Amnistía Internacional documenta una crisis silenciosa: ciudadanos mexicanos condenados a muerte en EE.UU. mientras la diplomacia se queda corta

Cuarenta y cuatro ciudadanos mexicanos esperan ejecución en cárceles de Estados Unidos. Otros 102 enfrentan procesos judiciales que podrían llevarlos al corredor de la muerte. No son números de un documental sobre injusticia penal. Son mexicanos de los que nadie habla en las mañaneras presidenciales, en los comunicados de la Cancillería o en los discursos sobre soberanía nacional.

Según La Jornada, Amnistía Internacional reporta estas cifras con precisión documentada. La pregunta incómoda es simple: ¿por qué una democracia como México tolera que sus ciudadanos sean ejecutados en un país vecino sin que esto genere una respuesta diplomática de envergadura?

Hay un patrón aquí que vale la pena diseccionar. México ha construido su narrativa internacional sobre dos pilares que suenan contradictorios: la reivindicación de la soberanía nacional y la defensa de los derechos humanos. Ambos pilares deberian convertirse en acción cuando un mexicano enfrenta la pena capital en el extranjero. Sin embargo, lo que vemos es silencio institucional, comunicados tibios y una ausencia de presión diplomática consistente.

No se trata de cuestionar la legitimidad del sistema judicial estadounidense ni de argumentar que todos estos mexicanos son inocentes. El sistema de justicia penal de Estados Unidos tiene defectos bien documentados —disparidades raciales, acceso desigual a defensa legal, condenas que descansan en prueba circunstancial—, pero esos son problemas que México no puede resolver. Lo que México sí puede resolver es asegurar que sus ciudadanos reciban la mejor defensa legal posible y que el gobierno mexicano ejerza presión diplomática cuando sea apropiado.

La cifra de 102 mexicanos en procesos judicales que podrían resultar en pena capital es aún más preocupante. Es una advertencia de que el problema no se detiene en los 44 actuales. Es una proyección hacia una crisis creciente que el Estado mexicano parece incapaz o desinteresado en prevenir.

Aquí viene el dilema institucional. Un gobierno que concentra poder en el ejecutivo, como ha ocurrido en México los últimos años, pierde capacidad de presión diplomática porque los legisladores y la sociedad civil no están vigilando. Una Cancillería debilitada, subordinada a otras prioridades, no puede ejercer presión consistente ante Washington. Un Congreso que no interpela al ejecutivo sobre estos temas simplemente permite que pasen desapercibidos.

Compáralo con otros países. Canadá ha ejercido presión consistente sobre casos de pena de muerte que involucran a sus ciudadanos. Italia, Alemania y otros países europeos han hecho de la abolición de la pena capital una cuestión de política exterior. ¿México? Mexico aparentemente ha decidido que estos 44 ciudadanos no merecen el mismo nivel de advocacy.

El argumento de que "no podemos interferer en asuntos judiciales estadounidenses" es válido en términos de respetar la soberanía judicial ajena. Pero hay una línea entre respetar soberanía y abandonar a tus ciudadanos. La diplomacia consular, la revisión de antecedentes legales, la intervención ante organismos internacionales, la coordinación con organizaciones de derechos humanos: todas estas herramientas existen y están disponibles para cualquier gobierno que decida usarlas.

Lo que Amnistía Internacional documentó no es solo una estadística. Es un síntoma de una institución estatal ausente. Es la evidencia de que cuando llega la verdadera prueba de soberanía —la capacidad de proteger a los propios ciudadanos—, el Estado mexicano desaparece.

Este es un tema que debería ocupar espacio en el debate público mexicano, en las negociaciones bilaterales con Washington y en las rendiciones de cuentas parlamentarias. Que no lo haga es, simplemente, una confesión de prioridades equivocadas. Cuarenta y cuatro vidas están en juego. La respuesta no puede seguir siendo el silencio.

Por Sandra Gutierrez