La propuesta presupuestaria más ambiciosa en defensa genera tensión entre prioridades estratégicas y sostenibilidad fiscal

El presidente Trump ha presentado una solicitud presupuestaria sin precedentes de 1.5 billones de dólares para defensa, una cifra que refleja una apuesta estratégica clara pero que abre un debate económico fundamental: cómo financia una nación con déficit estructural un incremento de esta magnitud sin comprometer otras áreas críticas del gasto público.

Para poner esta cifra en contexto, los 1.5 billones de dólares representarían aproximadamente el 35% del presupuesto federal estadounidense y superaría históricamente los niveles de gasto militar observados incluso durante la Guerra Fría en términos nominales. El presupuesto de defensa de Estados Unidos en 2024 fue de aproximadamente 820 mil millones de dólares. La propuesta implicaría un incremento de casi 83% en el gasto militar en un período corto, una expansión que no tiene paralelo reciente en la política fiscal estadounidense.

La propuesta ha generado críticas desde múltiples flancos del espectro político. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, ha cuestionado directamente la sostenibilidad de una propuesta de este calibre. El gobernador Wes Moore, también demócrata, ha subrayado lo que considera una contradicción fundamental: la administración considera recortes a Medicare mientras propone un gasto militar sin precedentes, todo mientras el país está involucrado en operaciones militares en Irán.

Este es el punto de inflexión económico real. Un gobierno no puede expandir el gasto en dos direcciones simultáneamente sin consecuencias fiscales severas. La aritmética presupuestaria es implacable: si el gasto de defensa aumenta en 680 mil millones de dólares anuales sin aumentos equivalentes de ingresos tributarios, ese dinero debe venir de algún lugar. Ya sea de recortes en otros programas, del endeudamiento adicional o de ambos, el costo económico es transferible pero no evitable.

La propuesta toca un tema que los formuladores de política pública estadounidenses han evitado sistemáticamente durante dos décadas: la insostenibilidad del status quo fiscal. Estados Unidos opera con déficit estructurales superiores al 5% del producto interno bruto. Su deuda federal es de aproximadamente 34 billones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB. Agregar 680 mil millones de dólares anuales al gasto sin cambios fiscales correspondientes aceleraría una trayectoria de endeudamiento que, según cualquier modelo económico serio, es insostenible a mediano plazo.

Desde la perspectiva de la política de defensa, la propuesta refleja una premisa clara: que las amenazas geopolíticas globales, particularmente la rivalidad con China y las operaciones en Irán, justifican una inversión de esta magnitud. Hay argumentos legítimos en torno a la necesidad de modernizar la defensa estadounidense y a los costos reales de mantener presencia militar global. Pero estos argumentos sobre necesidad estratégica no cambian la realidad fiscal.

La verdadera pregunta económica no es si la defensa es importante. Lo es. La pregunta es si un gobierno puede justificar fiscalmente un aumento del 83% en gasto militar sin enfrentar trade-offs explícitos. La respuesta económica es no. Alguien paga. O es el ahorrista estadounidense a través de tasas de interés más altas generadas por mayor endeudamiento público. O son los beneficiarios de Medicare y programas similares. O son los contribuyentes a través de aumentos impositivos. O es la estabilidad de largo plazo de la moneda de reserva global.

Lo que sí está claro es que esta propuesta presupuestaria no es un asunto de preferencias políticas. Es un asunto de restricciones económicas. Una nación de 330 millones de personas con un PIB de 28 billones de dólares simplemente no puede duplicar su gasto militar sin consecuencias sistémicas. Los críticos demócratas tienen un punto legítimo, aunque provengan de posiciones ideológicamente opuestas al presupuesto de defensa en general.

Lo que falta en el debate actual es un análisis franco sobre qué se está dispuesto a recortar. Si el gasto de defensa aumenta significativamente, algo cede. La cuestión no es ideológica sino matemática. Y la aritmética fiscal no negocia.

Por Jorge Morales