La CNTE no suspendió su huelga por convicción. La suspendió porque le ofrecieron dinero. Y eso debería preocuparnos más que la huelga misma.

México destina alrededor del 5% de su PIB al gasto educativo. Es un porcentaje comparable al de países de la OCDE con sistemas de educación de primer nivel. La diferencia es que en Finlandia ese dinero llega a los niños. En México, llega primero al sindicato.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación suspendió esta semana su huelga después de que la Secretaría de Educación Pública accedió a negociar la restitución de 800 millones de pesos en recursos que, según la CNTE, les fueron recortados. Ochocientos millones. Para un movimiento que lleva décadas bloqueando calles, tomando plazas y paralizando el ciclo escolar con una frecuencia casi estacional, la cifra no es una demanda: es una tarifa.

El mecanismo es siempre el mismo y ya nadie se molesta en disimularlo. La Coordinadora anuncia paro. Los niños dejan de ir a clases. El gobierno negocia. El sindicato obtiene algo. Los niños regresan a clases. Hasta la próxima temporada.

Lo que cambia cada vez es el monto. Lo que nunca cambia es la ausencia total de resultados académicos como condición de cualquier acuerdo.

El costo que nadie contabiliza

Ochocientos millones de pesos es una cifra que impresiona en el titular, pero el costo real de la CNTE no está en lo que exige: está en lo que destruye.

México ocupa, según la última evaluación PISA disponible, los últimos lugares entre los países de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Los estados con mayor presencia de la Coordinadora —Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán— concentran también los peores indicadores educativos del país. No es coincidencia. Es causalidad documentada.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) estimó que cada día de huelga magisterial en zonas de influencia de la CNTE representa entre 300,000 y 500,000 niños sin clases. Multiplíquese eso por los días acumulados en los últimos cinco años. El resultado es una generación con brechas de aprendizaje que ningún programa compensatorio va a cerrar.

Pero eso no aparece en ninguna negociación. Nadie en la mesa le pone precio al futuro truncado de un niño en Oaxaca que terminó la primaria sin saber leer con fluidez.

La reforma educativa que se deshizo

Hay un antecedente que la narrativa oficial prefiere ignorar: la reforma educativa de 2013, imperfecta en su implementación pero correcta en su diagnóstico. Por primera vez en décadas, el Estado mexicano intentó vincular la permanencia de un maestro frente a grupo con su desempeño evaluado. No era un ataque a los docentes: era una condición elemental de cualquier sistema educativo funcional.

La CNTE respondió con violencia. Las imágenes de Nochixtlán en 2016, con enfrentamientos que dejaron muertos, son la evidencia más brutal de lo que ocurre cuando un sindicato político decide que su poder corporativo vale más que una política pública.

En 2019, el gobierno de la Cuarta Transformación desmanteló esa reforma. La reemplazó con una contrarreforma que eliminó la evaluación docente obligatoria con consecuencias laborales. La CNTE celebró. Los niños, nadie los consultó.

El resultado está en los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —que por cierto también fue debilitado en ese mismo periodo—: los aprendizajes no mejoraron. En varios indicadores, retrocedieron. La pandemia agravó todo, pero la tendencia precede al COVID-19.

800 millones como síntoma

Lo que está en disputa esta semana no son 800 millones de pesos en abstracto. Son recursos que, según la SEP, corresponden a partidas presupuestales específicas. La CNTE argumenta que son fondos que históricamente han administrado para capacitación y operación. El gobierno dice que los reasignó. Ninguno de los dos explica con qué criterio de resultados se justifica esa administración.

Esta es la pregunta que nadie hace en la mesa de negociación: ¿qué indicador educativo mejoró con los recursos que la CNTE administró en los últimos diez años? ¿Cuántos estudiantes de zonas de influencia coordinadora alcanzaron nivel suficiente en comprensión lectora? ¿Cuántos maestros adscritos a la Coordinadora completaron actualizaciones pedagógicas verificables?

Si esas preguntas existieran en la negociación, el acuerdo sería diferente. Probablemente no habría acuerdo. Porque el modelo de la CNTE no está construido sobre resultados: está construido sobre presión.

El problema de fondo: un sindicato que es poder político

La CNTE no es un sindicato en el sentido técnico del término. Es una estructura de poder político con base territorial, capacidad de movilización y acceso directo a recursos públicos. En Oaxaca controla la asignación de plazas. En Chiapas opera como actor de veto en decisiones de política local. En la Ciudad de México tiene capacidad de paralizar zonas enteras de la capital.

Esa acumulación de poder no se construyó educando mejor a los niños. Se construyó negociando con cada gobierno que llegó, sin importar el color, la ideología ni el discurso. La 4T no fue la excepción: fue la que más rápido cedió, más temprano y con menos condiciones.

En Chile, la reforma educativa de la última década incluyó mecanismos de evaluación docente con consecuencias reales, respaldados por el Colegio de Profesores tras años de negociación. En Colombia, el Estatuto Docente fue reformado para introducir el mérito como criterio de ascenso. En ambos casos hubo resistencia. En ambos casos el Estado no retrocedió en lo fundamental.

México retrocedió. Y los 800 millones de esta semana son la consecuencia lógica de ese retroceso: cuando cedes en lo estructural, negociar lo presupuestal se convierte en rutina.

Lo que vale la pena defender

Hay una conversación que México necesita tener con urgencia y que ningún partido político quiere protagonizar: ¿quién representa a los niños en la negociación educativa?

Los maestros tienen sindicato. El gobierno tiene mesa de negociación. Los padres de familia tienen, en el mejor de los casos, un comunicado de prensa. Los niños no tienen nada.

El gasto educativo en México no es el problema. El problema es que ese gasto no tiene como condición ni como métrica el aprendizaje real de los estudiantes. Mientras eso no cambie, cada negociación con la CNTE será una transferencia de recursos sin rendición de cuentas, disfrazada de acuerdo laboral.

Ochocientos millones esta semana. ¿Cuánto la próxima?

Y mientras tanto, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, hay un niño de diez años que todavía no sabe dividir. Ese niño no suspendió su huelga. Nunca tuvo una.

Por Claudia Vargas