Mientras Trump considera levantar sanciones a Irán, su política migratoria suma muertes. El DHS sin fondos agrava el caos en detención.

La muerte de Royer Perez-Jimenez, un adolescente mexicano que falleció bajo custodia del servicio de inmigración de Estados Unidos, marca un punto de quiebre en la gestión migratoria de la administración Trump. No es un caso aislado. Se registra un aumento documentado de muertes de migrantes desde que entraron en vigor las políticas restrictivas de inmigración del gobierno actual. Cada muerte bajo custodia federal es un fracaso del Estado — no importa el partido que gobierne.

Pero hay un detalle que transforma este problema de humanitario a administrativo: el cierre del Departamento de Seguridad Nacional por cinco semanas ha dejado sin fondos gubernamentales las operaciones básicas de detención. Las familias de migrantes no pueden acceder a los centros donde están sus parientes. No hay supervisión adecuada. No hay personal suficiente. No hay protocolos médicos funcionando.

Esto no es teoría. Es la realidad operativa de agencias federales sin presupuesto. Cuando el DHS no recibe fondos, la cadena de custodia se quiebra. Los vigilantes no están vigilando. Los médicos no están disponibles. Los registros de salud de detenidos no se actualizan. En esas grietas mueren adolescentes mexicanos.

Los legisladores demócratas han señalado correctamente que las dificultades para familias se suman a quejas más amplias sobre supervisión de inmigración. Pero aquí está el punto que falta en el debate: responsabilizar a Trump por restricciones migratorias es legítimo. Responsabilizar al Congreso por no aprobar presupuestos oportunamente también lo es. Cuando el DHS opera sin fondos, nadie puede administrar nada correctamente — ni siquiera las agencias que Trump querría que fueran restrictivas.

La paradoja es brutal: una administración que promete mano dura en inmigración termina con detenidos que mueren bajo su custodia por falta de recursos. No es que la política sea inhumana en el papel — es que la ausencia de financiamiento la hace operacionalmente peligrosa.

Mientras esto sucede en la frontera sur, Trump está girando su atención hacia Irán. Según reportes recientes, después de cuatro semanas de operaciones militares sin fin aparente a la vista, el presidente está considerando reducir los esfuerzos militares estadounidenses en la región. Más aún: está explorando el levantamiento de sanciones sobre petróleo iraní atrapado en el mar como forma de aliviar la crisis energética global.

Este movimiento es pragmático desde la perspectiva del libre mercado — si el petróleo iraní puede aliviar presiones de precios sin comprometer seguridad nacional, el argumento económico existe. Pero revela algo sobre las prioridades del gobierno: cuando hay conflicto militar en el extranjero que no tiene salida política clara, se busca negociar. Cuando hay crisis administrativa en la frontera, se siguen aplicando políticas sin revisar si los recursos están ahí para ejecutarlas.

México debe estar atento a ambas cosas. Una guerra en Irán que se resuelve a través de levantamiento de sanciones y petróleo barato afecta los flujos comerciales norteamericanos. Una crisis migratoria estadounidense que genera muertes bajo custodia genera presión política hacia México — tarde o temprano, Washington pedirá que México haga "más" en la frontera norte, sin ofrecer reciprocidad en inversión o seguridad.

El caso de Royer Perez-Jimenez debe ser investigado a fondo. Su muerte reclama explicación. Pero también reclama contexto: murió en un sistema federal que opera sin fondos, bajo una administración que prioriza restricciones sobre funcionamiento, mientras sus autoridades superiores están negociando en Medio Oriente.

Esto es lo que Trump no comunicó en sus campañas: que gobernar requiere presupuestos aprobados a tiempo, que no hay política migratoria restrictiva sin recursos para ejecutarla, y que cada muerte bajo custodia es un costo político que ningún presidente logra explicar con slogans.

México debe exigir claridad: ¿cuál es el plan estadounidense para supervisión de detenciones mientras el DHS funciona sin presupuesto? ¿Qué garantías de protección ofrecerá Washington a ciudadanos mexicanos bajo custodia? No es confrontación, es responsabilidad estatal. Cada adolescente que cruza la frontera es ciudadano mexicano hasta que se demuestre lo contrario.

Por Patricia Nunez