Cuarenta y cuatro días de cierre federal, una Corte Suprema que cuestiona la Constitución y hackers iraníes en los correos del FBI. El verdadero precio no es político: es económico.
Cuarenta y cuatro días. Ese es el número que debería preocupar a cualquier analista serio antes de opinar sobre la ciudadanía por nacimiento, los misiles en el Golfo Pérsico o los hackers de Teherán. Cuarenta y cuatro días consecutivos sin financiamiento federal aprobado: el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, superando los 35 días del episodio de 2018-2019. Y mientras los titulares compiten por la narrativa política más dramática, la factura económica acumula intereses que nadie está contando en voz alta.
El gobierno federal de Estados Unidos emplea directamente a más de dos millones de trabajadores civiles. Cuando el Congreso no aprueba un presupuesto, esos trabajadores dejan de cobrar. Los contratistas privados —que en sectores como defensa, tecnología e infraestructura representan una masa laboral comparable— tampoco reciben pagos. Los aeropuertos ya están operando con personal del Servicio de Control de Tráfico Aéreo (FAA) en condiciones mínimas. No es metáfora: hay vuelos con retrasos documentados en los principales hubs del país atribuidos directamente a la escasez de controladores que, sencillamente, no están reportando a trabajar sin garantía de pago.
Esto no es un problema abstracto de contabilidad pública. Es una demostración en tiempo real de lo que ocurre cuando la política fiscal se convierte en rehén de la política espectáculo.
La paradoja del partido del gobierno limitado
Hay una ironía que merece nombrarse con precisión: el Partido Republicano, que durante décadas ha construido su identidad en torno a la reducción del tamaño del Estado y la disciplina fiscal, es hoy el partido que gestiona el cierre más prolongado de ese mismo Estado. No es necesariamente una contradicción moral —hay argumentos legítimos sobre qué debe financiarse y qué no— pero sí es una contradicción operativa que tiene costos reales.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cada semana de cierre federal genera pérdidas de productividad y retrasos en servicios por alrededor de 1,500 millones de dólares. A 44 días, el cálculo conservador supera los 9,000 millones de dólares en valor económico perdido o diferido. Dinero que, en su mayor parte, no se recupera: los pagos atrasados a contratistas pequeños y medianos frecuentemente resultan en cancelaciones de contratos, pérdida de personal calificado y retrasos en proyectos de infraestructura que luego cuestan más caro terminar.
Es curioso que quienes argumentan con razón que el gasto público debe justificarse con resultados medibles sean los mismos que, en este episodio, están generando un costo económico concreto y documentable sin ningún resultado de política pública que lo justifique.
La Corte Suprema y el riesgo de la incertidumbre jurídica
Paralelo al caos presupuestal, la Corte Suprema escucha argumentos sobre la ciudadanía por nacimiento. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense es, desde 1868, una de las bases más sólidas de certeza jurídica en ese país: si naces en territorio estadounidense, eres ciudadano. Punto.
Lo que está en juego no es solo una disputa constitucional académica. Es una pregunta sobre predictibilidad legal que tiene consecuencias económicas directas. Miles de empresas en Estados Unidos tienen empleados, socios o familiares directos cuyo estatus migratorio está vinculado —directa o indirectamente— a la ciudadanía por nacimiento. Los bufetes de abogados de inmigración corporativa ya están reportando un aumento en consultas de empresas que necesitan saber si sus planes de contratación internacional están en riesgo.
La seguridad jurídica no es un concepto filosófico. Es la base sobre la que las empresas toman decisiones de inversión de largo plazo. Cuando la interpretación de una enmienda constitucional que ha estado vigente durante 157 años se vuelve repentinamente incierta, el mercado responde con cautela. Y la cautela, en términos económicos, se llama inversión diferida.
Opinión: no es necesario oponerse a una política de control migratorio más estricto para reconocer que el mecanismo elegido —reinterpretar la Constitución por decreto ejecutivo en lugar de por reforma legislativa— introduce una dosis de incertidumbre que ningún sistema económico serio puede absorber sin consecuencias.
Irán, los hackers y el precio de la ciberguerra
Mientras Washington gestiona su propio desorden institucional, el mundo exterior no espera. La violación de los correos del director del FBI, Kash Patel, atribuida a hackers iraníes, no es solo un escándalo de espionaje. Es un recordatorio de que la ciberguerra tiene un costo económico medible que los gobiernos sistemáticamente subestiman en sus análisis públicos.
El Foro Económico Mundial estimó en su reporte de 2024 que el costo global del cibercrimen —incluyendo el patrocinado por Estados— alcanzará los 10.5 billones de dólares anuales para 2025. Irán no opera con los recursos de Rusia o China, pero ha demostrado capacidades ofensivas crecientes, especialmente en infraestructura crítica y comunicaciones gubernamentales. El hecho de que un funcionario de alto perfil como el director del FBI haya sido comprometido sugiere que los protocolos de seguridad digital del gobierno federal tienen brechas que el cierre de 44 días —con personal reducido en agencias de ciberseguridad— no ayuda precisamente a cerrar.
Reforzar la presencia militar en el Golfo Pérsico mientras se negocian acuerdos con Teherán es una política que puede tener lógica en términos de negociación desde posición de fuerza. Pero enviar portaaviones cuesta dinero. Y ese dinero sale de un presupuesto que, técnicamente, no ha sido aprobado.
El giro pragmático con Cuba y el petróleo ruso
En este contexto, la decisión de la administración Trump de autorizar un buque ruso de petróleo para Cuba resulta reveladora no tanto por lo que dice sobre Cuba o Rusia, sino por lo que dice sobre la lógica que está guiando las decisiones de política exterior: pragmatismo transaccional por encima de ideología consistente.
No es un enfoque necesariamente equivocado. El libre mercado y el pragmatismo diplomático pueden coexistir. Pero cuando se combina con la reinterpretación constitucional, el cierre de gobierno más largo de la historia y la escalada militar simultánea en tres frentes distintos, el resultado no es una estrategia coherente. Es improvisación costosa.
Lo que los datos dicen que los titulares no dicen
El índice de incertidumbre de política económica para Estados Unidos —una métrica académica que mide la volatilidad en las decisiones empresariales asociada a la ambigüedad gubernamental— está en niveles que no se veían desde la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas, que generan aproximadamente el 44% del PIB estadounidense según datos de la Reserva Federal, son las más sensibles a esta incertidumbre. No tienen equipos legales para navegar cambios constitucionales ambiguos. No tienen tesorerías para absorber retrasos en contratos federales. No tienen departamentos de ciberseguridad para defenderse de actores estatales extranjeros.
La pregunta que nadie está haciendo en las salas de redacción ocupadas con el drama político es esta: ¿cuánto de este caos institucional se está traduciendo ya en decisiones de inversión canceladas, contrataciones diferidas y capital que busca certeza en otros mercados?
Esa respuesta no llegará en forma de titular. Llegará en seis meses, cuando los datos del PIB del segundo trimestre muestren una desaceleración que tendrá muchos padres pero pocos dispuestos a reclamar la paternidad.
Gobernar bien no es espectacular. Es aburrido, predecible y costoso en términos de negociación política. Pero el costo de no hacerlo bien es más caro. Los números lo dicen. Siempre lo dicen.
Por Claudia Vargas