El mercado laboral de Estados Unidos resiste, pero Trump apuesta el futuro fiscal del país a un gasto militar sin precedente. Alguien tendrá que pagar la cuenta.
En marzo, la economía estadounidense generó 178,000 empleos. No es un número espectacular, pero es sólido: supera las estimaciones de consenso, la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 4% y los sectores de manufactura y servicios profesionales lideran la creación de puestos. Para cualquier gobierno, ese dato sería suficiente para declarar victoria y seguir adelante.
Pero la administración Trump no está en modo de consolidación. Está en modo de apuesta máxima.
Mientras el mercado laboral muestra resiliencia, la Casa Blanca acaba de presentar una solicitud presupuestaria que pide 1.5 billones de dólares para defensa —no en cinco años, sino como base de gasto para los próximos ciclos. Es el incremento más ambicioso en décadas. Y llega en un momento en que los aranceles están generando presión inflacionaria, los tribunales están frenando iniciativas clave del ejecutivo y el propio Partido Republicano debate en silencio cuánto puede sostener fiscalmente esta agenda.
La pregunta no es ideológica. Es aritmética.
El número que nadie quiere discutir
Estados Unidos ya gasta más en defensa que los diez países siguientes en el ranking combinados. El presupuesto militar actual ronda los 886,000 millones de dólares —cifra que ya representa aproximadamente el 3.5% del PIB. Llevarlo a 1.5 billones implicaría un salto histórico: estaríamos hablando de acercarse al 6% del PIB en gasto militar, niveles no vistos desde la Guerra de Corea.
Eso tiene un costo de oportunidad brutal. Cada dólar destinado a nuevos portaaviones, sistemas de misiles hipersónicos y expansión de bases es un dólar que no va a infraestructura civil, reducción de deuda o devolución al contribuyente. Y la deuda federal ya superó los 34 billones de dólares —un número tan grande que el cerebro humano deja de procesar su significado.
La defensa nacional es una función legítima del Estado. Nadie serio discute eso. Pero la escala importa, y el financiamiento importa más.
Gastar en defensa no es lo mismo que ser fuerte
Hay una trampa conceptual en el argumento de Trump: confundir volumen de gasto con capacidad estratégica real. El Pentágono tiene un historial documentado de contratos sobrevaluados, proyectos con décadas de retraso y adquisiciones que terminan siendo obsoletas antes de desplegarse. El caza F-35 —el programa de armamento más caro en la historia de la humanidad, con un costo estimado superior a 1.7 billones de dólares a lo largo de su vida útil— sigue siendo citado por auditores y analistas como un ejemplo clásico de cómo el gasto masivo no garantiza superioridad operativa.
Añadir cientos de miles de millones a un sistema que no ha resuelto sus problemas de rendición de cuentas no produce más seguridad. Produce más contratos para los mismos proveedores de siempre.
La competencia en defensa —entre contratistas, entre tecnologías, entre enfoques estratégicos— produce mejores resultados que el gasto discrecional masivo. Eso no es pacifismo; es eficiencia.
El contexto fiscal que Trump prefiere ignorar
La solicitud de 1.5 billones llega en un momento en que la Reserva Federal mantiene tasas de interés elevadas para combatir una inflación que, si bien ha cedido respecto a sus picos de 2022, sigue siendo un factor de presión real para familias y empresas. El costo de financiar la deuda federal ya supera el billón de dólares anuales en intereses —más que el presupuesto completo de defensa actual.
Agregar gasto de esta magnitud sin un plan de financiamiento creíble tiene una sola salida: más deuda. Y más deuda en este entorno de tasas significa más presión sobre los intereses, lo que a su vez comprime el espacio fiscal para todo lo demás.
No es una opinión política. Es la mecánica básica de las finanzas públicas.
El dato de 178,000 empleos en marzo es positivo, pero no es inmune a este ciclo. Si el gasto descontrolado genera inflación persistente, la Reserva Federal responderá con tasas más altas. Tasas más altas encarecen el crédito para empresas pequeñas y medianas —las que realmente crean la mayoría de los empleos en Estados Unidos. El mercado laboral que hoy celebramos puede erosionarse precisamente por las decisiones fiscales que se toman en Washington.
El caso canadiense: un espejo incómodo
Canadá ofrece un contraste instructivo, aunque desde el extremo opuesto del espectro. Ottawa acaba de reconocer que su política de prohibición de armas de fuego —implementada con gran fanfarria regulatoria— ha sido, en la práctica, un fracaso operativo: no tiene la capacidad logística para ejecutar la confiscación, los costos del programa superan las estimaciones originales y el impacto en la violencia armada es, hasta ahora, estadísticamente marginal.
Dos países, dos lecciones complementarias: el gasto masivo sin rendición de cuentas no produce los resultados prometidos, ya sea en defensa o en control social. La escala del compromiso presupuestario no es garantía de efectividad.
Lo que funciona —en seguridad, en economía, en política pública— es la claridad de objetivos, la competencia en la ejecución y la evaluación honesta de resultados. Nada de eso está en el centro del debate actual en Washington.
Lo que el mercado laboral nos está diciendo realmente
178,000 empleos en un contexto de incertidumbre arancelaria y tensiones geopolíticas es, en realidad, una señal de la fortaleza estructural de la economía privada estadounidense —no una validación de la política fiscal de la administración. Las empresas contratan a pesar del ruido de Washington, no gracias a él.
Esa distinción importa. La narrativa oficial querrá atribuirse ese número. Pero los empleos de marzo se crearon en su mayoría en sectores que dependen de la demanda privada, la inversión corporativa y la certeza jurídica —no del gasto gubernamental.
Si la administración quiere consolidar esa tendencia, el camino no pasa por comprometer el balance fiscal con el mayor incremento de gasto militar en generaciones. Pasa por mantener un entorno de reglas estables, presión fiscal razonable y deuda manejable.
La cuenta llega siempre
En economía, como en contabilidad, no existen los almuerzos gratis. Un presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares tiene que salir de algún lado. Si no sale de recortes en otros rubros —cosa que el Congreso históricamente resiste— saldrá de deuda. Y esa deuda la pagarán, con intereses, los contribuyentes de las próximas dos décadas.
El mercado laboral aguanta hoy. La pregunta es si aguantará las consecuencias fiscales de las decisiones que se están tomando ahora.
Los datos de empleo de marzo merecen reconocimiento. El presupuesto militar de Trump merece escrutinio. No son noticias contradictorias. Son dos caras del mismo momento: una economía que funciona a pesar de sus gobernantes, y un gobierno que está tentando su propia suerte.
Por Claudia Vargas