Las negociaciones sobre financiamiento de DHS se estancan mientras los retrasos se multiplican y las aerolíneas sufren las consecuencias

El cierre parcial del gobierno estadounidense continúa generando efectos tangibles en sectores clave de la economía. Esta vez, la crisis fiscal golpea directamente a la industria aeroportuaria, con retrasos que se acumulan mientras las negociaciones legislativas sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanecen estancadas.

Los números no mienten. Los retrasos aeroportuarios no son anécdotas de un viajero ocasional — son pérdida de productividad medida en horas de vuelo perdidas, conexiones rotas y cascadas de cancelaciones que afectan a decenas de miles de pasajeros diarios. Una infraestructura aeroportuaria que funciona al 70 u 80 por ciento de su capacidad es una infraestructura que cuesta dinero a todos: a las aerolíneas en combustible y compensaciones, a los viajeros en tiempo perdido y a la economía en actividad económica no generada.

Pero hay algo que merece atención particular aquí. Delta Airlines, una de las tres aerolíneas más grandes del país, tomó una decisión casi sin precedentes: suspendió servicios especiales a miembros del Congreso debido a limitaciones de recursos causadas por el cierre de DHS. No es un gesto puramente simbólico — es un acto de claridad económica.

Lo que Delta está diciendo, implícitamente, es esto: incluso los privilegios desaparecen cuando los recursos se agotan. La aerolínea no estaba siendo obstinada ni vengativa. Estaba siendo honesta sobre sus limitaciones operativas. Cuando una empresa se ve forzada a cortar servicios a sus clientes más prominentes, es porque la situación ha cruzado un umbral. Las márgenes de maniobra se evaporaron.

Esto es lo que los políticos raramente entienden sobre los cierres parciales: no son teatros de negociación. Son fricciones reales en sistemas que dependen de funcionamiento continuo. Un aeropuerto no es como un museo que puede cerrar sus puertas. Funciona o no funciona. Y cuando no funciona al cien por ciento, la economía nota la diferencia al día siguiente.

Consideremos el contexto económico. Estados Unidos pasó el año 2024 con tasas de desempleo históricamente bajas y crecimiento de empleo en sectores de servicios. La aviación comercial es el acelerador de ese crecimiento para ciudades medianas, regiones y mercados de negocios regionales. Los ejecutivos que no pueden viajar porque los retrasos hacen que sus conexiones sean imposibles son ejecutivos que no cierran negocios. Las conferencias se posponen, los contratos se retrasan, los acuerdos se pierden.

El financiamiento de DHS es un asunto delicado. La seguridad fronteriza, la aduanal y el control de entrada al país son funciones que no se pueden hacer a medio vapor. Los inspectores de aduanas, los agentes fronterizos, los especialistas en seguridad aeroportuaria — todos son personal financiado por DHS. Cuando eso se congela, los cuellos de botella no son accidentales. Son inevitables.

La pregunta que deberían hacerse los negociadores en Washington es elemental: ¿por cuánto tiempo puede seguir la economía más grande del mundo funcionando con fricciones artificiales? El costo de un cierre parcial no es teórico. Es el costo de Delta teniendo que cancelar servicios diferenciados, es el costo de los viajeros esperando cuatro horas en un aeropuerto, es el costo de las pequeñas empresas cuyos dueños no pueden llegar a sus reuniones de negocios.

Desde una perspectiva de política económica, esto debería resolver rápidamente. No porque sea políticamente correcto, sino porque es económicamente racional. Mantener el gobierno parcialmente cerrado es mantener un sistema de fricción constante en la economía. Eso tiene un costo diario, medible, que crece con cada semana que pasa.

La irrupción de Delta en el debate público, aunque discreta, es reveladora. Las empresas privadas no suelen enfrentar públicamente al gobierno. Cuando lo hacen — incluso de forma tan refinada como la suspensión de servicios — es porque la presión operativa se ha vuelto insostenible.

Los políticos deben entender algo fundamental: la economía de servicios estadounidense depende de flujos constantes. Cuando esos flujos se interrumpen, aunque sea parcialmente, los efectos multiplicadores aparecen rápidamente. Un retraso en un aeropuerto no es solo un retraso. Es una señal de que algo fundamental no está funcionando.

El financiamiento de DHS debe resolverse no por razones políticas, sino porque la alternativa — un gobierno que no puede ejecutar funciones básicas — tiene un costo real y medible. Delta lo sabe. Los viajeros lo saben. Los políticos deberían saberlo también.

Por Jorge Morales