Mientras el mundo privado construye cohetes reutilizables y redefine industrias enteras, aquí seguimos debatiendo si el Estado debe controlar más o menos el gas.

En algún momento de esta semana, SpaceX superó a Amazon en valoración bursátil y se convirtió en la quinta empresa más valiosa del planeta, con una capitalización estimada superior a los 350,000 millones de dólares. No cotiza en bolsa. No recibe subsidios federales estructurales. No tiene un sindicato que negocie cuántas veces al año puede retrasar un lanzamiento. Es una empresa privada fundada hace poco más de dos décadas por un ingeniero que decidió que los cohetes desechables eran un desperdicio inaceptable.

Pemex, para contextualizar, registró pérdidas por 26,000 millones de dólares solo en 2023. Lleva años siendo sostenida con transfusiones del erario. Produce cada vez menos petróleo. Y sigue siendo, para el gobierno mexicano, el símbolo de la soberanía nacional.

No es una comparación justa, dirá alguien. Correcto. No lo es. Y ese es exactamente el punto.

El modelo que gana no es el que más regula

SpaceX no es un accidente. Es el resultado predecible de un ecosistema donde la regulación existe para garantizar seguridad mínima, no para proteger a incumbentes ni para permitir que una burocracia federal decida quién puede lanzar cohetes y quién no. La NASA, durante décadas, operó como un monopolio estatal de la exploración espacial. Costaba miles de millones por misión. Los plazos se medían en décadas. Los resultados, en fracasos costosos que nadie podía auditar con claridad.

Cuando la administración Obama —no precisamente un gobierno pro-mercado— decidió abrir el transporte orbital a la competencia privada, muchos expertos dijeron que era una locura. Que el espacio era demasiado crítico, demasiado peligroso, demasiado estratégico para dejarlo en manos privadas. Hoy, SpaceX lleva astronautas a la Estación Espacial Internacional, recupera sus propios cohetes en plataformas marinas y está construyendo una constelación de satélites que da internet a zonas remotas de África y América Latina.

La lección no es nueva. Pero sigue sin aprenderse en muchos países.

El Estrecho de Ormuz y el problema del papel sin dientes

Mientras tanto, en otra esquina del tablero global, el acuerdo preliminar con Irán sobre su programa nuclear no ha movido un solo barco de las aguas del Estrecho de Ormuz. El estrecho por donde transita, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, aproximadamente el 20% del petróleo mundial. El mismo que Irán amenaza con bloquear cada vez que las negociaciones se complican.

Esto importa, y no solo geopolíticamente. Los mercados de commodities no responden a intenciones diplomáticas. Responden a hechos concretos: flujo real de barriles, rutas operativas, garantías verificables. Un acuerdo que no despeja el Estrecho de Ormuz no es un acuerdo de estabilidad energética. Es un comunicado de prensa con fecha de caducidad.

Para México, exportador de petróleo en declive pero importador creciente de gasolinas refinadas, la volatilidad en los precios del crudo tiene consecuencias directas. Cada punto porcentual de aumento en el precio internacional del petróleo que no se traslada a los precios domésticos —porque el gobierno subsidia los combustibles por razones políticas— es dinero que sale del presupuesto federal. Dinero que podría estar en infraestructura, en educación técnica, en reducción de deuda. En cambio, financia el precio del litro en la bomba para que ningún secretario de Hacienda tenga que dar malas noticias antes de una elección.

Esa es la trampa fiscal que nadie llama por su nombre.

Pizza Hut y el darwinismo de mercado que también aplica a los países

Pizza Hut se vendió esta semana por 2,700 millones de dólares. Una cifra que suena grande hasta que se recuerda que hace veinte años era una de las marcas de comida rápida más reconocidas del planeta. La empresa no quebró por mala suerte. Quebró porque no se adaptó. Porque sus costos operativos eran rígidos, porque su modelo de tiendas físicas no evolucionó al ritmo del delivery digital, porque sus propietarios tomaron decisiones financieras que priorizaron el corto plazo sobre la transformación estructural.

El mercado no perdona la inercia. Eso es cierto para una cadena de pizzas y es cierto para una economía nacional.

México lleva años con un modelo de crecimiento que depende de tres variables que no controla: el precio del petróleo, la demanda manufacturera de Estados Unidos y las remesas. Las tres son externas. Las tres son volátiles. Y las políticas públicas de los últimos años no han construido ningún sustituto interno. La inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB sigue siendo de las más bajas de la OCDE. El crédito al sector privado —el motor real de la creación de empleo formal— está estancado. La informalidad laboral supera el 55%.

No es mala suerte. Es el resultado acumulado de décadas de decisiones que eligieron el control sobre la competencia, el subsidio sobre la productividad, la lealtad política sobre la meritocracia institucional.

Lo que SpaceX tiene que México no puede comprar con decretos

Hay algo que SpaceX tiene y que no se produce con regulación ni con gasto público: un ecosistema donde el fracaso no es el fin. Los primeros tres cohetes de SpaceX explotaron. La empresa casi quiebra. Elon Musk apostó literalmente sus últimos recursos en el cuarto lanzamiento. Funcionó.

Ese tipo de tolerancia al riesgo calculado, esa capacidad de aprender del fracaso sin que un auditor federal paralice la operación durante tres años, no se genera con decretos presidenciales. Se genera con certeza jurídica, con acceso a capital privado, con un sistema legal que protege la propiedad intelectual y hace que los contratos se cumplan.

México tiene ingenieros brillantes. Tiene emprendedores con ideas. Tiene capital humano que emigra a Silicon Valley, a Toronto, a Madrid, porque aquí el entorno no les da las condiciones mínimas para operar. No emigran porque quieran. Emigran porque el costo de quedarse es demasiado alto.

Mientras SpaceX se convierte en la quinta empresa más valiosa del mundo, aquí seguimos debatiendo si conviene abrir o no el sector eléctrico a la inversión privada. La respuesta no es ideológica. Es matemática: los países que crecen sostenidamente en el siglo XXI son los que tienen sectores privados competitivos, marcos regulatorios predecibles y Estados que facilitan en lugar de obstruir.

La quinta empresa más valiosa del mundo no la construyó ningún gobierno. La construyó alguien que convenció a inversionistas privados de que valía la pena apostar.

Hasta que México entienda esa diferencia, seguirá mirando desde afuera cómo otros países lanzan cohetes al espacio.

Por Claudia Vargas