La audiencia del senador republicano se desarrolló con la agencia operando cinco semanas sin financiamiento

El senador Markwayne Mullin de Oklahoma compareció el miércoles ante el Senado en una de las audiencias de confirmación más complicadas para un cargo ejecutivo en meses. Trump lo nominó para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, pero el timing del proceso fue poco afortunado: la agencia lleva cinco semanas operando sin financiamiento presupuestario.

Ese detalle no es anecdótico. Es una bomba de tiempo institucional.

Un departamento de seguridad nacional sin presupuesto es como un hospital sin medicinas. Puede funcionar una semana, tal vez dos. A la quinta semana, los problemas se multiplican. El personal está en incertidumbre. Los proyectos críticos se paralizan. La moral se desmorona. Y en una agencia que coordina frontera, inmigración, aduanas y respuesta a desastres, esa parálisis tiene consecuencias directas para ciudadanos.

Eso fue lo que pesó sobre Mullin durante la audiencia.

No es que los senadores hayan estado equivocados en cuestionarlo con dureza. De hecho, la intensidad del cuestionamiento refleja una realidad incómoda: el DHS es una de las agencias más críticas del gobierno estadounidense, y su liderazgo no puede ser delegado a alguien sin credibilidad probada en gestión de crisis institucionales. Mullin es un senador republicano con experiencia en negocios, pero liderar el Servicio Secreto, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y el control fronterizo requiere una curva de aprendizaje que un nuevo secretario no puede darse el lujo de tener mientras la agencia está herida.

Desde la perspectiva de Baluarte News, aquí hay un problema más profundo: la debilidad institucional que genera el bloqueo presupuestario es exactamente el tipo de disfunción que los gobiernos de izquierda explotan para expandir su poder ejecutivo. Cuando una agencia no tiene los recursos para funcionar, pierde legitimidad. Cuando pierde legitimidad, los políticos prometen "reformarla radicalmente" o "reorganizarla desde cero". En México, eso suena familiar.

La analogía es pertinente. La Administración López Obrador debilitó instituciones autónomas en México —el IFAI, el INAI, el Banco de México— usando exactamente este patrón: primero las descapitalizan, luego declaran que "no sirven", finalmente las subordinan. El financiamiento presupuestario es una herramienta de poder político, no solo un asunto contable.

En el caso del DHS, cinco semanas sin presupuesto es irresponsable, independientemente de quién lo causó. Si fueron los demócratas bloqueando el financiamiento en negociaciones presupuestarias, eso es sabotaje institucional. Si fue por dilación administrativa, es incompetencia. Cualquiera de las dos opciones debería preocupar a cualquier senador que crea en el estado de derecho.

Lo que Mullin enfrentó en la audiencia fue, en esencia, una pregunta legítima con un subtexto molesto: "¿Cómo esperas que dirijas una agencia en crisis si arrives con un departamento sin dinero y sin moral?"

No es una pregunta partidista. Es una pregunta sobre viabilidad institucional.

Desde la posición editorial de Baluarte, Mullin merece ser juzgado por su capacidad de restaurar función, no por su pedigrí político. Los republicanos tienen derecho a colocar a sus hombres en posiciones clave. Pero eso viene con una responsabilidad: asegurar que esos hombres tengan las herramientas institucionales para gobernar con efectividad. Un DHS sin presupuesto no es una herramienta. Es una trampa.

La audiencia de Mullin también refleja un problema más amplio en Washington: la tendencia a hacer confirmaciones sin primero resolver los problemas operativos de las agencias. Es como contratar a un director ejecutivo para una empresa que está quebrada y esperando que resuelva todo solo.

Si Trump y sus aliados republicanos en el Senado quieren que Mullin tenga éxito, necesitan resolver el financiamiento del DHS antes de que sea confirmado. No después. La gestión pública exitosa requiere condiciones iniciales viables, y un presupuesto funcional es la más básica de todas.

Lo que vimos en esa audiencia el miércoles fue la realidad de gobernar cuando las instituciones están bajo estrés. Y fue un recordatorio de que las audiencias de confirmación no son teatro político, aunque a veces lo parezcan. Son, en el mejor de los casos, un mecanismo para evaluar si un candidato puede efectivamente tomar el timón de una agencia quebrada.

En el caso de Mullin, los senadores hicieron su trabajo. Ahora le toca al Senado hacer el suyo: confirmar o rechazar. Pero que lo haga sabiendo que el DHS seguirá en crisis presupuestaria mientras eso sucede.

Por Sandra Gutierrez