Mientras Washington redefine el orden global —en Medio Oriente, en sus fronteras, en sus propias instituciones— México observa sin una estrategia clara. Eso tiene un costo.

Lo que está ocurriendo en Washington no es ruido político ordinario. Es una reconfiguración deliberada del poder ejecutivo estadounidense con consecuencias directas para México, para el T-MEC y para cualquier nación que dependa de la estabilidad institucional de Estados Unidos como contraparte.

En los últimos días han convergido tres movimientos que, analizados por separado, parecen noticias distintas. Juntos, forman un patrón.

El hombre que pide 200 mil millones para una guerra que nadie ha declarado

La cifra que circula en los corredores del Congreso estadounidense es de 200 mil millones de dólares para financiar una posible campaña militar contra Irán. No es un presupuesto aprobado. Es una señal de posicionamiento —una táctica de negociación con consecuencias reales en los mercados energéticos globales.

Para México, esto importa por una razón concreta: cualquier escalada en el Golfo Pérsico presiona los precios del petróleo, distorsiona los mercados financieros y, eventualmente, encarece el crédito externo para economías emergentes como la nuestra. Pemex, que ya opera con una deuda que supera los 100 mil millones de dólares, no está en posición de absorber choques de esa magnitud sin consecuencias para las finanzas públicas del país.

Pero hay un segundo ángulo que se discute menos: si Estados Unidos entra en un conflicto de esa escala, su atención geopolítica y su capital diplomático se redirigen. Las negociaciones comerciales, las revisiones del T-MEC programadas para 2026, la presión sobre inversión extranjera en México —todo eso queda en segundo plano o, peor, queda en manos de actores secundarios con agendas propias. México debería estar calculando ese escenario, no esperando que se resuelva solo.

La Junta de Apelaciones de Inmigración: una señal institucional que México no puede ignorar

El segundo movimiento es más silencioso pero más inmediato. La administración Trump ha reducido y reestructurado la Junta de Apelaciones de Inmigración —el organismo cuasi-judicial que revisa las decisiones de los jueces de inmigración en Estados Unidos— concentrando esa autoridad de manera más directa en el Departamento de Justicia, bajo control político del ejecutivo.

Esto no es un detalle administrativo. Es una decisión con consecuencias jurídicas directas para cientos de miles de mexicanos en proceso de deportación o con casos pendientes.

El sistema de apelaciones migratorio en Estados Unidos, aunque imperfecto, funcionaba como un filtro que permitía revisar decisiones arbitrarias de primera instancia. Cuando ese filtro se debilita y se politiza, los criterios de aplicación se vuelven menos predecibles. Para un ciudadano mexicano con un caso pendiente, eso significa mayor vulnerabilidad. Para el gobierno de México, significa que la protección consular —obligación establecida en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares— se vuelve más urgente y más difícil de ejercer.

La pregunta que debería estar haciéndose la Secretaría de Relaciones Exteriores es directa: ¿están nuestros 51 consulados en Estados Unidos equipados y con instrucciones precisas para responder a este nuevo entorno? Hasta ahora, la respuesta pública ha sido vaga.

El patrón: concentración de poder ejecutivo y sus implicaciones para el T-MEC

Lo que une estos movimientos —la presión militar en Medio Oriente, la reconfiguración del sistema migratorio, la agenda de los primeros meses del segundo mandato— es una tendencia consistente hacia la concentración de poder en el ejecutivo y la reducción del contrapeso institucional.

Esto tiene una dimensión directamente comercial para México que se subestima.

El T-MEC, en vigor desde julio de 2020, fue diseñado con un mecanismo de solución de controversias —el Capítulo 31— que depende de que ambas partes respeten sus compromisos con independencia de los ciclos políticos. Pero ese mecanismo supone contrapartes institucionales estables. Cuando el ejecutivo estadounidense amplía su discrecionalidad —como ha ocurrido con las disputas sobre maíz transgénico, sobre acero y aluminio, sobre la cláusula de revisión en materia energética— los paneles arbitrales se convierten en la única línea de defensa para México.

Y México ha usado esa línea con resultados mixtos. En el panel sobre política energética solicitado por Estados Unidos y Canadá en 2021 —bajo el Artículo 31.6 del T-MEC— México enfrentó cuestionamientos serios sobre sus reformas al sector. El panel emitió conclusiones desfavorables para la posición mexicana en aspectos clave. Eso no fue un accidente: fue el resultado de una estrategia de negociación que priorizó la narrativa política sobre la solidez jurídica.

Si la tendencia en Washington es hacia mayor discrecionalidad ejecutiva y menor respeto por los marcos institucionales multilaterales, México necesita ser más riguroso en sus propias posiciones jurídicas —no menos. Cada desviación del T-MEC que México cometa le da a Estados Unidos argumentos para presionar en áreas donde nosotros somos más vulnerables.

Lo que México debe hacer, con claridad

Primera obligación: inteligencia estratégica real. México necesita un análisis serio de cómo un conflicto en Medio Oriente afecta su posición fiscal, su perfil de deuda y su capacidad de negociación comercial. Ese análisis no puede venir solo del Banco de México —tiene que ser parte de la agenda de política exterior.

Segunda obligación: reforzar la protección consular ahora, no cuando estalle la crisis. La reestructuración de la Junta de Apelaciones de Inmigración es una señal de alerta temprana. Los consulados mexicanos deben tener protocolos actualizados, presupuesto suficiente y coordinación con organizaciones de defensa legal en Estados Unidos. Esto no es ideología —es obligación consular.

Tercera obligación: blindar la posición jurídica en el T-MEC. Con la revisión de 2026 en el horizonte, México no puede llegar a esa mesa con flancos abiertos. Cada política energética, cada decreto que afecte inversión extranjera, cada medida que roce los compromisos del tratado debe ser auditada jurídicamente antes de implementarse, no después.

La doctrina que se está aplicando en Washington es, en esencia, soberanía selectiva: Estados Unidos decide cuándo las reglas aplican y cuándo no, según sus intereses del momento. Frente a eso, México tiene dos opciones. La primera es reaccionar caso por caso, sin estrategia, perdiendo terreno cada vez. La segunda es llegar a cada mesa —comercial, migratoria, diplomática— con una posición jurídicamente sólida, políticamente coherente y económicamente respaldada.

La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende con argumentos que aguantan el escrutinio, con instituciones que funcionan y con negociadores que conocen el expediente completo.

México tiene la capacidad para eso. La pregunta es si tiene la voluntad política de usarla.

Por Andres Castillo