Cinco semanas sin fondos exponen las grietas de un sistema migratorio que funciona mal incluso cuando está abierto

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional por cinco semanas sin asignación presupuestaria ha generado una crisis operativa que afecta directamente el acceso de familias de migrantes a los centros de detención. Legisladores demócratas han señalado que estas dificultades se suman a problemas preexistentes de supervisión de inmigración, exponiendo una realidad incómoda: el sistema de inmigración estadounidense está disfuncional incluso cuando tiene fondos.

Este no es un problema puramente administrativo. Cuando una agencia federal de la magnitud del DHS cierra por falta de presupuesto, el daño colateral es inmediato y medible. Las familias que necesitan acceso a información sobre sus parientes detenidos se encuentran sin canales de comunicación. Los procedimientos legales se ralentizan. Los centros de detención operan en modo de esquivar emergencias, no de funcionamiento ordenado.

Los datos históricos son claros respecto a lo que sucede en estos ciclos. Durante el cierre de 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019 —el más largo en la historia estadounidense— los servicios fronterizos operaron con presupuesto mínimo, lo que generó retrasos en procesamiento, reducción de inspecciones y parálisis administrativa. El costo económico se estimó en 11 mil millones de dólares según análisis del Congreso.

Pero hay un aspecto que va más allá del costo fiscal. La supervisión de inmigración — ya deficiente según quejas documentadas — se deteriora exponencialmente durante estos períodos. Sin fondos, las agencias no pueden hacer auditorías, no pueden capacitar personal, no pueden mantener sistemas de información. Lo que era un problema de eficiencia se convierte en un problema de seguridad jurídica.

La ironía de la situación es instructiva. Estados Unidos debate constantemente cómo "asegurar la frontera" y "mejorar el proceso migratorio", pero no puede mantener financiados los organismos encargados de ambas cosas. Un cierre presupuestario no es una falla técnica — es una falla política. Y cuando la política falla en cuestiones de esta magnitud, las consecuencias recaen en quien menos recursos tiene para defenderse: familias de migrantes en centros de detención.

Esta es una lección que debería ser obvia pero aparentemente no lo es en Washington: la incoherencia presupuestaria es una forma de mala gobernanza que castiga a los más vulnerables. Un sistema que puede cerrarse por cinco semanas no es un sistema que funciona. No es un fallo de capacidad — es un fallo de voluntad política.

Desde la perspectiva del libre mercado y el buen gobierno, hay un principio fundamental en juego. Si el sector privado funciona así — una empresa que cierra operaciones por cinco semanas sin poder comunicarse con sus clientes — estaría quebrada. La disciplina del mercado no tolera esa ineficiencia. Las agencias gubernamentales, sin esa disciplina de mercado, pueden perpetuar disfunciones año tras año.

Lo que sucede con el DHS durante los cierres presupuestarios es un síntoma de un problema más amplio: la incapacidad del gobierno federal para priorizar y financiar sus funciones esenciales de manera predecible. Mientras se debate si gastar más o menos en burocracia, las personas atrapadas en el sistema — literalmente, en este caso, en centros de detención — pagan el precio de la parálisis política.

Los legisladores demócratas han señalado correctamente que estas dificultades no son nuevas, que se suman a problemas crónicos de supervisión. Pero ese reconocimiento es insuficiente. El diagnóstico existe desde hace años. Lo que falta es la decisión política de resolver el problema estructuralmente.

Una conclusión práctica emerge de los datos: un cierre presupuestario de cinco semanas en una agencia de la escala del DHS no es una disputa política abstracta. Es un evento con consecuencias concretas para personas reales. Familias sin acceso a información. Procedimientos legales paralizados. Supervisión debilitada. Esto no es debatable.

El sistema de inmigración de Estados Unidos necesita reforma estructural, pero esa reforma requiere primero que la máquina estatal pueda funcionar sin interrupciones. Financiar adecuadamente las operaciones básicas no es un acto de expansionismo gubernamental — es el requisito mínimo para que cualquier institución pueda cumplir su función.

Hasta que Washington entienda que la coherencia presupuestaria es el piso, no el techo, de la buena gobernanza, estos ciclos de parálisis continuarán. Y con ellos, continuarán las consecuencias para quienes dependen del sistema.

Por Jorge Morales