Cuando la gestión del caos reemplaza a la estrategia, las economías —y las empresas— lo resienten primero

La edición de hoy de Baluarte News se puede resumir en una sola imagen: un gobierno que opera en modo emergencia los 365 días del año, mientras el sector productivo intenta planear a 12 meses con información que cambia cada 12 horas.

Mike Mullin asume el control de Seguridad Nacional con 100,000 empleados federales sin cobrar. Al mismo tiempo, la operación militar contra Irán consume atención política, capital diplomático y recursos presupuestales que estaban destinados a cerrar la negociación comercial con China. El ICE despliega cientos de agentes en 14 aeropuertos y genera un caos operativo en los hubs más importantes del país. Y en medio de todo eso, en LaGuardia un avión de Air Canada colisiona con un vehículo de bomberos —un recordatorio brutal de que la infraestructura no admite distracciones.

No es una lista de noticias inconexas. Es el retrato de una administración que ha convertido la gestión de crisis en su modo de operación predeterminado. Y eso tiene consecuencias concretas para quienes generamos valor económico a ambos lados de la frontera.

Cuando Washington se distrae, el T-MEC lo siente

Cualquier empresario que opera en el corredor comercial entre México y Estados Unidos conoce la regla fundamental: la certeza jurídica no es un lujo, es el cimiento sobre el que se construyen las decisiones de inversión. Contratos, expansiones, contrataciones, créditos —todo depende de que las reglas del juego sean predecibles.

Lo que estamos viendo en Washington no es imprevisibilidad ideológica. Es algo más preocupante: un gobierno que no puede ejecutar su propia agenda porque sus frentes abiertos se multiplican más rápido de lo que se cierran. La guerra con Irán no estaba en el guión comercial. Los aranceles a China estaban en proceso de negociación. Ahora ambas agendas compiten por la misma atención presidencial, y la que pierde —temporalmente, pero pierde— es la comercial.

Para el sector productivo mexicano, eso significa semanas o meses adicionales de incertidumbre. Decisiones de inversión que se posponen. Líneas de crédito que esperan señales claras. Empresas que prefieren no comprometer capital hasta saber qué aranceles estarán vigentes en 90 días.

El Banco de México ya tiene integrada esa incertidumbre en sus proyecciones. El FMI la tiene en las suyas. Los que la pagamos somos los que firmamos contratos, contratamos personal y movemos mercancía.

El costo real de gobernar sin estrategia

Hay una diferencia fundamental entre un gobierno que enfrenta crisis y un gobierno que las genera —o que, por su propia forma de operar, las hace inevitables.

La administración Trump tiene aciertos reales que hemos reconocido en este espacio: la presión sobre China era necesaria, la revisión del T-MEC fue positiva para México en varios frentes, y el enfoque en seguridad fronteriza responde a una demanda legítima del electorado republicano. No somos un medio que niega lo que funciona.

Pero gobernar en modo crisis permanente no es fortaleza. Es, en muchos casos, el síntoma de una agenda que avanza por impulso en lugar de por diseño. Cuando cada semana hay un frente nuevo —militar, comercial, migratorio, presupuestal— las instituciones se desgastan, los aliados se cansan y los mercados empiezan a descontar la incertidumbre.

Cien mil empleados federales sin cobrar no es un dato menor. Es una señal de que la maquinaria gubernamental está operando por debajo de su capacidad funcional en un momento en que se le exige operar por encima. Esa fricción tiene un costo que no aparece en los titulares de inmediato, pero sí aparece en los indicadores de productividad, en los tiempos de respuesta institucional y, eventualmente, en la confianza de los mercados.

Lo que el sector productivo necesita —y tiene derecho a exigir

No pedimos un gobierno pasivo. Pedimos un gobierno que entienda que la estrategia y la acción no son opuestos. Que negociar con China y mantener disuasión frente a Irán son objetivos compatibles, pero requieren estructuras de decisión distintas y claridad de prioridades.

Para México, la lección es más urgente todavía. La relación con Washington es nuestra primera línea económica. El T-MEC no es un tratado abstracto —es el marco legal que sostiene el 80% de nuestras exportaciones. Cualquier interrupción en esa negociación, cualquier distracción que retrase la revisión de 2026, nos afecta de manera directa y asimétrica.

El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la obligación —no la opción— de mantener canales activos con la administración estadounidense, de anticipar los escenarios y de proteger los intereses del sector exportador mexicano con inteligencia diplomática, no con retórica. Hasta ahora, esa gestión ha sido más reactiva que estratégica. Y el tiempo para corregir eso se acorta con cada semana que Washington opera en modo emergencia.

La estabilidad no se improvisa

El accidente en LaGuardia es, en el contexto de esta edición, una metáfora incómoda: cuando los sistemas operan bajo presión sostenida, sin los recursos y la atención que requieren, los errores no son cuestión de mala suerte. Son una consecuencia estadística.

Las economías funcionan igual. Las empresas también.

Quienes generamos empleo, pagamos impuestos y sostenemos el aparato productivo en ambos lados de la frontera no pedimos perfección. Pedimos consistencia. Pedimos que los gobiernos —el de Washington y el de la Ciudad de México— entiendan que su trabajo no es administrar la crisis del día, sino construir las condiciones para que la gente que trabaja pueda planear, invertir y crecer.

Esa es la conversación que vale la pena tener. Y nosotros no vamos a dejar de tenerla.

Por Eduardo Rios