El Senado confirma al senador de Oklahoma; simultáneamente, demócratas ganan en Florida y Carolina del Norte en revés para Trump

El Senado confirmó el 24 de marzo a Markwayne Mullin, senador republicano de Oklahoma, como secretario de Seguridad Nacional, reemplazando a Kristi Noem en un departamento que ha estado bajo presión durante el cierre parcial del gobierno que continúa afectando operaciones aeroportuarias y limitando financiamiento.

Pero mientras la administración consolida su equipo en Washington, las urnas locales envían una señal diferente. El mismo día de la confirmación de Mullin, demócratas ganaron terreno en territorios que parecían seguros para los republicanos.

Emily Gregory, candidata demócrata, obtuvo una victoria proyectada en un distrito legislativo de Florida que un candidato republicano había ganado por 19 puntos porcentuales apenas en 2024. El giro es particularmente simbólico porque el distrito incluye la zona donde se ubica Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Trump. Es el tipo de resultado que los analistas políticos suelen ignorar cuando hablan de "mandatos electorales." No lo son. Son advertencias.

En Carolina del Norte, la situación fue aún más cerrada pero igualmente reveladora. Phil Berger, líder del Senado estatal, perdió su contienda por apenas 23 votos contra Sam Page, alguacil del Condado de Rockingham. Berger tenía todo: liderazgo legislativo, respaldo presidencial explícito, aparato partidario. Perdió de todas formas. Concedió la derrota el 24 de marzo.

Estos resultados ocurren en un contexto donde el gobierno sigue enfrentando obstáculos presupuestarios serios. El cierre parcial persiste, los retrasos aeroportuarios continúan, y Delta Airlines tuvo que suspender servicios especiales a miembros del Congreso por limitaciones de recursos derivadas del cierre de DHS. Es difícil gobernar—y ganar elecciones—cuando los aeropuertos no funcionan correctamente.

Mientas tanto, el Senado también confirmó un nominado de Trump para un nuevo cargo de persecución de fraude en el Departamento de Justicia el 24 de marzo, días después de que la Casa Blanca anunciara detalles de su propio equipo de trabajo contra fraude en programas gubernamentales. Es un movimiento lógico: si hay dinero desapareciendo en la burocracia federal, conviene tener los recursos para perseguirlo.

Pero aquí viene lo que debería preocupar más al Partido Republicano: mientras construye estructuras para perseguir fraude gubernamental, el fraude privado sigue sin vigilancia suficiente. Meta fue condenada el 24 de marzo por un tribunal de Nuevo México por engañar a usuarios sobre medidas de seguridad infantil. La pena: 375 millones de dólares. Es significativo que una corporación privada sea condenada por proteger menos de lo que prometió a menores de edad, mientras el gobierno federal compra datos de ciudadanos sin orden judicial.

Agencias gubernamentales, incluyendo ICE, adquieren masivos volúmenes de datos personales de teléfonos móviles y navegadores recopilados por intermediarios de datos. Originalmente, esta información se vende para publicidad dirigida. Ahora es comprada por el estado sin orden judicial. Es el tipo de actividad que los conservadores fiscales deberían cuestionar sin ambigüedad. Si el argumento en favor del gobierno limitado tiene algún valor, debe aplicarse cuando el gobierno compra información sobre ciudadanos sin que exista proceso judicial.

En otro frente, Dennis Coyle, investigador de idiomas estadounidense, fue liberado el 24 de marzo por el Talibán tras más de un año de detención que comenzó en enero de 2025. Los detalles de la negociación no están claros, pero la situación ilustra los límites de la proyección de poder estadounidense en regiones donde la influencia se ha erosionado.

Y en California, un alguacil republicano candidato a gobernador secuestró cientos de miles de papeletas en una investigación de fraude electoral, aunque la fiscal general de California declaró que no existe evidencia que sustente las acusaciones. Es el tipo de acción que genera desconfianza institucional: si el gobierno investiga fraude sin base probatoria, ¿qué credibilidad tiene cuando sí lo encuentra?

La semana del 24 de marzo de 2026 muestra a una administración que avanza en Washington pero pierde terreno donde más importa: en las elecciones locales donde viven los votantes. El cierre parcial del gobierno no ayuda. Las compras de datos sin orden judicial no ayudan. Y los resultados electorales cercanos en territorios que deberían ser seguros sugieren que algo no está funcionando en la estrategia más amplia.

Para Mullin, la tarea es clara: tomar el control del caos en Seguridad Nacional, resolver el cierre presupuestario y demostrar que el gobierno puede operar con eficiencia. Los resultados en Florida y Carolina del Norte indican que el tiempo se agota.

Por Carlos Mendoza