Mientras la política doméstica acapara el debate, una escalada en el Golfo Pérsico puede reescribir los números de la economía mexicana en semanas
El 21% del petróleo que se comercia en el mundo pasa por el Estrecho de Ormuz. Veintiún por ciento. Un solo punto de estrangulamiento de 54 kilómetros de ancho entre Irán y Omán. Cuando ese corredor se tensiona —y hoy está más tenso que en cualquier momento desde 2019— los mercados no esperan confirmaciones: actúan. El precio del barril de crudo Brent subió más de 3% en las últimas sesiones ante la escalada entre Israel e Irán, y Washington ya está movilizando activos navales para "asegurar el libre tránsito", según declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca.
México mira hacia adentro. Siempre mira hacia adentro.
El problema no es el petróleo. Es todo lo demás.
Hay un reflejo automático cuando sube el precio del crudo: los analistas mexicanos celebran porque Pemex exporta. Ingenuidad documentada. México importa casi el 70% de las gasolinas que consume, procesa buena parte de su crudo en refinerías que operan a capacidad subóptima —la refinería de Dos Bocas sigue sin alcanzar sus metas de producción prometidas— y está estructuralmente expuesto a cualquier choque en los precios internacionales de los energéticos.
Un barril a 95 o 100 dólares no es una bonanza para el consumidor mexicano. Es inflación importada. Es el costo logístico de cada empresa manufacturera del Bajío subiendo antes de que nadie lo anuncie en una rueda de prensa. Es el margen de las pymes del sector transporte comprimiéndose en tiempo real.
Además, un conflicto que escale en el Golfo Pérsico no es solo un problema de precio del petróleo. Es un problema de primas de riesgo globales, de apetito por activos emergentes y, por tanto, del tipo de cambio. Cuando los mercados se ponen nerviosos, el peso mexicano no es una moneda de refugio. Nunca lo ha sido. Y con Banxico en un ciclo de recortes de tasas —lo cual es razonable dado el entorno inflacionario actual— el margen de defensa cambiaria se estrecha.
Washington no está mirando a México
La Casa Blanca tiene, en este momento, al menos cuatro frentes simultáneos: la negociación con Irán sobre su programa nuclear, la presión diplomática en el conflicto Israel-Gaza, la aprobación de la Ley SAVE en el Senado —la apuesta electoral republicana sobre integridad del voto— y la posibilidad real de un cierre parcial del gobierno federal si el Congreso no llega a un acuerdo presupuestario.
Susie Wiles, la jefa de gabinete que ha sido descrita como el eje operativo de la administración Trump, enfrenta además un diagnóstico de cáncer. Sin importar los detalles clínicos —que son asunto privado— la señal institucional es relevante: la persona que coordina la agenda del presidente está lidiando con una contingencia personal grave en el momento de mayor densidad diplomática del año.
En ese contexto, México no existe en la conversación de Washington. No es una crítica: es una descripción de la realidad geopolítica. Y esa ausencia tiene un costo que la Secretaría de Hacienda no está modelando en público.
La aritmética que nadie quiere hacer
Consideremos el escenario moderado: el conflicto en Medio Oriente no escala a una guerra regional abierta, pero la tensión se mantiene elevada durante seis a ocho semanas. El crudo promedia 95 dólares por barril en ese periodo. ¿Qué pasa?
Primero: la inflación en México, que el Banco de México proyecta convergiendo hacia el 3.9% para finales de 2025, recibe un choque de oferta no anticipado. Los energéticos y el transporte empujan los números al alza. El ciclo de recortes de tasas se complica.
Segundo: el dólar se fortalece globalmente como activo de refugio. El peso cede terreno. Estimaciones conservadoras del mercado de derivados sugieren que en un escenario de aversión al riesgo moderado-alto, el tipo de cambio puede moverse entre 50 y 80 centavos adicionales por dólar. Para una empresa que importa insumos o tiene deuda en dólares, eso no es un número abstracto.
Tercero: la inversión extranjera directa, que México necesita con urgencia para financiar el déficit en cuenta corriente y sostener el peso, tiende a pausarse cuando la volatilidad global sube. Los capitales no desaparecen, pero esperan. Y en un país donde la inversión privada ya enfrenta señales contradictorias —reformas constitucionales que modificaron las reglas del Poder Judicial, incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos— un periodo de pausa global llega en el peor momento posible.
La respuesta que no hemos visto
El gobierno mexicano no ha emitido ninguna señal de que esté modelando este escenario. No hay declaración de la Secretaría de Hacienda sobre los supuestos macroeconómicos del presupuesto ante un choque externo de esta naturaleza. No hay comunicado de la Secretaría de Energía sobre el impacto en la factura de importación de gasolinas. No hay posicionamiento de la Cancillería —más allá del discurso ritual de no intervención— sobre cómo México se posiciona ante una posible ruptura del orden energético global.
Esta no es una crítica menor. Es el trabajo básico de un gobierno que administra la quinta economía de América Latina, con un sector exportador profundamente integrado a cadenas de valor globales y una dependencia energética que la política de refinación doméstica no ha resuelto, a pesar de los miles de millones invertidos en el proyecto insignia de Dos Bocas.
Irán, por su parte, ha rechazado públicamente cualquier solicitud de cese al fuego mientras Israel anuncia nuevas operaciones. Eso no es retórica diplomática: es una señal de que el conflicto tiene al menos varias semanas más de duración garantizada. Los mercados lo están procesando. México todavía no.
Lo que debería estar pasando
Un gobierno serio, con una política económica basada en evidencia, estaría haciendo tres cosas ahora mismo.
Uno: publicar un análisis de sensibilidad del presupuesto 2025 ante distintos escenarios de precio del crudo y tipo de cambio. No es un ejercicio académico: es transparencia básica hacia los mercados y los ciudadanos.
Dos: coordinar con Banxico una comunicación clara sobre el margen de política monetaria disponible si la inflación recibe un choque externo. No para anticipar decisiones, sino para reducir incertidumbre.
Tres: acelerar cualquier negociación pendiente en materia de inversión privada en el sector energético. Si México va a depender de importaciones de combustible en el mediano plazo —que lo va a hacer, independientemente de los discursos sobre soberanía energética— necesita garantizar que esas importaciones se consigan en condiciones competitivas, lo que requiere operadores privados con incentivos correctos.
Nada de esto es ideología. Es administración responsable de riesgos.
El Estrecho de Ormuz tiene 54 kilómetros. La distancia entre lo que está ocurriendo allá y lo que le llegará a la economía mexicana es mucho menor de lo que sugiere el silencio oficial.
La pregunta no es si el choque llegará. Es si alguien en Palacio Nacional lo está calculando.
Por Claudia Vargas