Sobrevivientes denuncian falta de voluntad política para procesar delitos contra pueblos originarios en Chiapas y Guatemala
Hay un momento en la historia de cualquier Estado donde la capacidad de administrar justicia define si existe realmente o si es solo un cascarón burocrático. México está en ese momento, y está fallando.
Según Desinformémonos, sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia contra comunidades indígenas de Chiapas y Guatemala denunciaron públicamente en Ciudad de México la falta de voluntad política del Estado mexicano para hacer justicia en crímenes contra pueblos originarios. No es una queja abstracta de activistas. Son personas que sobrevivieron a la violencia quienes están diciendo: el Estado no quiere investigar, no quiere procesar, no quiere castigar.
Esto no es un problema menor de gestión administrativa. Es un colapso institucional con consecuencias reales.
La economía política de la impunidad
Cuando el Estado no administra justicia, no protege derechos de propiedad. Cuando no protege derechos de propiedad, no hay incentivos para invertir. Cuando no hay incentivos para invertir, la economía formal se contrae y solo prospera la economía criminal. Es mecánica básica.
Chiapas es un territorio donde confluyen tres dinámicas: territorios indígenas con recursos naturales valiosos, presencia histórica de conflictividad social, y debilidad estatal. Cuando los delitos contra comunidades indígenas no se investigan ni se castigan, lo que se está permitiendo es que se consolide la impunidad como modelo de funcionamiento.
Los pueblos indígenas de Chiapas y la región fronteriza con Guatemala no son un dato sociológico. Son poblaciones que participan en cadenas de valor: producción agrícola, ecoturismo, artesanía, recursos forestales. Cuando la violencia contra ellos queda sin castigo, se erosiona su capacidad de participar en la economía formal. Se convierte en poblaciones capturadas, sin acceso a justicia, sin protección legal, sin condiciones para actividad económica segura.
El costo político de no actuar
La administración actual ha consolidado un discurso de fortaleza institucional mientras que, en los hechos, ha permitido que sectores enteros del país queden fuera del alcance de la justicia penal. Eso no es fortaleza. Es captura selectiva del Estado.
Un sobreviviente de violencia que denuncia públicamente que no hay voluntad política para hacer justicia está diciendo algo muy específico: ha presentado denuncias, ha seguido canales, ha esperado. Y nada ha pasado. No es una percepción. Es una experiencia replicada.
Cuando una institución de justicia no procesa delitos contra un grupo específico de la población — en este caso, comunidades indígenas — la pregunta inevitable es: ¿qué criterio está usando para jerarquizar cuáles delitos investiga y cuáles deja pasar?
Debilidad institucional exportable
La falta de voluntad política para hacer justicia en delitos contra indígenas de Chiapas afecta también a la región fronteriza con Guatemala. México no puede exigir respeto a sus derechos como Estado si no respeta derechos fundamentales dentro de su propio territorio. La credibilidad internacional se construye desde adentro.
Un inversionista, un emprendedor, una comunidad que necesita seguridad jurídica miran cómo funciona la justicia en el país. Si ven que delitos graves contra poblaciones específicas quedan sin castigo, la conclusión es que el Estado no tiene capacidad o voluntad de hacer cumplir la ley de manera imparcial.
Eso cuesta. Cuesta en términos de inversión que no llega, de empresas que se van a otros territorios, de talento que emigra. Pero cuesta mucho más en términos de poblaciones que quedan atrapadas en territorios donde la ley no existe.
Lo que no se dice en los comunicados
La administración actual ha invertido recursos en narrativas de seguridad y militarización. Pero un ejército que no está acompañado de una justicia funcional solo es un instrumento de control, no de protección.
Lo que hace falta es voluntad política clara: investigación rigurosa, fiscales con capacidad técnica, juzgados que funcionen, sentencias que se ejecuten. Todo eso tiene costo. Pero la alternativa — permitir que la impunidad se consolide como regla — tiene un costo mucho más alto.
México tiene un problema de justicia. Y ese problema no es accidental. Es resultado de decisiones específicas sobre a qué se le da prioridad y a qué se le abandona.
Los sobrevivientes de violencia contra comunidades indígenas están diciendo que han sido abandonados. Es responsabilidad del Estado demostrar lo contrario con acciones, no con comunicados.
Por Laura Herrera