Cuarenta y cuatro días de cierre, una Constitución en disputa y una política exterior que zigzaguea. El caos institucional de Estados Unidos no es un espectáculo lejano: es un riesgo directo para la economía mexicana.

Lo que ocurre en Washington esta semana no es política espectáculo. Es una acumulación de señales que cualquier empresario, exportador o inversionista debería estar leyendo con atención.

Cuarenta y cuatro días. Ese es el récord histórico que ha alcanzado el cierre del gobierno federal estadounidense, y no es un dato abstracto: aeropuertos operando con personal mínimo, inspectores de aduanas al límite, procesos de certificación paralizados. Para quienes mueven mercancía a través de la frontera norte —y son cientos de miles de empleos directos en México los que dependen de esa fluidez— cada día de disfunción en Washington es un costo real, medible, que nadie va a reembolsar.

Pero el cierre es solo la capa visible. Debajo hay algo más profundo.

Cuando la Constitución se vuelve negociable

La Corte Suprema de Estados Unidos está examinando si el Ejecutivo puede redefinir, por decreto, quién nace ciudadano en ese país. La Decimocuarta Enmienda lleva más de 150 años siendo la base del ordenamiento jurídico migratorio estadounidense. No es un detalle menor: es el tipo de certeza legal sobre la que se construyen vidas, familias, empresas y planes de largo plazo.

Lo que preocupa no es la política migratoria en sí —cada nación tiene derecho a definir sus reglas—, sino el método. Cuando un poder ejecutivo intenta reescribir la Constitución mediante decreto y los tribunales abren la puerta a esa posibilidad, el mensaje que se envía al mundo es inequívoco: las reglas pueden cambiar sin previo aviso, sin proceso legislativo, sin consenso. Eso es exactamente lo contrario de la seguridad jurídica que los mercados necesitan.

México debería tomar nota, porque llevamos años criticando —con razón— cuando nuestros propios gobiernos gobiernan por decreto y debilitan instituciones autónomas. El principio no cambia dependiendo de qué bandera ondea sobre el edificio.

La aritmética del caos

El editorial de hoy podría haberse titulado de otra manera: el costo de gobernar sin mayorías, sin acuerdos y sin disciplina fiscal. Porque eso es, en el fondo, lo que explica el cierre más largo de la historia estadounidense. No es una crisis de recursos —Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del planeta—. Es una crisis de gobernabilidad.

Y las crisis de gobernabilidad tienen precio. Lo pagan los contribuyentes, los trabajadores del sector público, los contratistas privados que dependen del gobierno federal y, en el caso particular de México, los exportadores que cruzan mercancía todos los días por Laredo, El Paso, Nogales o Tijuana.

Cada quincena, miles de empresarios mexicanos resuelven la misma ecuación: márgenes ajustados, tipo de cambio volátil, costos logísticos impredecibles. Agregarle encima la incertidumbre de no saber si la aduana del otro lado estará operando con capacidad plena es una variable que ningún modelo de negocios absorbe fácilmente.

Oriente Medio, Irán y el zigzag exterior

Mientras Washington lidia con su parálisis interna, la política exterior estadounidense manda señales contradictorias. Por un lado, refuerzo militar en Oriente Medio. Por otro, negociaciones directas con Irán. Y en paralelo, hackers iraníes violando el correo del director del FBI —una provocación que, en cualquier otra administración, habría generado una respuesta coordinada e inmediata.

A esto se suma la autorización para que un buque ruso descargue petróleo en Cuba: un giro que algunos llaman pragmatismo y otros llaman inconsistencia. No juzgamos la decisión en sí —la geopolítica es compleja y los intereses nacionales a veces exigen movimientos que parecen contradictorios—. Lo que sí señalamos es que un aliado comercial impredecible es, por definición, un riesgo para cualquier cadena de suministro que dependa de su estabilidad.

México exporta más del 80% de sus productos a Estados Unidos. Esa dependencia no se resuelve en un sexenio, pero sí obliga a monitorear con rigor cualquier señal de inestabilidad estructural al norte de la frontera.

Lo que nos toca hacer

Frente a este panorama, la respuesta correcta no es el alarmismo ni la parálisis. Es la preparación.

El sector productivo mexicano necesita, con urgencia, que su propio gobierno entienda que la diversificación de mercados no es un slogan: es una necesidad estratégica. Que la inversión en infraestructura fronteriza no puede seguir siendo rehén de la burocracia. Que la certeza jurídica interna —contratos que se respetan, árbitros independientes, reglas que no cambian por capricho presidencial— es hoy más valiosa que nunca, precisamente porque el entorno externo está ofreciendo menos de esa certeza, no más.

Y necesita que los empresarios, cámaras industriales y organismos del sector privado eleven la voz con datos, no con queja. Que presenten a los tomadores de decisiones —en México y en Washington— los números reales del impacto: empleos en riesgo, inversiones detenidas, contratos en suspenso.

El caos en Washington no es inevitable ni permanente. Las instituciones estadounidenses han sobrevivido crisis mayores. Pero mientras dura, el costo lo absorbe alguien. Y ese alguien, con demasiada frecuencia, es el sector productivo de ambos lados de la frontera.

La pregunta que vale la pena hacerse hoy es simple: ¿estamos preparados para que esto dure más de lo que cualquiera anticipó? Porque gobernar por decreto, ignorar mayorías legislativas y reescribir constituciones tienen una cosa en común: tardan mucho más en resolverse de lo que tardaron en comenzar.

Por Eduardo Rios