La semana en Washington revela una tensión que ningún partido puede ignorar: el poder sin rendición de cuentas cobra factura, y los ciudadanos empiezan a pasarla.

Tres noticias distintas. Un mismo problema de fondo.

Esta semana, Washington nos dio material suficiente para entender por qué la desconfianza ciudadana en el gobierno —de cualquier signo— no es un fenómeno pasajero ni un capricho de las encuestas. Es la respuesta racional de millones de personas que observan cómo el Estado crece, gasta, vigila y falla, todo al mismo tiempo.

Empecemos por lo que debería ser una buena noticia.

Confirmaciones, consolidación y el costo de distraerse

El Senado confirmó a Michael Mullin como secretario de Seguridad Nacional. La administración Trump avanza en la construcción de su gabinete y consolida su agenda en materia de justicia y control del gasto público. Para quienes creemos que un gobierno eficiente requiere liderazgos claros y rendición de cuentas, estas confirmaciones son pasos en la dirección correcta.

Pero el contexto político no perdona distracciones. Florida —un estado que Trump ganó por 19 puntos en su momento— acaba de registrar un giro demócrata en una elección local. No es una señal apocalíptica, pero tampoco es ruido. Es la primera advertencia de que los votantes que apostaron por un cambio real están midiendo si ese cambio llega a sus vidas cotidianas. Y aquí es donde la semana se complica.

Cuando el gobierno cierra, la realidad no espera

El cierre parcial del gobierno federal golpeó de lleno a la aviación comercial. Caos en aeropuertos. Retrasos en cadena. Delta Airlines, una empresa privada, saliendo a reclamar públicamente lo que el sector lleva semanas advirtiendo en privado: que la parálisis institucional tiene costos reales, medibles, inmediatos.

Esto no es ideología. Es logística básica. Cuando el Estado no cumple sus funciones mínimas —garantizar la operación de infraestructura crítica, mantener la seguridad aérea, procesar trámites esenciales— el sector productivo absorbe el golpe. Las empresas pagan horas extras, reorganizan rutas, pierden contratos. Los pasajeros pierden vuelos y confianza. Y nadie en Washington devuelve ese costo.

Los defensores del gobierno limitado no deberíamos aplaudir los cierres como si fueran victorias filosóficas. Un cierre de gobierno no es menos Estado: es peor Estado. Es la peor versión del intervencionismo, porque paraliza sin reformar, gasta sin producir y genera incertidumbre sin resolver nada estructural. Lo que el sector productivo necesita no es un gobierno ausente, sino un gobierno competente, predecible y que cumpla sus compromisos.

El Estado que vigila sin permiso

Pero el capítulo más preocupante de la semana no es el caos aéreo. Es lo que revelan las investigaciones sobre ICE y la compra masiva de datos personales de ciudadanos sin orden judicial.

El argumento legal es conocido: si la información está disponible comercialmente, el gobierno puede comprarla sin violar la Cuarta Enmienda. Lo que el Estado no puede confiscar, lo compra. Lo que no puede obtener con una orden judicial, lo adquiere en el mercado de datos.

Esto merece una pausa.

Quienes defendemos el libre mercado y el gobierno limitado no podemos aplaudir esta práctica porque provenga de una administración que simpatizamos políticamente. El principio que está en juego no es partidista: es la protección del individuo frente al poder del Estado. Y ese principio no tiene color político.

La Cuarta Enmienda existe precisamente para limitar la capacidad del gobierno de vigilar, registrar e investigar a sus ciudadanos sin causa justificada y sin supervisión judicial. Cuando el Estado encuentra un atajo —comprar lo que no puede confiscar— no está respetando el espíritu de esa protección. Lo está eludiendo.

Los contribuyentes que financian estas operaciones tienen derecho a saber quién autoriza estas compras, con qué criterios se selecciona a las personas investigadas, qué controles existen para evitar abusos y qué ocurre con esos datos una vez que se obtienen. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta pública hoy.

Un gobierno que exige transparencia a sus ciudadanos debería ofrecerla también sobre sus propias operaciones. Eso no es ingenuidad liberal: es el fundamento del estado de derecho que decimos defender.

El patrón que no podemos ignorar

Tomemos distancia y veamos la semana completa.

Tenemos una administración que avanza en su agenda de seguridad y control del gasto. Bien. Tenemos señales electorales que advierten que la base política no es incondicional. Importante. Tenemos un cierre de gobierno que daña a los mismos ciudadanos y empresas que prometió proteger. Grave. Y tenemos una agencia federal que acumula datos de ciudadanos sin las salvaguardas que la Constitución exige. Inaceptable, independientemente de a quién se esté investigando hoy.

El patrón es este: el poder sin rendición de cuentas no tiene ideología favorita. Corrompe a izquierdas y derechas por igual. Y los ciudadanos —los que trabajan, pagan impuestos y quieren reglas claras— siempre terminan pagando la factura.

Defender el gobierno limitado no es defender el gobierno ausente. Defender el libre mercado no es defender que el Estado compre en el mercado lo que le está prohibido tomar por la fuerza. Defender la seguridad nacional no es aceptar que la vigilancia sin controles es el precio de vivir en paz.

Estas son líneas que no deberían cruzarse. Y cuando se cruzan, nuestra obligación es decirlo.

La pregunta que queda sobre la mesa es simple: ¿qué tipo de Estado queremos defender? Porque esa respuesta define todo lo demás.

Por Eduardo Rios