Canadá paga el costo de no saber qué defender
En enero de 2025, la tasa de desempleo en Canadá era del 6.7%. En marzo, ya rozaba el 7.2%. Cien mil empleos netos destruidos en dos meses, según Statistics Canada, con la manufactura y el sector exportador encabezando las pérdidas. No es un accidente económico. Es la factura de una estrategia que nunca existió.
Los aranceles que la administración Trump impuso sobre acero, aluminio y una canasta amplia de bienes canadienses no son una novedad histórica. En 2018, durante el primer mandato, Ottawa vivió una versión anterior de este mismo guión. La diferencia entonces fue que el gobierno de Justin Trudeau respondió con rapidez, coordinación y un mensaje comercial claro hacia sus propios sectores productivos. Esta vez, con Mark Carney al frente y una transición de gobierno encima, Canadá llegó a la negociación sin una posición articulada, sin un paquete de represalias creíble y, lo más costoso de todo, sin haberle dicho a sus empresas qué podían esperar.
La incertidumbre regulatoria tiene precio. No es una frase de manual universitario: es un fenómeno medible. Cuando las empresas no saben si sus insumos importados costarán 15% o 35% más la semana siguiente, no contratan. No invierten. No expanden líneas de producción. Ese mecanismo, multiplicado por miles de empresas manufactureras en Ontario y Quebec, explica buena parte de esos cien mil empleos. No los aranceles en sí mismos —que son costosos pero absorbibles con una estrategia clara— sino la parálisis de quienes debieron dar certeza y optaron por el silencio diplomático.
Comparemos. Cuando la Unión Europea enfrentó las primeras rondas de aranceles estadounidenses en 2018, Bruselas publicó en menos de dos semanas una lista de represalias específicas, con fechas, montos y sectores. No porque buscase una guerra comercial —no la buscaba— sino porque una respuesta clara le decía a las empresas europeas: sabemos lo que está pasando y aquí está el marco dentro del cual operen. La certeza, incluso ante condiciones adversas, vale más que la ambigüedad benigna.
Canadá no hizo eso. Y el resultado no es solo económico. Es político en el sentido más técnico del término: una señal de que el Estado no tiene capacidad de proteger los intereses que dice defender. Cuando un gobierno no puede articular una respuesta coherente a una presión externa conocida —con semanas de anticipación, con precedentes claros, con herramientas legales disponibles bajo el T-MEC— el problema no es la agresión. El problema es la arquitectura institucional del que recibe el golpe.
Ahora bien, hay una lectura que circula en ciertos círculos progresistas canadienses según la cual el culpable es únicamente Washington, y que cualquier crítica a Ottawa es, en el fondo, hacerle el juego a Trump. Es una lectura cómoda. También es económicamente irresponsable.
Los aranceles son, en efecto, una política destructiva de valor. Eso está documentado desde Adam Smith hasta los modelos de equilibrio general del Fondo Monetario Internacional. Pero la respuesta a una política destructiva puede ser inteligente o torpe, y las consecuencias de esa diferencia las pagan los trabajadores, no los funcionarios que deliberaron. Criticar la torpeza de Ottawa no es absolver a Washington. Es reconocer que los países tienen agencia, y que esa agencia tiene consecuencias reales.
El caso canadiense ilumina algo más amplio que vale la pena nombrar con precisión: el costo de los gobiernos que confunden la retórica multilateral con la política comercial real. Durante años, Ottawa construyó su identidad internacional sobre el libre comercio, los acuerdos multilaterales y la diplomacia de bajo perfil. Eso funcionó mientras el contexto lo permitió. Cuando el contexto cambió —cuando el principal socio comercial del país decidió usar aranceles como herramienta de presión permanente— esa identidad no tenía detrás una infraestructura de respuesta. Tenía discursos.
México debería leer esto con atención, porque el riesgo estructural es análogo. El T-MEC es el eje de la economía exportadora mexicana. Más del 80% de las exportaciones del país tienen como destino Estados Unidos. Cualquier renegociación presionada por aranceles o por interpretaciones unilaterales del capítulo de inversión encontrará a México en una posición similar a la canadiense si el gobierno no tiene una estrategia clara, sectorial, con números y con respuestas preparadas. La diferencia, claro, es que México tiene menos margen: su dependencia es mayor, su capacidad de represalia es menor y su situación fiscal no admite paquetes de estímulo de emergencia.
Lo que está ocurriendo en Canadá no es solo una crisis laboral. Es un caso de estudio sobre qué pasa cuando un Estado moderno, con recursos y capacidades técnicas, decide que la mejor política comercial es esperar a ver. Cien mil personas que perdieron su empleo en dos meses son la respuesta empírica a esa apuesta.
Hay una última dimensión que merece atención: el momento político interno de Canadá. Mark Carney llegó al gobierno con credenciales de economista serio, con un discurso sobre competitividad y con la promesa implícita de que el pragmatismo reemplazaría al activismo regulatorio de la era Trudeau. La crisis arancelaria es su primera prueba de fuego y, hasta ahora, la respuesta ha sido más comunicacional que sustantiva. Si los números de empleo de abril confirman la tendencia, la pregunta dejará de ser sobre aranceles y pasará a ser sobre credibilidad gubernamental. Eso, en un país con elecciones en el horizonte, tiene su propia dinámica.
Los aranceles duelen. La incertidumbre destruye. Pero lo que realmente deja sin defensas a una economía es un gobierno que no sabe —o no quiere— decirle a sus sectores productivos en qué terreno están parados. Eso no lo impone Washington. Eso lo elige Ottawa.
Y la diferencia entre ambas cosas es exactamente la que separa una crisis manejable de una crisis que se cobra cien mil empleos antes de que alguien se decida a actuar.
Por Claudia Vargas