Al disminuir miembros y llenar el órgano con sus designados, limita el debido proceso para inmigrantes. Un patrón institucional que debe preocupar

La administración Trump ha tomado una decisión que ilustra una lección que cualquier estudiante de ciencia política debe entender: cuando se quiere cambiar el resultado de una institución, lo primero que se hace es cambiar quién la integra.

Según un análisis de NPR, Trump ha reducido el número de miembros en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y la ha llenado con sus designados. El resultado es predecible: una junta que funciona menos como árbitro independiente y más como instrumento de política gubernamental.

Esta estrategia no es nueva. Es el manual clásico de concentración de poder: primero achicas la institución, luego la llenas con leales. En México hemos visto esto con la reforma al Poder Judicial que buscaba que los jueces fueran electos —aparentemente democrático, en realidad un mecanismo para concentrar influencia política sobre las decisiones judiciales. En Canadá hemos visto algo parecido cuando gobiernos han intentado debilitar agencias regulatorias independientes mediante recortes presupuestales o cambios en su estructura.

La Junta de Apelaciones de Inmigración es un órgano administrativo que revisa decisiones de deportación. No es un tribunal constitucional, pero sí es un mecanismo de control sobre el poder ejecutivo. Cuando funciona correctamente, garantiza que una persona no sea deportada sin que su caso haya sido revisado por un segundo par de ojos. Cuando se debilita, eso que en abogacía se llama «debido proceso» simplemente desaparece.

La reducción de miembros es lo más grave aquí. Menos jueces significa menos capacidad para procesar casos, lo que automáticamente acelera las deportaciones. Pero también significa menos perspectivas diferentes dentro de la junta. Una institución con menos miembros es más fácil de controlar. Una con menos diversidad ideológica es más predecible. Cuando además todos esos miembros son designados por quien ejerce el poder ejecutivo, la independencia se evapora.

El análisis de NPR expone esto con precisión: es una concentración de poder disfrazada de eficiencia. El gobierno dice que la junta ahora es más ágil. Lo que realmente significa es que ahora hay menos obstáculos para hacer lo que el ejecutivo quiera.

Esto tiene consecuencias reales. Una persona que cree que su deportación es injusta tiene derecho a una apelación. Pero si la junta que revisa esa apelación está compuesta exclusivamente por personas leales al gobierno que quiere deportarla, ese derecho es más forma que sustancia. Es como permitir que un acusado en un juicio sea juzgado por amigos del fiscal. Técnicamente hay un proceso; prácticamente no hay defensa.

Desde la óptica de Baluarte News, esto es problemático no porque seamos pro-inmigración sin límites —eso es otro debate—, sino porque es anti-institucional. Un gobierno de derecha debe entender que las instituciones débiles también limitan al gobierno de derecha cuando llega la izquierda. Si estableces el precedente de que el ejecutivo puede reducir y llenar a su gusto los órganos de apelación, estás escribiendo el manual para el próximo gobierno populista que quiera hacer exactamente lo mismo con instituciones que a ti te importan más.

México entiende esto de una forma que duele. La 4T ha hecho exactamente esto con instituciones autónomas: el INE, el INAI, los tribunales. Cada vez que una institución se debilita o se llena de leales, la democracia pierde un freno. No importa qué gobierno sea.

Trump tiene derecho a nombrar jueces y funcionarios. Eso es poder ejecutivo legítimo. Pero hay una diferencia entre ejercer ese poder y usarlo para desmantelar controles sobre ese mismo poder. Reducir una junta de apelaciones y llenarla de personas leales no es política de inmigración inteligente. Es debilitamiento institucional.

La pregunta que todo ciudadano debe hacerse es simple: ¿quiero vivir en un país donde el poder ejecutivo puede hacer esto? Porque si la respuesta es sí cuando lo hace mi candidato favorito, no tengo moral para protestar cuando lo hace mi enemigo político.

Esto es lo que Sandra Gutierrez ha observado en tres países: las instituciones son el termómetro de una democracia. Cuando comienzan a debilitarse, todo lo demás que sigue es consecuencia.

Por Sandra Gutierrez