Los argumentos orales sobre la decimocuarta enmienda abren debate sobre capital humano, mercado laboral y competitividad fiscal

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales la semana del 4 de abril sobre la ciudadanía por nacimiento, un caso que forma parte de los esfuerzos de la administración Trump por revisar las políticas de inmigración del país. Más allá del debate constitucional, esta decisión tiene implicaciones económicas profundas que van desde la formación de capital humano hasta la competitividad fiscal de estados y municipios.

Antes de analizar el fondo, es importante precisar qué está en juego. La ciudadanía por nacimiento —otorgada automáticamente a quien nace en territorio estadounidense, conforme a la decimocuarta enmienda— ha sido ley durante 156 años. Cuestionarla ahora abre una discusión que toca aspectos estructurales de la economía laboral y la acumulación de capital humano en la primera potencia mundial.

Desde la perspectiva de la economía aplicada, hay tres dimensiones críticas en este debate.

Primera: mercado laboral y productividad. Estados Unidos depende de inmigración tanto calificada como no calificada para funciones que su población nativa no llena. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de 2023 mostró que inmigrantes representaban el 17.4% de la fuerza laboral estadounidense, concentrados en sectores de alto valor agregado (tecnología, finanzas) y servicios esenciales (agricultura, construcción, cuidado de personas mayores). Si se reduce el acceso a ciudadanía por nacimiento, el cálculo de familias inmigrantes sobre invertir en educación de hijos cambia radicalmente. ¿Por qué invertir en educación universitaria si los derechos de permanencia permanecen inciertos? Ese desincentivo reduce capital humano disponible para la economía estadounidense en el mediano plazo.

Segunda: ciclo fiscal y gasto público. Aquí el análisis es contradicho. Por un lado, ciudadanos que nacen en territorio estadounidense pero cuyas familias tienen bajos ingresos pueden acceder a programas de transferencias (SNAP, Medicaid, educación pública). Eso representa costo fiscal inmediato. Pero por otro lado, esos mismos ciudadanos generan ingresos tributarios a lo largo de sus vidas de trabajo. Un análisis del National Bureau of Economic Research de 2019 concluyó que un inmigrante de bajo nivel educativo genera, en promedio, 226,000 dólares en impuestos netos a lo largo de su vida laboral. Eso es entrada fiscal pura. La política no puede mirar solo el costo de corto plazo sin contabilizar el flujo de impuestos de largo plazo.

Tercera: competitividad y atracción de talento. Estados Unidos compite globalmente por talento calificado contra Canadá, Australia, Singapur y otros destinos. Si la ruta a ciudadanía por nacimiento desaparece, familias altamente educadas —ingeniero extranjero, profesional de tech, ejecutivo internacional— replantean si vale la pena establecerse permanentemente en Estados Unidos. Canadá ya ha visto un aumento de solicitudes de inmigración de estadounidenses desde 2016. Una política restrictiva en ciudadanía por nacimiento acelera esa tendencia.

El debate legal en la Corte Suprema girará en torno a la interpretación de la decimocuarta enmienda. Pero la economía ofrece una advertencia clara: revisar reglas de ciudadanía que han funcionado durante siglo y medio requiere más que intención política. Requiere modelado riguroso de costos y beneficios reales.

De hecho, hay evidencia histórica instructiva. En 2010, Arizona aprobó leyes de inmigración restrictivas. Los efectos económicos fueron significativos: contracción en construcción, reducción de consumo local, y salida de población. El estado vio retracción de PIB regional y erosión fiscal. No fue apocalipsis, pero fue medible.

Desde la óptica de un medio pro-mercado, la pregunta fundamental es: ¿el costo regulatorio y administrativo de revisar ciudadanía por nacimiento genera ganancia neta para la economía estadounidense o la daña? Hasta ahora, la evidencia empírica sugiere que políticas migratorias más abiertas correlacionan con mayor crecimiento de productividad. Pero ese análisis debe hacerse con rigor, no con narrativa.

La Corte Suprema decidirá por constitucionalidad. Pero economistas, empresarios y formuladores de política deben insistir en que esa decisión se acompañe de análisis de impacto real en empleo, ingresos fiscales y competitividad. De lo contrario, gananamos una victoria política y perdemos una guerra económica silenciosa.

Por Jorge Morales