ICE adquiere datos privados de ciudadanos sin orden judicial. No es un escándalo menor. Es un modelo.
Hay una regla antigua en el derecho constitucional estadounidense: el gobierno no puede entrar a tu casa sin una orden judicial. La Cuarta Enmienda existe desde 1791 precisamente para eso. Lo que no existía en 1791 era un mercado de datos personales donde cualquier entidad —incluyendo una agencia federal— puede comprar, por unos miles de dólares, información sobre los movimientos, contactos y hábitos de millones de personas sin pedirle permiso a nadie.
Eso es exactamente lo que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según reportes documentados esta semana, la agencia adquiere bases de datos comerciales que incluyen ubicaciones en tiempo real, registros de compras, historiales de navegación y redes de contactos de ciudadanos estadounidenses —no solo de migrantes, sino de ciudadanos plenos— sin tramitar una sola orden judicial. El argumento legal es tan sencillo como perturbador: si la información es pública o fue vendida voluntariamente a una empresa privada, el gobierno puede comprarla. No hay violación de la Cuarta Enmienda porque no hay confiscación. Solo hay una transacción comercial.
El problema no es técnico. Es sistémico.
La laguna que se convirtió en autopista
La doctrina legal detrás de esta práctica se llama third-party doctrine —doctrina de terceros— y establece que cuando una persona comparte información con un tercero, pierde expectativa razonable de privacidad sobre esa información. Fue diseñada para casos simples: si le dices algo a tu contador, el gobierno puede citarlo a declarar. Nadie pensó, en los años setenta, que esa doctrina terminaría justificando la compra masiva de perfiles digitales construidos a partir de cada clic, cada compra con tarjeta, cada vez que tu teléfono se conecta a una antena.
Las consecuencias son concretas. Un reporte de la organización sin fines de lucro Electronic Frontier Foundation documentó que varias agencias federales estadounidenses, entre ellas ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han firmado contratos multimillonarios con empresas como Palantir, LexisNexis Risk Solutions y Babel Street para acceder exactamente a este tipo de información. El monto combinado de estos contratos supera los 200 millones de dólares en los últimos cinco años.
Doscientos millones de dólares para comprar lo que la Constitución prohíbe confiscar.
El argumento de la seguridad nacional es real. Y también lo es el abuso.
Seamos precisos: hay un caso legítimo para que las agencias de seguridad usen datos analíticos en investigaciones de crimen organizado, tráfico humano y terrorismo. Nadie razonable argumenta que el gobierno debe operar ciego frente a amenazas reales. El problema no es el uso de datos en investigaciones con causa probable. El problema es la recopilación masiva y preventiva sobre personas que no son objeto de ninguna investigación.
La diferencia es crucial. Una cosa es que ICE rastree a un sospechoso específico con una orden judicial. Otra, completamente distinta, es que construya perfiles de millones de personas —incluidos ciudadanos estadounidenses— en anticipación de un uso futuro que nadie ha autorizado democráticamente.
Esta semana, mientras el Senado confirmaba a Mike Mullin como secretario de Seguridad Nacional, la pregunta que nadie formuló en las audiencias fue: ¿bajo qué marco legal operarán estos programas de vigilancia masiva? ¿Qué supervisión tendrán? ¿Quién audita los contratos con empresas de datos?
La respuesta, por omisión, es: nadie.
El costo que no aparece en el presupuesto
Hay una dimensión económica en este debate que rara vez se discute con rigor: el impacto sobre la confianza en la economía digital.
Los datos personales son el insumo más valioso del siglo XXI. La infraestructura económica digital —desde el comercio electrónico hasta la banca móvil— funciona porque los ciudadanos confían, con reservas razonables, en que sus datos no serán usados en su contra por el propio Estado. Cuando esa confianza se erosiona, los efectos son medibles.
Estudios del Berkman Klein Center de Harvard documentaron que después de las revelaciones de Edward Snowden en 2013, el uso de herramientas de cifrado y servicios de privacidad aumentó significativamente, pero también creció la desconfianza general hacia proveedores de nube y servicios digitales. Empresas europeas y latinoamericanas comenzaron a repatriar datos fuera de jurisdicción estadounidense. No por ideología: por riesgo legal y reputacional.
Lo que está ocurriendo ahora —con contratos sistemáticos y documentados entre agencias federales y brokers de datos— es cualitativamente distinto de las filtraciones de 2013. Es una política institucionalizada, financiada con fondos públicos, sin debate legislativo sustantivo.
La señal que México debería leer
Este tema tiene relevancia directa para México, y no solo como observación de lo que ocurre al norte.
El modelo que ICE perfecciona —comprar datos en lugar de confiscarlos, tercerizar la vigilancia a empresas privadas para eludir restricciones constitucionales— es replicable. Es replicable por cualquier gobierno con recursos y voluntad política, independientemente de su color ideológico.
En México, donde la protección de datos personales sigue siendo débil en la práctica y donde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue virtualmente desmantelado bajo la administración de Claudia Sheinbaum —heredando la hostilidad de López Obrador hacia los órganos autónomos— la pregunta no es hipotética. Es urgente.
Si el gobierno mexicano decidiera replicar este modelo —comprar datos de ubicación, redes de contactos, historiales financieros de ciudadanos a través de intermediarios privados— no habría institución robusta para frenarlo. El INAI en su forma actual no tiene los dientes que tuvo. El Poder Judicial está bajo presión política documentada. Y la militarización de funciones civiles avanza sin contrapeso legislativo real.
Los instrumentos de vigilancia no respetan fronteras ideológicas. Un gobierno de derecha los usa para perseguir migrantes. Uno de izquierda los usa para perseguir opositores. La arquitectura es la misma.
Lo que vale la pena defender
La Cuarta Enmienda no es un obstáculo burocrático para la seguridad nacional. Es la razón por la que la seguridad nacional tiene algún sentido moral. Un Estado que protege la seguridad de sus ciudadanos destruyendo su privacidad no está resolviendo el problema: está redefiniendo quién es el problema.
El mercado de datos personales existe porque los ciudadanos, muchas veces sin saberlo realmente, cedieron información a cambio de servicios gratuitos. Eso no convierte esa información en propiedad del Estado. Y el hecho de que sea técnicamente legal comprarla no lo convierte en constitucionalmente correcto ni en políticamente aceptable.
Hay cosas que el gobierno no debería poder hacer aunque pueda pagarlas.
Esa distinción —entre lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado debería hacer— es precisamente lo que los límites constitucionales existen para establecer. Y cuando esos límites se erosionan, no se erosionan solo para los migrantes indocumentados o para los adversarios políticos del gobierno de turno.
Se erosionan para todos.
Incluido el que hoy aplaude.
Por Claudia Vargas