Mientras Washington reordena sus prioridades geopolíticas en el Golfo Pérsico, México observa desde la barrera. Eso es un error estratégico de primer orden.

La semana en Washington ha sido, como pocas, un concentrado de todas las tensiones que definen el orden internacional de nuestro tiempo: una reforma electoral que amenaza con paralizar el gobierno federal, un Senado republicano que avanza su agenda migratoria con la Ley SAVE, y en el fondo, silencioso pero determinante, el movimiento de fichas de Estados Unidos alrededor del Estrecho de Ormuz. Es este último el que merece atención sostenida, porque sus consecuencias llegan hasta México con una nitidez que nuestros tomadores de decisiones parecen no querer ver.

Empecemos con los hechos. Irán rechazó esta semana una solicitud de cese al fuego mientras Israel anunció nuevos ataques. Paralelamente, la administración Trump movilizó a aliados regionales para asegurar el Estrecho de Ormuz, la arteria por la que transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial. No es retórica diplomática. Es una operación de posicionamiento estratégico con consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales.

El Estrecho de Ormuz no es un problema del Medio Oriente. Es un problema de todos.

Cuando se negoció la modernización del T-MEC en 2020, uno de los supuestos implícitos era la estabilidad energética regional. México acordó reglas de origen y compromisos de inversión en el sector energético bajo una arquitectura de precios que presupone cierta previsibilidad en los mercados del petróleo. Una escalada en el Golfo Pérsico destruye ese supuesto.

El artículo 32.10 del T-MEC, relativo a política macroeconómica y tipos de cambio, junto con los compromisos energéticos del Anexo II, operan en un entorno donde las variables externas —precio del crudo, flujos de inversión, tasas de interés— se asumen relativamente estables. Ningún tratado puede blindar a una economía de un choque externo de esta magnitud, pero sí puede proveer mecanismos de respuesta. La pregunta es si México está usando esos mecanismos o simplemente esperando que la tormenta pase.

La respuesta honesta es que no los está usando. Y eso es una decisión política, no una fatalidad.

El costo de no tener posición

México es el undécimo productor de petróleo a nivel mundial y tiene una economía cuya estabilidad fiscal depende, todavía de manera preocupante, de los ingresos de Pemex. Cuando el precio del Brent sube por tensiones en Ormuz, el efecto en las finanzas públicas mexicanas es ambivalente: mejor precio para las exportaciones, sí, pero también mayor presión inflacionaria en combustibles, insumos industriales y transporte.

En este escenario, tener una posición diplomática clara en el conflicto israelo-iraní no es un lujo ideológico. Es una necesidad estratégica. ¿Qué conviene más a los intereses energéticos y comerciales de México: la estabilización de la región mediante acuerdos negociados, o la confrontación abierta que interrumpa el flujo por Ormuz? La respuesta parece obvia. Pero el gobierno mexicano, atrapado en una retórica de no intervención que confunde principio jurídico con parálisis política, no ha articulado ninguna posición coherente.

La no intervención es un principio del derecho internacional que protege la soberanía de los Estados. No es una prohibición de tener opiniones o de ejercer influencia diplomática. México ha tenido, históricamente, momentos de liderazgo regional precisamente porque supo distinguir entre no intervenir militarmente y participar activamente en la construcción de soluciones diplomáticas. El Grupo de Contadora en los años ochenta es el ejemplo más citado, y con razón.

Hoy, ese músculo diplomático está atrofiado.

Lo que Trump está haciendo bien, y lo que implica para México

Dicho esto, hay que reconocer lo que merece reconocimiento: la administración Trump está actuando con coherencia estratégica en el Golfo Pérsico. Movilizar aliados para asegurar Ormuz no es una aventura militar; es la aplicación de poder diplomático y disuasivo para proteger una ruta comercial que beneficia a toda la economía global, incluida la mexicana.

Esta coherencia contrasta con la dispersión de Washington en otros frentes esta semana: la posible parálisis gubernamental por el presupuesto, las tensiones internas dentro del Partido Republicano por la Ley SAVE, la salud de Susie Wiles en medio de una jefatura de gabinete exigente. Washington está bajo presión simultánea en múltiples frentes. Eso, para México, debería ser una señal de que el espacio para la negociación existe, pero hay que ocuparlo activamente.

Cuando el socio principal está distraído, las ventanas para renegociar condiciones, para posicionarse en nuevos mercados, para consolidar acuerdos bilaterales favorables, se abren. No duran indefinidamente.

La Ley SAVE y el contexto más amplio

El Senado republicano avanzó esta semana la llamada Ley SAVE, cuyo objetivo central es garantizar que solo ciudadanos estadounidenses participen en elecciones federales, fortaleciendo los mecanismos de verificación del registro electoral. En términos prácticos, es una señal política dirigida a la base electoral de Trump antes del ciclo de 2026. En términos geopolíticos, refuerza la narrativa de soberanía interna que el movimiento republicano ha convertido en su eje identitario.

Para México, esto tiene una lectura directa: Estados Unidos está en modo de consolidación interna. Las grandes reformas estructurales de política exterior no son la prioridad inmediata. Eso le da a México tiempo y espacio para fortalecer su posición antes de la revisión del T-MEC prevista para 2026. Tiempo que, hasta ahora, no se está aprovechando.

La conclusión es incómoda, pero necesaria

México necesita una política exterior que esté a la altura de sus intereses económicos reales. No una política exterior de declaraciones de principios que nadie lee. Una política que entienda que la estabilidad en el Estrecho de Ormuz afecta el precio del petróleo, que el precio del petróleo afecta el tipo de cambio, que el tipo de cambio afecta la competitividad de las exportaciones, y que las exportaciones son el oxígeno de la economía productiva mexicana.

Eso requiere diplomáticos capacitados, con mandato claro y respaldo institucional. Requiere una Secretaría de Relaciones Exteriores que opere con criterios de interés nacional, no de lealtad factional. Requiere, en suma, un gobierno que tome en serio que vivimos en un mundo donde la geopolítica y la economía son la misma cosa contada desde dos ángulos distintos.

El Estrecho de Ormuz arde. México observa. Eso no es neutralidad. Es negligencia estratégica disfrazada de principio.

Esta columna es opinión del autor.

Por Andres Castillo