El presidente Carr vincula cobertura mediática con revocación de permisos. Un precedente peligroso para la libertad de prensa.
Hace poco más de una década, los estadounidenses debatían si el Estado tenía derecho a intervenir en los medios. Hoy ese debate ya no es teórico: es política oficial.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, declaró públicamente que puede revocar las licencias de radiodifusoras que no sirvan "el interés público", una amenaza explícitamente vinculada a la cobertura mediática de la guerra en Irán y a las críticas previas del expresidente Trump sobre cómo los medios han reportado el conflicto.
Esta no es una declaración ambigua de un burócrata menor. Es el anuncio deliberado de que el instrumento regulatorio más poderoso que tiene el Estado estadounidense sobre la prensa —la capacidad de revocar su licencia para operar— será usado como arma contra coberturas que desagraden a la administración en turno.
El mecanismo regulatorio como herramienta política
La FCC existe desde 1934 con un mandato legítimo: asegurar que las radiodifusoras cumplan su obligación de servir al interés público. Pero como ocurre con toda regulación, el concepto de "interés público" es poroso. Puede significar programación educativa. O puede significar: "cobertura que el gobierno apruebe".
Históricamente, la FCC ha revocado licencias por incumplimientos graves —transmisiones no autorizadas, incapacidad técnica, prácticas fraudulentas—. Rara vez, muy rara vez, por contenido editorial. Y cuando lo ha hecho, ha enfrentado batallas legales precisamente porque el Primer Enmienda existe en parte para proteger la prensa de exactamente esto: que el Estado decida qué historias se pueden contar.
Lo que Carr está anunciando es diferente. No es una sanción por violación de reglas técnicas. Es una amenaza directa contra la cobertura editorial de un asunto de seguridad nacional.
Por qué esto importa económicamente
Puede parecer un asunto puramente de libertad de expresión. Pero tiene implicaciones económicas profundas que trascienden al periodismo.
La libertad de prensa es un pilar institucional del sistema de precios de mercado. Si la prensa no puede reportar información —particularmente sobre decisiones de gobierno— el mercado opera con información incompleta. Los inversionistas no pueden evaluar riesgos sistémicos correctamente. Las empresas no pueden tomar decisiones informadas sobre exposición regulatoria. Los trabajadores no saben qué sectores están siendo favorecidos o penalizados por decisiones políticas no reportadas.
Dicho de otro modo: cuando el Estado controla la narrativa mediática, controla la información que fluye a los precios. Y precios distorsionados generan asignación ineficiente de capital.
Este es el mismo mecanismo que explica por qué las economías con control estatal sobre medios tienden a tener menor crecimiento, menor innovación y mayor corrupción. No es coincidencia que Venezuela, China y Rusia —países con prensa fuertemente controlada— también sean países donde el mercado funciona mal.
El precedente peligroso
Lo más preocupante no es esta amenaza específica. Es que establece un precedente.
Si la FCC puede revocar licencias por cobertura de guerra en Irán que desagrada al presidente, ¿puede hacerlo por cobertura de política económica que contradice la narrativa oficial? ¿Por reportajes sobre evasión regulatoria de empresas amigas del gobierno? ¿Por investigaciones sobre conflictos de interés de funcionarios públicos?
Una vez que la herramienta está en manos de un funcionario, los límites teóricos importan menos que los límites prácticos. Y los límites prácticos dependen de cuánta resistencia política y legal se articule.
Lo que esto significa para el conservadurismo real
Es importante ser claro aquí: si eres un conservador que cree en gobierno limitado, en derechos de propiedad, en estado de derecho y en que las reglas deben aplicarse uniformemente, esto debe preocuparte independientemente de tu posición sobre la guerra en Irán o sobre Trump.
No porque Trump sea presidente ahora. Sino porque la herramienta regulatoria que se está armando hoy será usada mañana por administraciones de cualquier signo político. Y cuando lo sea, será demasiado tarde para argumentar que no debería existir.
El gobierno limitado no es compatible con funcionarios que amenazan revocar permisos de operación a empresas privadas por no agradar políticamente. Punto.
La pregunta que debe hacerse ahora es si los republicanos que dicen creer en estas cosas van a permitir que se normalice esto, o si van a defenderlo como principio institucional incluso cuando les beneficia a corto plazo.
La historia sugiere que no lo harán. Y por eso, cuando estas herramientas se usen contra posiciones que el conservadurismo defiende, será muy difícil argumentar que no las vimos venir.
Por Jorge Morales