Cuando Washington moviliza potencias para defender el Estrecho de Ormuz, el mundo debería preguntarse quién paga la factura —y por qué México no está leyendo las señales correctas

El 21% del petróleo que se comercia globalmente pasa por un canal de agua de 54 kilómetros de ancho. El Estrecho de Ormuz no es una abstracción geopolítica: es el cuello de botella que determina si el barril de crudo sube o baja, si las gasolineras en México cobran más o menos, si los costos de transporte presionan la inflación o la alivian. Cuando Donald Trump convoca a potencias aliadas para garantizar la libre navegación en esa franja de mar, no está haciendo geopolítica de salón. Está tocando la variable más sensible de la economía global.

Esta semana, seis militares estadounidenses murieron en un choque aéreo sobre Irak. La noticia circuló durante horas como un hecho operativo, casi administrativo, mientras el foco mediático seguía puesto en los movimientos diplomáticos de Marco Rubio —quien acumula hoy las carteras de Estado y Seguridad Nacional con una concentración de poder que no tiene precedente moderno en Washington. Dos noticias que parecen separadas. No lo están.

El petróleo como variable macroeconómica que pocos quieren nombrar

Hay una conversación que los economistas de cabecera de los gobiernos latinoamericanos evitan: la dependencia estructural del precio del crudo en sus proyecciones fiscales. México es un caso paradigmático. Pemex sigue siendo la fuente de financiamiento implícito del gobierno federal, y el Presupuesto de Egresos se construye sobre supuestos de precio del barril que se vuelven obsoletos en cuanto hay tensión en el Golfo Pérsico.

Cuando el precio del crudo sube por riesgo geopolítico, México se beneficia marginalmente en ingresos —siempre que Pemex tenga capacidad de producción, que es una condición que ya no puede darse por sentada. Cuando el precio sube por una crisis sostenida, la inflación importada golpea los costos industriales, encarece las materias primas y presiona al Banco de México a mantener tasas altas más tiempo del que la economía puede soportar. El beneficio es contable. El daño es real y se distribuye entre consumidores y empresas.

Esta semana, la movilización de aliados en Ormuz es una señal de que Washington está tomando en serio la posibilidad de una escalada. No es alarmismo: es gestión de riesgos. La pregunta pertinente para México no es qué pasará con el Estrecho, sino si alguna dependencia en el gobierno federal está modelando escenarios de volatilidad energética con la seriedad que el momento exige.

Rubio y la arquitectura del poder en Washington

Marco Rubio controlando simultáneamente la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos es un dato que México debería procesar con más atención de la que ha mostrado. No porque sea bueno o malo per se —eso es materia de debate legítimo entre los propios estadounidenses— sino porque define con quién se negocia, cómo se negocia y qué margen existe para la ambigüedad diplomática.

La relación México-Estados Unidos en los últimos años se ha sostenido sobre una arquitectura de interlocutores múltiples: Comercio, Estado, Seguridad Nacional, el representante comercial. Esa arquitectura permitía a México jugar con los tiempos, gestionar contradicciones entre agencias y encontrar espacios de maniobra. Una estructura de poder más concentrada en Washington reduce esos espacios. No los elimina, pero los reduce.

En términos económicos concretos: el T-MEC enfrenta su revisión en 2026. Las negociaciones sobre aranceles y reglas de origen en sectores automotriz, agrícola y energético se van a dar en un contexto donde la cadena de mando en Washington es más corta y más directa. Eso puede ser una ventaja si México llega con posiciones claras y sustentadas. Puede ser una desventaja catastrófica si llega improvisando, como ha llegado a varias negociaciones recientes.

El costo de perder la narrativa

Uno de los titulares de esta semana describe a Estados Unidos "perdiendo el control de la narrativa" en Oriente Medio. Es una frase que merece análisis más allá de lo comunicacional. Cuando una potencia pierde la narrativa en una crisis geopolítica, el costo no es de imagen: es de credibilidad operativa. Los mercados leen esa señal. Los socios comerciales la leen. Los adversarios también.

Para México, la narrativa importa de una manera diferente pero igualmente costosa. El gobierno de la 4T ha construido su comunicación económica sobre una lógica de triunfalismo selectivo: los datos que confirman el relato se amplifican; los que lo contradicen se minimizan o se ignoran. La inversión extranjera directa creció en algunos trimestres —se celebró como victoria estructural. La caída de la producción manufacturera en otros —se explicó como ajuste temporal. La deuda de Pemex —sigue siendo el elefante en la sala que nadie quiere cuantificar con honestidad.

Pero los mercados no leen los comunicados de prensa del gobierno. Leen los números. Y los números de la economía mexicana en este momento muestran una desaceleración real, una inversión pública que no se ejecuta con eficiencia, y una política energética que ha revertido avances de la reforma de 2013 sin reemplazarlos con nada que funcione mejor.

Lo que el momento exige y nadie está haciendo

El contexto global esta semana —Ormuz, la muerte de militares estadounidenses en Irak, la reconfiguración del poder en Washington, los avances demócratas en legislaturas estatales que complican el panorama político de Trump— no es ruido de fondo. Es el escenario en el que México va a tener que negociar su futuro económico en los próximos 18 meses.

Lo que ese contexto exige es lo que resulta más difícil para un gobierno acostumbrado a operar en modo reactivo: análisis de riesgos honesto, posiciones negociadoras construidas sobre datos reales, y la disposición a decirle al sector privado —con claridad y sin retórica— cuáles son las reglas del juego.

Ninguna de esas tres cosas está ocurriendo con la profundidad que la situación demanda. La Secretaría de Hacienda publica proyecciones que los analistas privados desafían consistentemente. La política energética sigue subordinada a la narrativa política de la autosuficiencia, aunque los números de producción de Pemex contradigan esa narrativa mes a mes. Y la relación con el sector privado oscila entre el pragmatismo instrumental y la hostilidad retórica, dependiendo del día y del tema.

El Estrecho de Ormuz no está en México. Pero lo que pase ahí sí llega a México, en el precio del diesel, en el costo de los fletes, en la decisión de un fabricante de automóviles de revisar su cadena de suministro en América del Norte. La geopolítica y la macroeconomía no son materias optativas para un gobierno que pretende gobernar con seriedad.

El problema es que reconocer eso implicaría admitir que el mundo es más complejo que el relato. Y eso, parece, es demasiado caro políticamente.

Esta columna es opinión de la autora con base en información pública disponible al cierre de edición.

Por Claudia Vargas