanismos existen —el Comité de Ética tiene facultades reales— pero operan tan lentamente y con tanta protección corporativa que rara vez producen resultados antes de que el acusado termine su periodo, negocie un acuerdo o simplemente espere a que el ciclo noticioso pase a otra cosa.

La función legislativa requiere legitimidad. Y la legitimidad se erosiona cuando el ciudadano observa que las reglas que el Congreso impone al ejecutivo no aplican con la misma velocidad ni rigor a sus propios miembros.

Lo que vale la pena defender

Hay una distinción que en el debate político contemporáneo se ha perdido casi por completo: la diferencia entre criticar al gobierno de turno y defender las instituciones que hacen posible el gobierno de cualquier turno.

Un Congreso funcional que aprueba presupuestos completos, supervisa al ejecutivo con rigor y procesa con rapidez los casos de corrupción interna no es un favor que los legisladores le hacen a Trump o a cualquier otro presidente. Es la condición mínima para que la democracia liberal funcione como sistema.

Cuando el Senado financia el DHS pero deja a ICE sin presupuesto por razones puramente electorales, no está ejerciendo un contrapeso democrático. Está administrando el caos para maximizar el desgaste político del adversario. Y en ese proceso, el que pierde no es Trump. El que pierde es el sistema.

Eso debería importarle a cualquiera que crea —independientemente de su posición sobre la política migratoria— que las instituciones son más valiosas que las victorias de corto plazo.

Los mercados necesitan certeza. Las empresas necesitan reglas estables. Los ciudadanos necesitan saber que el gobierno que pagan con sus impuestos funciona según un plan coherente, no según las necesidades de la próxima elección primaria.

Mientras Washington no entienda eso, el ejecutivo seguirá llenando los vacíos que el legislativo crea. Y cada vez que eso ocurra, habrá un titular sobre el 'autoritarismo presidencial' firmado por los mismos que cavaron el hoyo.

Por Claudia Vargas