Trump tiene razones para ser agresivo en ambos frentes. Pero la factura llegará, y México necesita estar preparado.

Un soldado estadounidense muerto en combate cuesta, en términos de compensación federal a su familia, entre 400,000 y 500,000 dólares. Multiplica eso por seis —los caídos esta semana en Kuwait tras el ataque iraní— y obtienes el número más pequeño de una ecuación que nadie en Washington está poniendo sobre la mesa con honestidad. El costo real de una escalada militar contra Irán, sumado a una guerra comercial que se recalibra hacia arriba esta semana, es una tormenta económica que los mercados todavía no han terminado de descontar.

Antes de que alguien me acuse de ser antipatriota o de no respaldar la seguridad nacional: no es eso. Las acciones de Irán —proxy tras proxy, ataque tras ataque— llevan décadas acumulándose sin consecuencias reales. Que Washington decida poner límites es, en principio, legítimo. El problema no es la intención. El problema es la arquitectura institucional que rodea esas decisiones, y las consecuencias económicas de ejecutarlas en simultáneo con una ofensiva arancelaria de proporciones históricas.

El Congreso que ya no existe

Esta semana el Senado estadounidense rechazó una resolución que habría limitado los poderes de guerra de Trump respecto a Irán. El resultado no sorprende —la mayoría republicana cerró filas— pero el precedente merece atención. Estamos ante un Congreso que, en la práctica, ha delegado dos de sus facultades constitucionales más importantes: la autoridad para declarar la guerra y la autoridad para fijar aranceles. Ambas cedidas al Ejecutivo.

Eso no es un triunfo conservador. Es una anomalía institucional que cualquier analista serio, independientemente de su ideología, debería señalar. Los aranceles son instrumentos de política comercial con consecuencias distributivas masivas. Las decisiones de guerra implican vidas y billones de dólares. Concentrar ambas en manos de un solo actor —sin contrapesos reales— no es gobierno limitado: es gobierno concentrado con bandera distinta.

Opinión personal, y la marco como tal: admiro la energía disruptiva de Trump frente a un establishment que durante décadas fingió que el libre comercio era simétrico cuando no lo era, y que Irán era un problema diplomático cuando era una amenaza activa. Pero la solución a instituciones débiles no es ignorarlas. Es reformarlas.

Dos guerras, un presupuesto

Lo que nadie está poniendo en una sola hoja de cálculo es esto: Estados Unidos está entrando simultáneamente en una confrontación militar de baja a media intensidad con Irán —que puede escalar— y en una guerra comercial global que esta semana sube de intensidad con nuevos aranceles anunciados.

Una guerra con Irán no tiene que ser invasión de tierra para ser costosa. Los seguros marítimos en el Golfo Pérsico ya subieron entre 15% y 30% en semanas recientes según reportes del mercado de Lloyd's. El petróleo tiene una prima de riesgo geopolítico que no desaparece con un tuit. Y si el conflicto interrumpe el tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial— los efectos inflacionarios llegarán a cada familia estadounidense antes de que ningún congresista haya votado nada.

Ahora súmale los aranceles. Esta semana Washington anuncia una nueva ronda de incrementos arancelarios globales. Los análisis de impacto que han circulado —ninguno optimista— apuntan a efectos concretos: manufacturas más caras, cadenas de suministro reconfiguradas a costos altísimos, y una presión inflacionaria adicional justo cuando la Fed todavía no ha terminado su batalla contra los precios.

La Corte Comercial de Apelaciones, por cierto, ordenó esta semana reembolsos de aranceles que la Suprema Corte luego anuló. El caos jurídico es real. Las empresas que toman decisiones de inversión a tres o cinco años no pueden operar con esa incertidumbre. Y la incertidumbre, como bien saben los economistas, es en sí misma un impuesto invisible.

El ángulo que nadie en México está cubriendo

Aquí es donde me interesa llegar, porque este periódico no se hace para el lector de Washington sino para el empresario en Monterrey, el emprendedor en Guadalajara, el directivo en la Ciudad de México.

México está atrapado entre dos fuegos que no encendió. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Una escalada arancelaria global nos golpea de tres formas: directamente, si algunos de esos aranceles nos alcanzan o si las excepciones del T-MEC se erosionan; indirectamente, porque una desaceleración de la economía estadounidense reduce la demanda de nuestras exportaciones; y sistémicamente, porque la volatilidad del dólar y el petróleo afecta nuestras finanzas públicas y tipo de cambio.

Al mismo tiempo, una confrontación militar en Medio Oriente que presione al alza el precio del crudo tiene un efecto paradójico para México: a corto plazo, mejora ingresos petroleros de Pemex. A mediano plazo, si dispara inflación global y enfría el crecimiento, nos daña. Somos un país que aún no termina de decidir si quiere ser exportador de materias primas o economía industrial integrada, y esa ambigüedad nos hace vulnerables en cualquier escenario de turbulencia.

Lo que me indigna —y aquí sí pongo la indignación sobre la mesa— es que el gobierno mexicano no tiene una estrategia articulada para ninguno de los dos escenarios. Tenemos una política exterior que consiste en no tener política exterior: "no intervención" como coartada para la inacción. Y una política económica que mezcla austeridad selectiva con gasto discrecional opaco, sin que nadie explique cuál es el colchón fiscal si los ingresos petroleros caen o si la inversión extranjera se detiene ante la incertidumbre norteamericana.

Lo que sí se puede defender

Dicho todo esto, hay algo en la postura arancelaria de Trump que merece análisis honesto, no solo crítica refleja. El argumento de que el libre comercio sin reciprocidad es una ficción que beneficia a países que manipulan moneda, subsidian industrias y violan propiedad intelectual —tiene sustancia. China no juega con las reglas que firmó. Y muchos países europeos protegen sectores agrícolas e industriales con una hipocresía que el discurso multilateralista nunca quiso nombrar.

Los aranceles como herramienta de negociación tienen lógica. El problema es cuando dejan de ser palanca y se convierten en política permanente, porque entonces el daño se internaliza en la cadena productiva doméstica y termina pagándolo el consumidor. La distinción importa.

Lo que no tiene defensa razonable es la combinación de: caos jurídico en la aplicación, ausencia de estrategia legislativa, escalada militar simultánea y ningún plan fiscal creíble para financiar todo esto sin explotar el déficit que los republicanos decían querer reducir.

El costo que nadie quiere poner en la factura

Seis soldados muertos esta semana. Un Congreso que abdica. Aranceles que suben mientras los tribunales se contradicen. Y México mirando desde afuera, sin estrategia, esperando que el temporal pase.

El temporal no pasa solo. Las economías que sobreviven los ciclos de turbulencia geopolítica son las que tienen instituciones sólidas, reglas claras, sectores privados dinámicos y gobiernos que entienden que su trabajo no es controlar la economía sino darle condiciones para operar.

Ni Washington ni la Ciudad de México parecen haber leído ese manual últimamente.

Las opiniones expresadas en esta columna son de la autora y no representan una posición editorial unificada sobre política exterior estadounidense.

Por Claudia Vargas