Cuando la agenda económica de Trump colapsa bajo el peso de sus propias prioridades
El miércoles pasado, mientras los mercados esperaban señales claras sobre el destino de los aranceles con China, la Casa Blanca estaba gestionando simultáneamente una crisis con Irán, un nuevo secretario de Seguridad Nacional con 100,000 empleados sin cobrar y cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desplegados en 14 aeropuertos del país. No es metáfora: el gobierno más disruptivo de la historia reciente de Estados Unidos está pagando el costo de su propio modelo de gestión.
La economía no espera a que los políticos resuelvan sus crisis de política exterior. Esa es la lección más cara que cualquier gobierno puede aprender, y la administración Trump la está tomando en tiempo real.
El triángulo imposible
Hay una regla básica en economía política: ningún gobierno puede concentrar la atención de sus principales tomadores de decisiones en tres frentes simultáneos sin que algo ceda. Esta semana, Washington enfrenta exactamente eso: la negociación comercial con China —el evento económico más significativo del año para los mercados globales—, una escalada militar con Irán que eleva la prima de riesgo en los mercados de energía, y una transición caótica en el Departamento de Seguridad Nacional con Mike Mullin asumiendo el cargo en medio de una crisis operativa sin precedentes.
El resultado es predecible: la agenda comercial pierde foco, los interlocutores chinos ganan tiempo, y los inversionistas —que lo único que piden es certeza— se quedan sin señales claras.
Según reportes de esta semana, la tensión con Irán ha sido el factor que literalmente descarriló las conversaciones arancelarias con Pekín. No porque sean temas relacionados, sino porque el ancho de banda político de cualquier administración es finito. Cuando el presidente y su equipo de seguridad están calibrando una respuesta militar, las negociaciones comerciales pasan a segundo plano. Así de simple. Así de costoso.
100,000 empleados sin pago: el síntoma de fondo
El caso del Departamento de Seguridad Nacional merece análisis separado, porque ilustra algo que los entusiastas del gobierno disruptivo prefieren ignorar: el Estado, por más ineficiente que sea, tiene inercia institucional. Y cuando esa inercia se interrumpe abruptamente sin un plan de transición sólido, el daño no es abstracto.
100,000 empleados federales sin pago no es una estadística política. Es 100,000 familias que no saben si podrán pagar la hipoteca el mes siguiente. Es una señal de que la gestión presupuestaria de la dependencia está en pausa. Y es, sobre todo, un indicador de que la promesa de eficiencia gubernamental que animó buena parte del voto republicano tiene una implementación que, por decir lo menos, necesita refinamiento urgente.
La eficiencia del sector público es un objetivo legítimo y necesario. El desmantelamiento improvisado no es eficiencia: es desorden con otro nombre.
El despliegue en aeropuertos: señales que el mercado lee
El despliegue de cientos de agentes de ICE en 14 aeropuertos clave —incluyendo hubs como Los Ángeles, Chicago O'Hare y Miami— tiene una dimensión económica que los análisis de seguridad tienden a omitir.
Los aeropuertos no son solo infraestructura de transporte: son nodos críticos del comercio internacional, el turismo y la logística de negocios. Cuando se genera caos operativo en esos puntos —demoras, incertidumbre, percepción de hostilidad en los controles migratorios—, el impacto se mide en cancelaciones de viajes de negocios, en decisiones de ejecutivos internacionales que eligen otras ciudades para sus reuniones, en reservaciones de hoteles que no se hacen.
Estados Unidos recibió aproximadamente 79 millones de turistas internacionales en 2023, generando cerca de 253,000 millones de dólares en ingresos. Cualquier perturbación sistemática en los puntos de entrada tiene un costo medible. La pregunta no es si esos operativos son legítimos en términos de política migratoria —ese es otro debate—, sino si están siendo ejecutados con la coordinación operativa que minimice el daño colateral económico. Los reportes de esta semana sugieren que no.
China observa. Y espera.
En toda esta ecuación, el actor que sale mejor posicionado es el que menos aparece en los titulares: Pekín.
La estrategia negociadora china no es un secreto: prolongar, desgastar y esperar a que las presiones internas del adversario lo obliguen a hacer concesiones. Con la administración Trump gestionando simultáneamente Irán, una crisis institucional en Seguridad Nacional y una operación migratoria de alto perfil, los negociadores chinos tienen exactamente lo que necesitan: tiempo.
Cada semana que pasa sin un acuerdo arancelario claro es una semana en que las empresas estadounidenses y sus proveedores globales siguen en modo de espera, posponen inversiones, retrasan expansiones y toman decisiones subóptimas bajo incertidumbre. El costo de esa incertidumbre no aparece en ningún boletín de prensa, pero se acumula silenciosamente en los balances corporativos y en los indicadores de inversión privada.
La ironía es que Trump tiene razones económicas legítimas para presionar a China en materia comercial. El déficit bilateral, el problema de la propiedad intelectual, las prácticas de subsidio estatal chinas que distorsionan la competencia: son asuntos reales que justifican una negociación dura. Pero negociar duro requiere concentración estratégica. Y eso, esta semana, claramente no está disponible.
El argumento que nadie quiere hacer
Hay una pregunta incómoda que los analistas afines a la administración evitan: ¿es posible ejecutar una agenda económica transformadora mientras se gestiona una crisis de seguridad internacional, se reestructura el aparato de seguridad interior y se lleva a cabo la operación migratoria más ambiciosa en décadas, todo al mismo tiempo?
La respuesta honesta es no. No porque los objetivos sean ilegítimos —varios de ellos tienen fundamento sólido—, sino porque la capacidad ejecutiva de cualquier gobierno es limitada. La secuencia y la concentración importan. Y cuando todo es prioridad, nada lo es.
El libre mercado que los republicanos dicen defender necesita algo más que discurso: necesita reglas predecibles, negociaciones que concluyen, instituciones que funcionan. El caos, aunque venga de un gobierno que dice odiar la burocracia, sigue siendo caos. Y el caos tiene precio.
Esta columna no es un elogio al statu quo que Trump llegó a desafiar. Muchas de las instituciones que él critica merecen crítica. El gasto público federal es insostenible. La regulación excesiva sí ahoga la competitividad. Esos argumentos son válidos.
Pero hay una diferencia entre reformar con inteligencia estratégica y gobernar en modo crisis permanente. Una produce prosperidad. La otra, solo titulares.
Por Claudia Vargas