Canadá prohibió 2,500 modelos de rifles pero su programa de recompra solo alcanzó el 50% de su objetivo
Canadá acaba de enfrentar una realidad incómoda que los gobiernos raramente admiten: prohibir algo y hacerlo desaparecer son dos cosas completamente distintas. El país norte americano implementó lo que promocionó como su mayor esfuerzo de control de armas en décadas, prohibiendo 2,500 modelos de rifles de estilo asalto. Pero el programa de recompra —el mecanismo central para retirar estas armas del mercado— alcanzó apenas el 50% de su objetivo. Es un fracaso que dice mucho sobre los límites del poder estatal cuando choca con la realidad civil.
La prohibición en sí fue ambiciosa. El gobierno canadiense buscaba eliminar no solo algunos modelos específicos, sino 2,500 variantes de rifles clasificados como de "estilo asalto". En la retórica oficial, fue presentado como una solución definitiva a la violencia armada, una demostración de voluntad política para enfrentar un problema que preocupa a muchos canadienses. Pero como ocurre frecuentemente con las políticas de comando y control, la ambición legislativa no se tradujo en resultados reales.
El programa de recompra es la prueba de fuego. Cuando un gobierno prohíbe un producto, debe ofrecer una vía de salida legal a quienes lo poseen legalmente. Canadá ofreció compensación monetaria a los ciudadanos que entregaran sus armas. Suena razonable en teoría. En la práctica, solo el 50% de los propietarios aceptó la oferta. Eso significa que aproximadamente la mitad de las armas que se suponía serían retiradas permanecen en circulación —ahora como productos ilegales, con propietarios que enfrentan una decisión: entregarlas o violarlas ley.
Este es el dilema central de las políticas prohibicionistas: ¿qué ocurre cuando los ciudadanos no cooperan? Los gobiernos pueden endurecerse, aumentar penalidades, crear nuevas unidades de cumplimiento, expandir la vigilancia. Pero eso tiene un costo fiscal, político y social que los funcionarios públicos prefieren no contabilizar abiertamente.
Desde la perspectiva del fracaso institucional, esto es instructivo. Canadá gastó recursos significativos en legislación, consultoría, diseño administrativo y ejecución del programa de recompra. El resultado fue una prohibición que solo se cumplió a medias. Cualquier empresa privada que implementara una estrategia con un 50% de éxito en su objetivo central enfrentaría un análisis severo de sus líderes. Los gobiernos, al no tener competencia que les desafíe, simplemente avanzan hacia el próximo proyecto.
La comparación con otros contextos es reveladora. Cuando México implementó restricciones a la tenencia de armas hace décadas, enfrentó problemas similares: acatamiento parcial, armas que migraban al mercado negro, y paradójicamente, más poder concentrado en actores que operaban fuera de la legalidad. La diferencia es que en Canada hay capacidad institucional, cumplimiento de ley relativo y una sociedad con alta tasa de formalidad. Si incluso en ese contexto el programa alcanzó apenas el 50%, la lección sobre los límites de la prohibición es clara.
Hay un argumento que los funcionarios canadienses harán: que el 50% de cumplimiento es mejor que nada, que algo es mejor que inercia total. Es matemáticamente correcto, pero políticamente incompleto. Porque una prohibición que solo se cumple parcialmente genera una clase de ciudadanos tecnicamente criminales, pero que no se sienten así. Generan resentimiento institucional: la gente ve que el gobierno hace una ley, la mayoría no la cumple, y el gobierno no tiene capacidad para hacer cumplir su propia voluntad. Eso erosiona el respeto por la ley de manera más lenta pero más profunda que una prohibición que simplemente no se intenta.
El verdadero problema es político. Los gobiernos prohiben lo que les da rédito electoral en el discurso, sin asumir completamente el costo de hacerlo cumplir. Es más fácil legislar que gobernar, más fácil el anuncio que la administración.
Canadá debe enfrentar ahora una decisión: ¿invierte recursos enormes en persecución de ciudadanos que retienen un arma, con todo el costo político y presupuestario que eso implica? ¿O reconoce que la prohibición fue un instrumento político insuficiente y reajusta su política de control de armas hacia mecanismos que generen más cooperación voluntaria?
Este fracaso canadiense es una lección para cualquier democracia que crea que el poder legislativo puede sustituir el consenso social. No puede. Las instituciones funcionan cuando tienen legitimidad. Las prohibiciones sin legitimidad se convierten en enemigos del estado de derecho.
Por Sandra Gutierrez