Mientras el Congreso rediseña el mercado laboral sin modelo que lo respalde, Irán amenaza el 20% del petróleo mundial. La economía real no espera a que terminemos el debate ideológico.

El pasado martes, el precio del crudo Brent subió 2.3% en una sola sesión. No fue por un huracán en el Golfo. No fue por un recorte sorpresivo de la OPEP. Fue porque un funcionario iraní dijo, con la calma de quien sabe que el mundo lo escucha, que Irán tiene 'plena capacidad' para cerrar el Estrecho de Ormuz si la situación en la región lo requiere. Una frase. Dos puntos y tres décimas de presión adicional en el barril.

El Estrecho de Ormuz no es un dato geopolítico abstracto. Es el cuello de botella por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta —unos 17 a 21 millones de barriles diarios, según la Administración de Información Energética de EE. UU. Cerrarlo, aunque sea por una semana, sería el equivalente a quitarle oxígeno a la economía global. Los fletes se dispararían. Los seguros marítimos se irían al techo. Las cadenas de suministro —que todavía no terminan de recuperarse del colapso pandémico— volverían a crujir.

México exportó el año pasado más de 450,000 millones de dólares en bienes. Alrededor del 80% fue a Estados Unidos. Pero nuestra industria manufactura con insumos que viajan océanos, y nuestra economía vive o muere según lo que pase con las tasas de interés en Washington, que a su vez responden, en parte, a lo que pase con la inflación energética global. El Estrecho de Ormuz nos importa. Solo que nadie en el Congreso lo está discutiendo.

Y en el Congreso están discutiendo las 40 horas.

La reforma a la jornada laboral —que reduce la semana de trabajo de 48 a 40 horas— es, en papel, la transformación más ambiciosa al mercado laboral mexicano en décadas. No exagero: desde 1917, cuando la Constitución fijó el límite de 48 horas, ningún gobierno se había atrevido a tocarlo de manera estructural. El argumento que esgrime el bloque oficialista es conocido: los trabajadores merecen descansar más, la productividad no depende de las horas sino de la eficiencia, y países desarrollados ya operan con semanas más cortas.

Aquí empieza el problema con el argumento.

Sí, hay países que trabajan menos horas por semana y son más productivos. Alemania, Dinamarca, Países Bajos. Pero esos países tienen algo que México no tiene: décadas de inversión en capital humano, infraestructura tecnológica, automatización industrial y —dato clave que el oficialismo nunca menciona— una productividad laboral por hora que es entre tres y cinco veces la de México. En términos del INEGI, el PIB generado por hora trabajada en México es de los más bajos de la OCDE. Somos, en términos relativos, una economía que compensa con horas lo que no puede compensar con eficiencia.

Reducir la jornada sin atender las causas de esa brecha de productividad no es una reforma progresista. Es una reforma que transfiere el costo al sector que menos puede pagarlo: la pequeña y mediana empresa.

Hablo de datos, no de intuición. Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), las MiPymes representan el 99.8% de las unidades económicas del país y generan el 68% del empleo formal. Son sastrerías en Tepito, talleres en Guadalajara, restaurantes de familia en Monterrey. No tienen departamento de recursos humanos. No tienen abogados laborales en nómina. Y tampoco tienen el margen financiero para absorber un incremento de costos laborales —porque eso es exactamente lo que es esta reforma— sin reaccionar de alguna manera: reduciendo plantilla, aumentando precios, o simplemente pasándose al sector informal.

Ese último escenario es el más preocupante. México ya tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas de América Latina: alrededor del 55% de la población ocupada trabaja en condiciones informales, según el INEGI. Una reforma que eleva el costo del empleo formal sin mecanismos de compensación para las empresas pequeñas es, en los hechos, un subsidio a la informalidad.

Lo que me exaspera —y lo digo como opinión, no como hecho— no es que se discuta la jornada laboral. Es legítimo debatirlo. Lo que me exaspera es la ausencia total de evidencia en el debate público. No hay un solo estudio de impacto serio publicado por la Secretaría del Trabajo. No hay modelación de escenarios sobre el efecto en el empleo formal. No hay estimación del costo fiscal de los sectores que requerirán apoyo en la transición. Solo hay eslóganes.

Y mientras tanto, en el otro extremo del mundo, un almirante iraní dibuja en un mapa el Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se mueve. México evacuó esta semana a 121 ciudadanos de la región de Medio Oriente —un operativo discreto que habla de una escalada que los mercados ya están procesando, aunque nuestra clase política todavía no.

Si el conflicto en Medio Oriente escala y el crudo sube de manera sostenida, Banxico tendrá menos margen para bajar tasas. El crédito para las MiPymes seguirá caro. La inversión en maquinaria —la única ruta real hacia mayor productividad— seguirá postergada. Y entonces reducir la jornada laboral no habrá resultado en trabajadores más descansados y eficientes. Habrá resultado en trabajadores desempleados o informales.

Las reformas laborales bien diseñadas se acompañan de políticas de productividad: capacitación, crédito accesible, desgravación para la adopción tecnológica. Lo hizo Alemania con las reformas Hartz a principios de los 2000. Lo hizo España —con distinto resultado, hay que decirlo— en 2012. Lo que no hace ningún país serio es cambiar la arquitectura del mercado laboral por decreto, sin modelo, sin transición, sin reconocer que el mundo exterior existe.

México negocia el T-MEC, compite por inversión extranjera con Vietnam, Polonia e India, y enfrenta un entorno geopolítico que puede encarecer la energía en cualquier momento. En ese contexto, la pregunta no es si los trabajadores merecen más descanso —claro que sí. La pregunta es si esta reforma, en este momento, con este diseño, los va a dejar con trabajo.

Mi respuesta, fundamentada en los números disponibles, es que no lo sabemos. Y eso, en política pública, es inaceptable.

Las cosas que valen la pena defender —el empleo formal, la empresa viable, el mercado que genera oportunidades— requieren más que buenas intenciones. Requieren evidencia. Y eso, en este debate, brilla por su ausencia.

Por Claudia Vargas